Canarias ha entrado en el punto de mira del Ministerio de Hacienda y Función Pública. La comunidad más cumplidora con los objetivos de déficit (0,33%) y deuda (16%) de los últimos años, la región que se mostraba como ejemplo de rigor presupuestario y que mejor asumía y aplicaba los principios de consolidación fiscal que se implantaron durante la crisis, ha empezado a sembrar dudas. Sigue manteniendo los elementos básicos de unas cuentas saneadas, pero a las primeras de cambio hacia un nuevo ciclo económico alcista ha caído en la trampa de saltarse la regla de gasto, es decir, ir disponiendo de los fondos que le iban entrando por encima del potencial de su economía. Y ello, sin tener en cuenta que sobrepasaba el límite impuesto por el Estado basándose en la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012. Un pecado imperdonable para el rigorista equipo del ministro del ramo, Cristóbal Montoro.
La consecuencia del incumplimiento de esta variable de las finanzas públicas es que el Gobierno de Canarias estaría abocado a recortar de los presupuestos regionales de este año los 242 millones de más que se gastó en 2016 respecto al ejercicio pasado (6.026 millones, frente a 5.784), según los cálculos de la Intervención General del Estado recogidos en el informe de cumplimiento de la regla de gasto elaborado por el Ministerio.
Este incumplimiento, notificado hace unos días por carta a la consejera canaria de Hacienda, Rosa Dávila, obliga por norma a la Comunidad Autónoma a presentar un informe económico y financiero (PEF) en el que se detallen las medidas que se aplicarán para garantizar la estabilidad presupuestaria en el futuro. El plazo dado para ello es de apenas 15 días. De lo contrario, Canarias se arriesga a medidas "correctivas o coercitivas" como sanciones, multas o incluso a ser intervenida.
Fuentes del Ministerio recuerdan que cualquier plan de viabilidad financiera basado en los criterios de la ley de Estabilidad Presupuestaria debe incluir una previsión de "inmovilización de recursos" similar a la cantidad en que se sobrepasó el gasto el año anterior. Es decir, 242 millones. Es una situación novedosa ya que hasta la fecha todos los planes de estabilidad impuestos a las comunidades autónomas han sido por incumplimiento del déficit público o de deuda.
Sin embargo, cuatro de las cinco regiones que se saltaron la regla de gasto en 2016 cumplen con los objetivos de déficit y deuda, y su pecado a ojos del Ministerio no es gastar más de lo que ingresan, sino gastar todo lo que ingresan aunque con ello sobrepasen el límite establecido, el 1,8 % respecto al año anterior. En esta situación se encuentran además de Canarias (4,2 % de desfase respecto al 2015), Andalucía (5,3 %), Galicia (5,%) y País Vasco (3,8%). Murcia (2,6%) también se encuentra en el grupo pero su problema real es que sigue teniendo un déficit del 1,62 %.
Aprovechar la liquidez
Los gobiernos autonómicos incumplidores con la regla de gasto lo que pretenden es aprovechar su actual liquidez por el notable crecimiento de los ingresos tributarios y transferencias del Estado para insuflar recursos con los que mejorar los servicios públicos que prestan.
El Ministerio les exige, por el contrario, que mantengan esos recursos extras inmovilizados y que entren en superávit para garantizar la estabilidad presupuestaria en el futuro. Una premisa de la que reniegan las comunidades afectadas. Primero porque niegan que hayan incumplido la ley y gastaran de más como asegura la Intervención del Estado y, segundo, porque tras años de recortes por el control del déficit, no pueden mantener ahora los ingresos en los bancos sin tratar de mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales que tanto han sufrido durante la crisis.
Por el momento, Canarias insiste en que aún se está hablando con el Ministerio para que aclare en qué medida ha sobrepasado el límite de gasto establecido dado que la Comunidad fija en apenas un 1,5 % ese desfase. Descarta por ello la necesidad de aplicar recortes u otras medidas como el cierre prematuro del presupuesto actual.
El único caso notorio conocido hasta ahora de exigencia de un PEF por incumplimiento de la regla de gasto es el que ha afectado al Ayuntamiento de Madrid y que ha provocado un duro enfrentamiento entre el consistorio liderado por Manuela Carmena y el departamento de Montoro. Tras meses de negociaciones, finalmente el consistorio de la capital aprobó el pasado 31 de mayo cumplir con las exigencias del Ministerio de inmovilizar 238 millones del presupuesto de este año por superar en 233 millones el tope establecido para 2015. Carmena, con argumentos similares a los que ha utilizado la consejera canaria de Hacienda, ha acusado al Ministerio de obligar al Ayuntamiento a retener sus "ahorrillos" pese a tener unas cuentas saneadas.
Para evitar inmovilizar ese dinero Madrid intentó presentar un plan de viabilidad que en lugar de proponer recortes planteara una interpretación alternativa de la regla de gasto, pero fue rechazada por Montoro. Finalmente optó por recurrir ante los tribunales la resolución del Ministerio alegando "indefensión jurídica".
El PEF que en su caso esté obligada a presentar Canarias deberá contener información sobre las causas del incumplimiento de la regla de gasto; las previsiones de ingresos y gastos bajo el supuesto de que no habrá cambios en las políticas fiscales y de gastos; la descripción, cuantificación y calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán; y las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan.
