Llegó la hora de la verdad. Las fuerzas políticas presentes en el Parlamento de Canarias tienen la oportunidad de modificar el sistema electoral. Todas las siglas se han comprometido a que en los comicios de 2019 los ciudadanos acudirán a las urnas con nuevas reglas democráticas. Toca demostrar que la voluntad de llegar a acuerdo es real, pero en el punto de partida cada grupo parlamentario se atrinchera en sus posiciones. Cada uno defiende su modelo y la capacidad de renuncia aún no entra en sus planes, aunque son conscientes de que para avanzar todos tendrán que ceder en algo. La negociación será muy complicada y en sus manos está que la reforma del modelo electoral en vigor, injusto y desproporcional, no quede en meros retoques estéticos.
Hace más de un año que se constituyó una comisión de estudio en la Cámara para revisar la fórmula de acceso al hemiciclo y la distribución de escaños y desde entonces expertos, partidos sin representación parlamentaria y el foro cívico Demócratas para el Cambio han propuesto soluciones para corregir el sistema. El 8 de mayo concluyeron los trabajos de esta comisión y el 1 de junio tuvo lugar la primera reunión de la ponencia constituida para analizar todas las sugerencias, extraer conclusiones y, en función de los acuerdos que se logren, elevar un dictamen al pleno del Parlamento.
En su primera toma de contacto hubo trifulca y pocos puntos de encuentro. Los grupos se limitaron a admitir dos documentos de trabajo: uno aportado por los servicios jurídicos de la Cámara, que compila todo lo expuesto en la comisión; y otro de Demócratas para el Cambio que resume los planteamientos de los expertos y ofrece una hoja de ruta clara para no desviarse del objetivo: cambiar el sistema electoral.
Este martes se celebrará la segunda ponencia, que decidirá si acepta el camino recomendado por la plataforma ciudadana, cuyo informe recoge "escalones de compromiso" hasta llegar a un acuerdo final. No obstante, esta organización señala que no es necesario que los grupos pacten todos los puntos, sino que bastaría con cerrar un documento básico que después se discuta con más detalle en el pleno.
De momento, los partidos no manejan ningún calendario de trabajo ni se fijan plazos. Se ha habilitado el mes de julio para acelerar el proceso, pero reconocen que las posturas están muy enconadas y auguran que no será hasta diciembre o enero cuando llegue una propuesta concreta a la Cámara.
A priori, tres son los principios generales en los que hay consenso y donde se asienta un acuerdo de mínimos: reducir las barreras electorales (30% insular y 6% autonómica), mejorar la proporcionalidad del sistema y que la nueva norma debe estar en vigor en las elecciones de 2019. Cómo llevar a la práctica estos cambios es lo que enfrenta a las distintas siglas. Cada partido tiene su paradigma de reforma electoral, pero todos prometen intentar limar asperezas durante la negociación para que salga de la ponencia un dictamen apoyado al menos por la mayoría de los grupos.
Mucho diálogo
Hará falta "mucho diálogo y altura de miras para configurar Canarias y eso pasa porque todas las Islas tengan representación en el Parlamento, no unas en detrimento de otras", aseguró la diputada Migdalia Machín, de CC-PNC, que defendió la fórmula de la triple paridad como factor que "ha servido para el desarrollo de todas las Islas" y para garantizar la representación de las periféricas. Precisamente este mecanismo es el principal punto de discordia entre quienes exigen su supresión y quienes la ven inamovible, Coalición Canaria y la Agrupación Socialista Gomera (ASG).
En cualquier caso, "si hay otra fórmula mejor tendremos que ceder para buscar un mejor modelo, pero tenemos que tener en cuenta nuestras condiciones como Archipiélago, con islas desigualmente pobladas", añadió la diputada. Sin embargo, para el líder de ASG, Casimiro Curbelo, "se ha demostrado que la triple paridad funciona bien y ha servido para equilibrar el desarrollo de islas que tienen poca población". "Vamos a resolver los problemas de la distorsión que crean las barreras electorales y, si no hay acuerdo, mantengamos la triple paridad durante un tiempo", afirmó el presidente del Cabildo gomero, que entiende que en este instante "no se da un clima de renuncia para llegar a puntos de encuentro". "Sería ideal un acercamiento, pero ahora eso es una utopía", confesó.
Mientras, el PSOE acusó a CC de tratar de "dilatar innecesariamente el ritmo de trabajo". "Lo hizo con la comisión de estudio y ahora con la ponencia, donde parece que no se quieren dar pasos firmes", protestó el portavoz, Iñaki Lavandera, que se quejó también de "la indefinición absoluta del PP". El PSOE intentará mejorar su labor de pedagogía sobre las ventajas de la lista regional como "elemento de mejora de la proporcionalidad y la cohesión política en las Islas". Si bien, tal opción no convence a los otros partidos, que creen que ésta no es la solución al conflicto de fondo.
Los socialistas estarían dispuestos a aceptar que aumente el tamaño del Parlamento de 60 a 70 diputados e incluso ven conveniente que suba a 71 escaños para evitar empate en votaciones.
Otro aspecto en el que la mayoría coincide es en que se tendrá que compensar a Fuerteventura con un parlamentario más y pasar de siete a ocho, como tiene La Palma, ya que la isla majorera tiene más población. "Este punto es indiscutible", aseveró la diputada del PP, Águeda Montelongo. Los populares abogan por reducir los umbrales electorales y que Gran Canaria y Tenerife "tengan un refuerzo en proporcionalidad más justo". Montelongo espera que todos los grupos sean capaces de "tener la flexibilidad suficiente para llegar a un documento de mínimos con el que poder trabajar".
Aunque hay apartados en los que todos están de acuerdo, como la rebaja de las barreras y crear un sistema más proporcional, "el problema está en cómo llevarlo a cabo", manifestó Noemí Santana, de Podemos, que augura que "no se va a aprobar una reforma profunda que cambie de verdad el sistema desde su raíz", pero sí confía en que se darán "pequeños pasos para ir haciendo un sistema más igualitario, justo y democrático". "Intentaremos llegar a entendimiento, pero no permitiremos que la reforma sea una tomadura de pelo que se quede sólo en bajar los topes electorales", añadió.
Luis Campos, de Nueva Canarias, considera que "ya hay que pasar de las palabras a los hechos". Su partido está dispuesto a ceder en pro del "mayor consenso posible", con el fin de que Canarias se dote de un legislación electoral, que vaya más allá de la disposición transitoria del Estatuto de Autonomía, que dura más de 35 años.
Todos los partidos apuestan por resolver este asunto en el seno el Parlamento de Canarias y que se refrende en paralelo a través de la revisión estatutaria en Madrid.
