Las cartas están sobre la mesa pero la partida está por jugarse. Canarias sabe que ha sido amonestada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública por superar en 242 millones el gasto computable en el ejercicio 2016 respecto al año anterior, y conminada a presentar de inmediato un plan económico-financiero (PEF) que garantice su estabilidad presupuestaria en el futuro. Pero cree tener en sus manos suficientes hechos y argumentos como para que ese paso, obligado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, no le suponga tener que aplicar el correspondiente recorte en las cuentas regionales de este año, tal como inicialmente le correspondería por incumplir la regla de gasto aprobada por el Estado.
La consejera de Hacienda de Canarias, Rosa Dávila, salió ayer al paso de las exigencias anunciadas por el equipo del ministro responsable, Cristóbal Montoro, para que Canarias aplique este año el ajuste derivado de su incumplimiento, y aseguró rotunda que "no solo no habrá recortes", sino que las cuentas regionales se verán "suplementadas" por los 220 millones que la comunidad recibirá en concepto de financiación autonómica extra contemplada en los Presupuestos del Estado que se están tramitando en las Cortes. A este fin, anunció, el Gobierno aprobará un crédito extraordinario que será tramitado en el Parlamento de Canarias en julio.
Dávila aclaró que la cifra de ajuste que el Ministerio le reclama a Canarias por el incumplimiento de la regla de gasto es de 138 millones, es decir, la diferencia entre el 1,8 % en que Canarias estaba autorizada a superar el gasto del 2015, y el 4,2 % en que, según el Estado, finalmente lo ha hecho. De esta forma, la cantidad teórica que la Comunidad Autónoma tendría que recortar es 104 millones menos de los 242 calculados por la diferencia entre ambos ejercicios. Pero es que, además, Dávila considera que hay varios factores más que deberían librar al Ejecutivo regional de los recortes.
Discrepancias con las cuentas
Por una lado, la consejera señala serias discrepancias con el Estado en la metodología de cálculo de la regla de gasto. La interpretación que hacen Canarias y Madrid es bien distinta. El Ejecutivo regional no niega que exista un desfase pero en ningún caso es de 138 millones. "Estamos discutiendo las cifras", afirma Dávila, quien considera que "técnicamente el cálculo es complejo y ni siquiera el Ministerio tiene una metodología clara", tal como recuerda que ha denunciado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en distintas ocasiones. "De haber seguido la metodología que nos han puesto sobre la mesa ahora, en el mes de abril, Canarias, una comunidad infrafinanciada en sus servicios públicos, habría cerrado en superávit. Para la ciudadanía sería inexplicable que haya recursos, más dinero y no se aplique en gastos para mejorar esos servicios", incide la consejera.
En segundo lugar, Dávila apela al crecimiento previsto de la economía isleña este año como elemento que debe servir para convencer a Montoro de la capacidad de la Comunidad Autónoma para asumir un plan de estabilidad presupuestaria sin necesidad de hacer recortes.
A ese argumento se sumó ayer el Centro de Predicción Económica (Ceprede) que avanzó una previsión de crecimiento para las Islas este año del 3,1 %, mayor del 2,6% anunciado inicialmente. Es decir, el crecimiento del PIB del 2017, sobre el que finalmente se calcula el techo de gasto, será más alto del esperado.
Junto a ello, el hecho de que los presupuestos regionales de este año estén elaborados todavía con una regla de gasto del 1,8 % y no con el 2,1% que luego se permitió tras un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en diciembre, da mucho más margen para asumir ese incremento del gasto del año pasado sin necesidad de hacer ajustes en el actual, según la consejera. "Esto es una liquidación del 2016, donde la regla de gasto era del 1,8, pero teniendo en cuenta el crecimiento de Canarias previsto para el 2017 y la nueva tasas de referencia, del 2,1 %, no tiene porqué haber ningún tipo de ajuste", recalcó la consejera.
Algunos de estos mismos argumentos, sin embargo, ya han sido rechazados por Montoro en otros casos de incumplimiento de la regla de gasto. Ha sido, en esencia, lo que le ha pasado al Ayuntamiento de Madrid, que presentó un PEF con una interpretación y cálculo de la regla de gasto diferentes a lo realizado por el Estado y fue rechazado por el Ministerio. Finalmente, la corporación madrileña ha tenido que presentar otro plan que contempla una inmovilización de recursos para este año de 238 millones, cinco más de los 235 en que superó el gasto en 2016 respecto al ejercicio anterior.
A partir de aquí, la consejera, tras asegurar disponer de "absoluta tranquilidad respecto al emplazamiento del Ministerio", se lanzó ayer a reclamar más flexibilidad en la gestión de los recursos para una comunidad, como la Canaria, "mal financiada" y sin embargo la más cumplidora con los objetivos de estabilidad.
Dávila cuestiona que en el nuevo contexto de crecimiento económico se mantenga un parámetro que "tenía sentido" para el periodo de crisis, y en todo caso reclama tasas de variación distintas e individualizadas para cada una de las comunidades autónomas en función del estado de sus cuentas. "¿Qué pretende el Ministerio, que Canarias tenga superávit y no empleemos los recursos públicos y los ingresos en los canarios?, ¿para que lo pueda aplicar quién, los catalanes? No", afirmó rotunda la consejera.
"Vamos a discutir con Hacienda el cálculo , técnicamente, pero políticamente queremos lanzar un mensaje de tranquilidad porque no va a haber recortes", asevera Dávila.
