El despegue económico se nota también en las aspiraciones del Gobierno de Canarias para incrementar su patrimonio. Atrás quedan los años de la crisis y por primera vez desde 2012 la Comunidad Autónoma negocia la compra de un edificio. La Agencia Tributaria Canaria requiere más espacio y, por ello, el antiguo cine Royal, en Las Palmas de Gran Canaria, transformado en inmueble de oficinas y locales comerciales, se presenta como el lugar idóneo para acoger las dependencias de este organismo público. La operación aún no está cerrada y la inversión saldrá a licitación pública probablemente durante este mes. En cualquier caso, ésta no es la única actuación que baraja el Ejecutivo regional, que intensifica sus movimientos para reducir al máximo el alquiler de inmuebles, con el propósito de recortar los gastos de la Comunidad Autónoma.
Las obras en los edificios administrativos y la adquisición de edificios estaban muy limitadas y requerían un informe previo vinculante que debía ser favorable. Sin embargo, con la recuperación económica el Ejecutivo ha abierto algo más la mano.
Canarias fue una de las primeras regiones en activar desde 2011 medidas de restricción para concentrar los fondos en las partidas prioritarias de sanidad, educación y servicios sociales. Así, la compra de bienes quedó aparcada ante la orden de ahorro y contención del gasto público.
Bajo la premisa de la austeridad el Gobierno implantó en la pasada legislatura distintas medidas, entre ellas la reubicación de personal en los edificios públicos, permutas y la supresión de alquileres, renegociación a la baja de numerosos contratos de arrendamientos y donde había alquileres con opción a compra se ejecutaron y se unieron al listado de bienes propiedad de la Comunidad Autónoma.
El Gobierno no sólo sigue esta directriz marcada para el uso racional de los recursos públicos, sino que ahora la acomete "con un poco más de rapidez", afirmó el director general de Patrimonio, Arturo Cabrera.
Agencia Tributaria
Entre sus retos, el Ejecutivo pretende concentrar los edificios administrativos para facilitar a los ciudadanos cualquier gestión y "puedan desplazarse caminando hacia cualquiera de las oficinas".
En el caso de la capital grancanaria, se busca aglutinar las dependencias en el entorno donde se encuentran los edificios Múltiples I y II. En la actualidad, la Agencia Tributaria Canaria necesita ampliar su espacio, precisa entre 6.000 y 7.000 metros cuadrados de superficie útil, y el Gobierno sacará a concurso la inversión para recabar ofertas a fin de adquirir un inmueble apto por las inmediaciones. Será la primera compra como tal de un edificio en cinco años.
La comunidad de bienes Royal Business Center ha ofrecido en varias ocasiones al Ejecutivo autonómico el antiguo multicines Royal, sito en la calle León y Castillo y con la superficie que reclama la Agencia Tributaria, que hoy ocupa casi todo el Múltiples I.
Con su traslado, el ente público podría aumentar su plantilla hasta los 550 efectivos, entre funcionarios y personal laboral, tal como se había previsto cuando se creó, y mejorar en sus funciones para aumentar la recaudación y combatir el fraude fiscal.
A ello se añade la estrategia de disminuir al máximo los inmuebles en régimen de alquiler. En la legislatura anterior, con esta política el Gobierno ahorró en torno a 14 millones de euros al año en alquileres, "una cifra bastante elevada", subrayó Cabrera.
La Comunidad Autónoma desembolsa cada mes más de medio millón de euros en los alquileres de alrededor de 60 inmuebles repartidos por todas las Islas, que ofrecen servicios de diferentes consejerías, empresas públicas, organismos autónomos, oficinas de empleo y, sobre todo, juzgados.
El grueso de los arrendamientos se halla en Santa Cruz de Tenerife, debido a la dispersión de los juzgados, por los que se abonan 1,3 millones de euros anuales. Gasto que se ahorrará la Comunidad Autónoma con la construcción del Campus de la Justicia, similar a la que existe en la capital grancanaria, aunque este proyecto tardará en materializarse y su construcción se ejecutará en un plazo de ocho años.
En el proceso de deshacerse de alquileres, el Gobierno ha habilitado el cuartel de San Carlos, en Santa Cruz de Tenerife, para albergar los servicios jurídicos y de Presidencia, que abandonarán próximamente las instalaciones arrendadas en la avenida de Anaga. Las obras han durado muchos años y han pasado por múltiples vicisitudes, pero ya han culminado. La administración pagará alquiler hasta el 31 de agosto, como fija el contrato, aunque los empleados públicos se mudarán antes.
Igualmente, el Gobierno va a comprar en breve el edificio donde está ahora en alquiler la Consejería de Educación, en la avenida Tres de Mayo. Es el inmueble más grande de los que hay en Tenerife, con más personal de la administración. Por tanto, para ahorrar la renta se va a ejecutar la opción de compra.
Otra vía es la permuta, el Ejecutivo ha autorizado la de una parcela de 15.201 metros cuadrados en la Zona Franca del Puerto de Arinaga por dos edificios del Estado en La Isleta, gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Uno de ellos está actualmente ocupado en régimen de arrendamiento por el Servicio Canario de Empleo, por el que se abona una renta mensual de 6.432 euros. Y en el otro está prevista la ampliación de las instalaciones para actividades de formación. Con esta permuta, el Gobierno incrementa su patrimonio y ahorra alquiler, remarcó Cabrera, que puso en valor las medidas encaminadas a reducir costes y optimizar recursos.
