En el grupo de Podemos en el Parlamento de Canarias mantienen la confianza en que los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) terminen por tumbar la polémica modificación de la ley 6/2002 sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, la comúnmente conocida como ley de las islas verdes. Frustrado su intento de que se suspendiera la norma aprovechando el recurso de amparo presentado contra las decisiones de la Mesa del Parlamento durante la tramitación de la ley -el TC no solo ha denegado la suspensión, sino que incluso ha avanzado que ni siquiera la estimación del recurso daría lugar a tal cosa, tal como avanzó ayer este diario-, los diputados de Podemos en la Cámara autonómica confían ahora en otra de las vías abiertas contra la ley, el recurso del grupo de Unidos Podemos en el Congreso.

Desde Podemos explicaron ayer que el TC aún deberá resolver si se vulneraron los derechos de los parlamentarios en la tramitación de la ley, si bien los magistrados han dejado ya claro que ello en ningún caso implicaría la suspensión de la norma, verdadera pretensión del grupo de Podemos en la Cámara regional. Así lo deja claro el auto del TC, en que los magistrados exponen cómo "los propios recurrentes han especificado en el trámite de alegaciones que la tutela que realmente solicitan es la suspensión de la entrada en vigor de la ley, o en todo caso la suspensión de los efectos", pretensión que el tribunal no acepta y que tampoco aceptará pase lo que pase con el recurso de amparo.

Tras este primer varapalo en forma de auto, desde la fuerza política expusieron que el recurso de amparo, efectivamente, "sigue adelante", aunque el objetivo fundamental que perseguían, la suspensión, "no tiene cabida en el ámbito del recurso de amparo". En otras palabras: el TC tendrá que decidir ahora si los derechos de los siete diputados autonómicos se vulneraron o no, pero la norma no se suspenderá.

Así las cosas, los diputados de la formación morada miran ahora hacia el recurso de inconstitucionalidad que Unidos Podemos -la coalición surgida del matrimonio de su partido con Izquierda Unida- presentó a su vez contra la ley.