El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha garantizado este miércoles en el pleno del Parlamento que "la gestión urbanística en Canarias será más transparente, más democrática y más segura jurídicamente con la Ley del Suelo", que se aprueba esta tarde con el apoyo de solo 33 votos de los sesenta de la Cámara, de CC, PP y la Agrupación Socialista Gomera (ASG). La norma tendrá el rechazo del PSOE, Nueva Canarias (NC) y Podemos.

El presidente contestaba así a una pregunta en la sesión plenaria del portavoz de NC, Román Rodríguez, sobre si esta ley va a acabar con la corrupción. Rodríguez criticó que el presidente vinculara en unas manifestaciones anteriores la corrupción a saltarse las leyes urbanísticas que rigen en Canarias y lo invitó a reflexionar sobre estas palabras. "La culpa de la corrupción la tienen los corruptos" dijo Román Rodríguez.

El portavoz de NC afirmó que la Ley del Suelo no es para los ciudadanos de a pie sino para los poderosos. "Si no pone límites de velocidad no habrá multas por ir rápido y esto es lo que hace su ley", al ser "flexible y discrecional" en materia urbanística, aseveró.

Clavijo respondió culpando a Román Rodríguez, en su etapa de presidente del Gobierno (1999-2003), de ser "el padre de todo este lío urbanístico". En esa época se aprobó la moratoria turística. "No es para sentirse orgulloso sino para pedir disculpas por este lío", espetó el presidente al portavoz de NC. "No puede ser que proyectos de más de 10 años no salgan, que los municipios no puedan actualizar su planeamientos, que no sea posible sacar ningún proyecto de interés o que la Cotmac apruebe planeamientos que son tumbados sistemáticamente en los tribunales una y otra vez", enfatizó Clavijo.

Se mostró convencido de que "el sistema no es el adecuado" y que la Ley del Suelo "va a poner claridad, luz y transparencia", e hizo referencia a que resuelve los problemas de los agricultores a la hora de renovar sus infraestructuras o legalizar las explotaciones ganaderas. "Esta ley va a resolver los problemas de ciudadanos concretos porque los que son poderosos son los que nunca tienen ningún tipo de problema, pues pueden pagar los grandes despachos y todo el mundo sabe a qué despacho hay que ir cuando se quiere sacar un proyecto en esta tierra; y eso lo ha propiciado usted entre otros", aseguró Clavijo señalando a Rodríguez.

Previo a esta rifirrafe en el hemiciclo del salón de plenos, la Plataforma Canarias por un territorio sostenible, de la que forman parte los tres grupos políticos que se oponen a la norma, además de sindicatos, colegios profesionales u organismos como la Fundación César Manrique, anunció que va a promover un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo, y la denunciará además en la Comisión Europea ante la Dirección General de Medio Ambiente y en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo.

Esta plataforma, junto a los representantes del PSOE, NC y Podemos, escenificó esta mañana antes de comenzar el pleno a las doce del mediodía en las puertas de la Cámara el rechazo a la Ley del Suelo.

"Es la primera vez en la historia de la autonomía de Canarias, en la democracia, que se aprueba una ley de ordenación del territorio rompiendo la tradición de unanimidad", señaló el portavoz de la plataforma, el representante sindical de CC OO, Antonio Pérez.

Condenó que solo una parte del Parlamento, CC, PP y ASG, con 33 votos de los sesenta y que representan a 67.000 ciudadanos menos que los tres grupos que rechazan la norma, impidan el consenso ciudadano "sobre una ley fundamental que estructura la actividad económica y social del Archipiélago y, por lo tanto, debería contar con la inmensa mayoría del Parlamento y la unanimidad".

"Esta ruptura de la tradición pone a unos canarios enfrente de otros", asegura, y "pone a los especuladores en contra de los intereses de la inmensa mayoría de los ciudadanos".

Además, Pérez subraya que aunque se apruebe la ley su rechazo tiene un largo recorrido, no solo ante los tribunales y en Europa, sino que si en las elecciones de 2019 se produce un cambio en la mayoría parlamentaria se modificará la norma con el consenso de los ciudadanos.

Fernando Gómez Aguilera, director de la Fundación César Manrique en Lanzarote, miembro de la plataforma, tildó la nueva norma como "la ley de la fractura, que nace con pies de barro y que va a inaugurar un ciclo en el que la ley del casino urbanístico va a empezar a funcionar a partir de hoy, una ley de barra libre, que va a tener sus efectos de manera inmediata". Concluyó con una reflexión para sintetizar la ley: "Es una ley sin alma canaria, con corazón de euro".