El Gobierno de Canarias destinará una partida adicional de 50 millones de euros para reducir las listas de espera sanitarias. Una suma que permitirá aligerar en 3.000 personas la nómina de ciudadanos que aguardan a recibir atención médica en el Archipiélago. Este es uno de los principales objetivos que el Ejecutivo pretende alcanzar con la inyección de 340 millones para Sanidad, Educación y Políticas Sociales que el Consejo de Gobierno aprobará en su reunión del próximo 3 de julio y que también ayudará a habilitar 4.000 nuevas plazas en residencias de mayores y promover la educación bilingüe. Fue el propio jefe del Gabinete autonómico, Fernando Clavijo, quien ayer anunció este ambicioso incremento presupuestario, que es fruto tanto de los recursos extras que los partidos nacionalistas de las Islas arañaron en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como del mejor comportamiento de la economía de la Comunidad Autónoma, lo que ha traído consigo un aumento de la recaudación tributaria.
Dos datos sirven para hacerse una idea de la magnitud de la ley de crédito extraordinario y suplemento de crédito que ya está ultimando la Consejería de Hacienda: por un lado, esos 340 millones de euros suponen un 5% del presupuesto inicial de la Administración canaria para el actual ejercicio; por otro, y en definitiva, "se trata de la mayor ley de crédito extraordinario de toda la historia de la autonomía", subrayó Clavijo, quien adelantó las principales cifras de esta inyección de fondos públicos precisamente junto a la responsable del área de Hacienda, Rosa Dávila. El presidente del Gobierno del Archipiélago hizo hincapié en que hasta 217 millones de esos 340 son el resultado de haber conseguido desvincular el Régimen Económico y Fiscal (REF) del sistema de financiación autonómica -un logro de Coalición Canaria en el marco de la negociación de la llamada agenda canaria- y el resto, 123 millones, deriva de ese "buen funcionamiento" de la economía de las Islas, "lo cual nos está permitiendo que las transferencias del Estado y la recaudación sean superiores".
El nacionalista avanzó que esa aportación extraordinaria a los ingresos de la Administración autonómica se dividirá en cuatro partidas fundamentales, las cuatro orientadas hacia la recuperación del "confort" propio del estado de bienestar, "prioridad absoluta" de su gabinete, enfatizó Clavijo, tras los duros años de crisis, en los que los servicios públicos "se resintieron". Así, 40 millones de euros servirán para sufragar el incremento de un 1% de la retribución de los empleados públicos; 50 millones se destinarán para Educación; 95 millones, para Políticas Sociales; y la mayor cuantía, la friolera de 155 millones de euros, para Sanidad. "Ha sido una decisión del Gobierno que la totalidad de la ley de crédito extraordinario, es decir, todo el margen que teníamos, fuese destinado a servicios públicos esenciales", puntualizó Dávila.
Aunque los departamentos que recibirán estos dineros han de redactar ahora una propuesta de gasto pormenorizada, el presidente adelantó los grandes números de la hoja de ruta que se pondrá en práctica con los nuevos recursos. Un plan en el que la reducción de las listas de espera, uno de los asuntos que más críticas le viene deparando al consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, cuenta con atención preferente. No en vano, de los 155 millones que acabarán en las arcas de la consejería de Baltar, alrededor de una tercera parte, unos 50 millones, "reforzarán" los programas para combatir las listas de espera. "Vamos a insistir en dos aspectos: en posibilitar las aperturas de más quirófanos y que tengamos más espacio físico para desarrollar la actividad sanitaria y en incrementar las horas de trabajo de los grandísimos profesionales que tenemos, con lo cual vamos a aumentar las jornadas, tardes, fines de semana...", expuso Clavijo. El objetivo "claro", agregó, es "cumplir el compromiso adquirido en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad", esto es, que las listas de espera se reduzcan entre un 5 y un 10% hacia finales de año. En términos cuantitativos, esto implica sacar de las listas a unas 3.000 personas, entre 2.500 (5%) y 3.500 (10%), según informaron ayer desde la Consejería de Sanidad.
Además, los restantes 105 millones se gastarán en el pago de la factura farmacéutica, que crecerá en consonancia con la actividad sanitaria -"recetar más lleva aparajedo mayor gasto farmacéutico", dijo Clavijo- y en la ejecución de obras y la adquisición de nuevo equipamiento, "lo que va a permitir incrementar la productividad de los trabajadores de la sanidad".
En cuanto a los 95 millones que se emplearán en el área de Políticas Sociales, que dirige la también nacionalista Cristina Valido, el montante permitirá poner en marcha el segundo Plan de infraestructuras sociosanitarias, una de las "obsesiones" de Valido desde que sustituyera en el cargo a la socialista Patricia Hernández el último diciembre, tal como reconocieron ayer desde la consejería. De la mano de los cabildos, que son los que presentan los planes de construcción de nuevas residencias o de rehabilitación o mejora de infraestructuras ya existentes, esta inyección adicional de fondos hará posible habilitar 4.000 plazas en instalaciones sociosanitarias para la atención de personas dependientes, fundamentalmente en centros de mayores. "Si no ponemos ahora los recursos, no podremos dar respuesta cuando se agrave el envejecimiento de la población", apuntó Fernando Clavijo. Desde la consejería informaron de que esas 4.000 plazas se distribuirán entre todas las islas.
Al margen de este impulso al plan de infraestructuras, la consejería de Valido recibirá fondos también para la Prestación Canaria de Inserción (PCI) -de la que se pueden beneficiar más colectivos tras la reciente modificación del reglamento, lo que aumentará el gasto- y para saldar las deudas con las personas que aún esperan cobrar las ayudas por los programas de hipoteca joven y de alquiler de vivienda usada. Por último, habrá también una partida, aún por definir, para la lucha contra la violencia machista.
En lo tocante a Educación, los 50 millones adicionales de los que dispondrá el departamento que dirige Soledad Monzón contribuirán al desarrollo del plan de formación docente para la educación bilingüe, uno de los objetivos que Clavijo enumeró en su investidura. Además, se reforzarán los equipos de orientación educativa, psicopedagogía y de ayuda a los alumnos con necesidades específicas y se empezarán a aplicar las primeras medidas del plan de prevención de la violencia infantil y juvenil, amén de ejecutar obras en infraestructuras -colegios, institutos...- y de apuntalar el programa Enlaza de Formación Profesional.
Dávila explicó que el ministro Cristóbal Montoro le había avanzado el miércoles que los PGE se aprobarán seguramente la próxima semana, con lo que el Consejo de Gobierno podría dar vía libre al anteproyecto de ley de suplemento de crédito en su reunión del 3 de julio, ya que es necesario que antes salgan definitivamente adelante las cuentas estatales. La ley se tramitará de urgencia y luego llegará, aún en julio, al Parlamento, donde se negociará y sancionará.
