La ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, la controvertida y comúnmente conocida como ley mordaza, ha dejado una recaudación por multas de once millones de euros solo en Canarias. Así lo ponen de manifiesto los datos de la Secretaría de Estado de Seguridad, cuyo informe de las sanciones desde la promulgación de la norma, que tuvo lugar el 30 de marzo de 2015 -su efectiva puesta en práctica no comenzó hasta el 1 de julio de ese año-, descubre un notable desequilibrio en el número de multas contabilizadas en las provincias de Las Palmas, donde es mucho mayor, y Santa Cruz de Tenerife.
El informe del organismo dependiente del Ministerio del Interior, que dirige Juan Ignacio Zoido, calcula que el fisco recaudó en todo el país más de 130 millones de euros, exactamente 131,5 millones, entre el 1 de julio de 2015 y el último 31 de diciembre por sanciones económicas a raíz de infracciones de la ley de seguridad ciudadana. En consecuencia, el Estado ingresó una media de 7,3 millones de euros cada mes durante los 18 primeros meses de aplicación de la polémica norma. Los agentes de Policía han impuesto al amparo de la ley mordaza hasta 285.819 multas, la mayoría de ellas por infracciones relacionadas con drogas, menoscabo de la seguridad pública y armas o explosivos, que son las tres grandes categorías delictivas que incluye el análisis del Ministerio.
Y las cifras son también dignas de consideración en la Comunidad Autónoma, donde la cantidad de sanciones económicas impuestas por conductas y actuaciones contrarias a la ley mordaza llega a 29.570, de las cuales 10.307 se extendieron en los seis primeros meses de vida de la norma -entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2015- y el resto, 19.263, el año pasado. De esas casi 30.000 multas, la friolera de 23.950 afectan a ciudadanos de la demarcación de Las Palmas, mientras que solo 5.620 se instruyeron contra residentes en las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En otras palabras: ocho de cada diez conductas delictivas que vulneran la ley de seguridad tienen lugar en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, en concreto un 81%. Este mayor número de infracciones en la demarcación oriental explica por qué la recaudación es también sensiblemente mayor en la provincia de Las Palmas.
Son exactamente 10,9 millones los que el fisco ha ingresado en el Archipiélago desde que se empezara a aplicar en las calles la norma redactada por el gabinete del Partido Popular. Hay que recordar que al margen de la controversia social que originó la medida - Human Rights Watch llegó a calificarla de "amenaza directa al derecho de reunión y a la libertad de expresión"-, esta también recibió críticas por un pretendido afán recaudatorio del Gobierno que preside Mariano Rajoy. De esos 10,9 millones de euros que han engrosado las arcas estatales tras la puesta en práctica de la ley mordaza, un total de 7,8 millones tiene su origen en la demarcación oriental, mientras que tan solo son poco menos de 3,1 millones de euros los que derivan de infracciones cometidas por ciudadanos de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Así pues, y en términos relativos, un 72% de la recaudación -72 de cada cien euros- se origina en las islas de Las Palmas, por solo un 28% que obedece a sanciones impuestas en las islas occidentales.
Andalucía es la región que encabeza esta particular clasificación tanto en número de multas como en cuantía. No en vano son más de 86.000, un 30% de los 285.819 que suman en toda España, los expedientes sancionadores abiertos contra andaluces que vulneraron la ley de seguridad, lo que ha dejado al fisco un montante que supera los 42 millones de euros. Tras Andalucía, cuya posición en este singular ranking tiene mucho que ver con el hecho de ser la autonomía más poblada, figuran las comunidades Valenciana, con casi 33.000 multas y 12,8 millones, y de Madrid, con unos 29.000 expedientes y 11,7 millones de euros. A continuación está precisamente Canarias.
La ley mordaza prevé hasta 44 conductas que, a juicio del legislador, son merecedoras de castigo. Son 17 las conductas calificadas de leves, entre ellas, por ejemplo, dirigir un puntero láser al rostro de un agente o celebrar un botellón si este "perturba gravemente la tranquilidad ciudadana". Además, otras 23 son consideradas graves, entre ellas la desobediencia o resistencia a la autoridad y "la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos". Por último, las cuatro conductas muy graves son las manifestaciones no comunicadas o prohibidas en centros donde se presten servicios básicos; la fabricación y/o manejo de explosivos o armas; la celebración de espectáculos o actividades prohibidas o suspendidas legalmente; y dirigir haces de luz a pilotos o conductores.
Cifras
- 3,6 Millones en 2015: Entre el 1 de julio de 2015, cuando se empezó a aplicar la ´ley mordaza´, y el 31 de diciembre de ese año, la recaudación por multas en las Islas ascendió a 3,6 millones de euros.
- 7,3 Millones en 2016: El año pasado, el primero completo desde la puesta en práctica de la polémica norma, el fisco recaudó por sanciones económicas en el Archipiélago un total de 7,3 millones.
