Nueva Canarias fracasó ayer en su intento de extender la investigación sobre los cobros irregulares a usuarios de la residencia de mayores de Agüimes al resto de centros del Archipiélago. Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Agrupación Socialista Gomera (ASG) rechazaron ayer la propuesta de PSOE, Podemos y NC de que la Audiencia de Cuentas fiscalice los convenios para concertar plazas de residencias de mayores en seis islas.
La solicitud era para que la Audiencia realizase un informe de fiscalización económica y financiera y la ejecución de los convenios suscritos entre el Gobierno de Canarias y los cabildos de Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro para la concertación de plazas de residencias de mayores en los ejercicios 2014, 2015 y 2016.
La iniciativa de NC se produce a raíz del escándalo de los cobros irregulares a más de una docena de ancianos de la residencia de Agüimes, a los que el Ayuntamiento cobraba, al menos desde 2013, el importe íntegro del servicio pese a ocupar una plaza subvencionada por el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno regional a través del convenio de Dependencia.
La diputada de Nueva Canarias (NC) Esther González recordó que el 21 de abril pasado, en la anterior comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento regional, se aprobó esta misma propuesta, a petición del PP, pero solo para el Cabildo de Gran Canaria.
Para el portavoz del PSOE, Iñaki Lavandera, carece de sentido fiscalizar el convenio de un Cabildo y no los firmados por las otras seis corporaciones insulares, cuando se trata de una cuestión tan "sensible", informó Efe. Mientras, Melodie Mendoza, de ASG, consideró que la solicitud no era un acierto y afirmó que tras la misma hay un interés político, para recordar que se aprobó la iniciativa relativa a Gran Canaria porque había denuncias de posibles irregularidades en Agüimes. Mendoza apuntó la posibilidad de que la solicitud presentada por PSOE, Podemos y NC se deba al hecho de que estos tres partidos comparten responsabilidades en el Cabildo grancanario.
Por su parte, tanto el PP como el grupo Nacionalista (CC-PNC) alegaron que la solicitud carecía de motivación.
