El proyecto de la Ley del Suelo consolida la residencia a los titulares de apartamentos en suelo turístico antes del 1 de enero de 2017, pero no podrán destinarlos a otros usos, como el alquiler vacacional. A partir de esa fecha, la norma prohíbe que se rompa el principio de la unidad explotación y quedan prohibidos los nuevos usos residenciales en parcelas turísticas.
Todas las fuerzas políticas del Parlamento apoyaron ayer esta enmienda transaccional en la ponencia que analiza el proyecto de la Ley del Suelo, para darle solución a un problema "complejo", reconocieron, como es la convivencia entre el uso residencial y la explotación turística.
El PSOE y Podemos están de acuerdo con que la nueva norma trace una línea temporal para consolidar los derechos de quienes residen en apartamentos ubicados en parcelas turísticas pero lo trasladarán a sus respectivos partidos para que avalen esta propuesta.
Compatibilizar el uso residencial con la explotación turística se ha convertido en uno de los quebraderos de cabeza del Gobierno canario y de los grupos parlamentarios que deben legislar esta situación que viene de antaño.
En cualquier caso, esta disposción de la nueva Ley del Suelo se ha de desarrollar, según la mayoría de los grupos políticos de la Cámara, en la revisión de la Ley de Renovación Turística que se acometerá en 2018.
Con esta propuesta se establece "un sistema de se consolidación del uso residencial para aquellos que ya están allí, desde antes de enero de 2017, pero no pueden producirse transmisiones de uso ni ampliaciones a nuevos usos", pues ha de ser "compatible con el respeto al principio de unidad de explotación", señala portavoz de CC, José Miguel Ruano.
En concreto, el propietario puede residir en el apartamento e incluso venderlo siempre que sea para ese uso residencial preexistente o para la actividad turística dentro de la unidad de explotación pero no para cualquier otra cuestión como el alquiler vacacional.
Además, a partir de esa fecha los apartamentos o bungalows ubicados en parcelas turísticas ya no podrán ser de uso residencial, solo turístico.
El problema se originó en San Bartolomé de Tirajana tras el decreto de 2015 que desarrollaba la Ley de Renovación y Modernización Turística de 2013 y el Plan General de Ordenación del municipio (PGO), documentos que regulan los usos turístico y residencial de los alojamientos e impiden la convivencia de ambos.
Esta situación hizo que naciera la Plataforma de Afectados por la Ley TurísticaPlataforma de Afectados por la Ley Turística. Según sus datos, en toda Canarias están afectados 70.000 propietarios. ya que son apartamentos de hace décadas que se usan como residencia y se encuentran, aparte de en el sur de Gran Canaria, en zonas como Puerto de la Cruz o Los Cristianos en Tenerife, en puerto del Carmen en Lanzarote, y distintas áreas en Corralejo, en Fuerteventura.
