Una de cal y otra de arena. El Gobierno central acaba de conceder nuevos fondos a las comunidades autónomas a través de los Presupuestos del Estado, que acaban de superar el difícil trámite en el Congreso, pero al mismo tiempo les exige un control de sus cuentas tal que les impide disponer de todos sus ingresos. Y eso aunque tengan las cuentas saneadas y hayan cumplido con los objetivos de déficit y deuda. Es la situación en la que se encuentra Canarias, una de las cinco comunidades que han sobrepasado el techo de gasto de 2016 y a la que el Ministerio de Hacienda le exige un plan económico que garantice sus estabilidad financiera.
El departamento que dirige Cristóbal Montoro remitió el pasado día 29 a Canarias una carta, firmada por el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, en la que le daba cuenta de los resultados de los informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria marcados por el Estado para el año pasado. En ella se informaba de que Canarias es una de las regiones cumplidoras en relación con el objetivo de déficit, con un 0,33 % del PIB regional frente al 0,7 establecido para las comunidades autónomas, y que también cumplía con el de deuda pública, ya que los 6.084 millones que debe a las entidades financieras representan el 16% de la riqueza regional, frente al 16,6 que tenía aprobado.
Hasta aquí las buenas noticias. Porque la carta comunicaba también a la consejera de Hacienda de Canarias, Rosa Dávila, a la que va dirigida, que el gasto computable en el ejercicio pasado fue de 6.026 millones, es decir, un incremento del 4,2 % respecto al año anterior (5.784 millones), y por tanto supera en 2,2 puntos la tasa del 1,8 % permitida por la ley de Estabilidad Presupuestaria. El Ministerio recuerda en su misiva a la consejera que el Gobierno regional tiene un plazo de "un mes" para remitir un plan económico-financiero (PEF) donde se establezcan las medidas que va a adoptar para ajustar su presupuesto a la senda marcada, garantizar la estabilidad financiera y evitar que mantenga un gasto por encima de las expectativas de crecimiento económico.
La misma carta ha sido remitida a las demás comunidades que incumplen con el techo de gasto y lo superaron en más del tope establecido: Andalucía, Galicia, País Vasco y Murcia, aunque a ésta última se le comunicó además que también incumple el objetivo de déficit. Las cuatro restantes, incluida Canarias, son comunidades con las cuentas saneadas y cuyo crecimiento económico les ha supuesto ingresos tributarios por encima de lo previsto y les da por tanto más opción de gasto e inversión. Para este año cuentan además con ingresos extra de financiación autonómica por los 5.300 millones adicionales incorporados a los Presupuestos estatales (entregas a cuenta), de los que Canarias percibirá en torno a 200 millones, cantidad que se sumaría a los 220 por los nuevos criterios de reparto del Fondo de Competitividad al excluir de ellos los recursos del REF.
Según la literalidad de la carta, Canarias y las demás regiones incumplidoras deben remitir el informe de viabilidad de las cuentas regionales antes del próximo lunes, ya que el plazo de 30 días al que hace referencia toma como fecha de inicio el 12 de mayo, el día en que se publicó el informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Desde la Consejería canaria se coloca el plazo real otorgado en 15 días desde ayer.
Canarias niega que sobrepasara el techo de gasto establecido y al igual que Andalucía apunta a discrepancias en la metodología para contabilizar los datos entre las intervenciones autonómica y estatal. "Hemos pedido aclaraciones", aseguraba ayer la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, "no sabemos cómo se han obtenido los datos para dar o no cumplimiento a las comunidades autónomas".
Fuentes del departamento de Montoro recalcaron ayer que "los datos del informe son claros y responden a los criterios conocidos por las comunidades autónomas", negando cambios y recordando que el incumplimiento del techo de gasto obliga automáticamente a presentar un plan de viabilidad presupuestaria que debe analizar el Consejo de Política Fiscal y Financiera en la reunión que se celebrará antes de agosto.
