Canarias recibió el año pasado un total de 705 inmigrantes irregulares procedentes de las costas africanas. Hace poco más de diez años, en la famosa crisis de los cayucos de 2006, el número de personas que arribaron a las Islas por vía marítima buscando una oportunidad y un horizonte en Europa fue de casi 31.700. Muchas más perdieron la vida en el mar de camino a la tierra prometida, en algún punto del océano entre las islas orientales del Archipiélago, a donde llegaban la mayoría de las embarcaciones, y las costas de Senegal, Mauritania o Marruecos, desde donde partían. Entre una cifra y otra, entre un momento y otro, media una gran operación de los sucesivos gobiernos españoles desde entonces en el ámbito diplomáticos, de cooperación y, sobre todo, de financiación de la vigilancia fronteriza en los países de origen de esa inmigración irregular que le ha costado a las arcas del Estado cerca de 170 millones.
Esta es al menos la cifra que ofrece el actual Ejecutivo para valorar las operaciones que se pusieron en marcha a partir de aquella crisis humanitaria que marcó un antes y un después en la política de lucha contra la inmigración irregular en España. La cifra la menciona la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes en su respuesta a una pregunta escrita del senador de EH Bildu, Jon Iñarritu. En ella se detalla algunos datos sobre el coste de la operaciones que se han llevado a cabo para frenar la llegada de cayucos a Canarias, y aunque sólo menciona los casos de dos países concretos, el de Senegal y Mauritania, se trata de los puntos de origen de las dos rutas principales del tráfico de cayucos durante los años más activos de la inmigración irregular.
Para poner fin a aquella oleada, el entonces gobierno del socialista Rodríguez Zapatero, puso en marcha un plan de negociación con los países de origen para tratar de reforzar el control fronterizo interno. No solo se forjaron equipos policiales y marítimos mixtos para coordinar las políticas de vigilancia, sino que se suscribieron programas de cooperación que vinculaba el envió de fondos de cooperación desde España a que los países beneficiarios se comprometieran a vigilar las fronteras e impedir la salida de embarcaciones ilegales hacia Canarias.
El entonces ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y la vicepresidenta del Gobierno de Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, lideraron una operación, tras las consultas y acuerdos pertinentes con el Gobierno de Canarias, que presidieron primero Adán Martín y luego Paulino Rivero, que ha dado sus frutos y que de facto es referencia en las políticas que pretende llevar a cabo la UE en relación con el tema migratorio.
La respuesta del actual Gobierno al senador aberzale indica que, si antes de la crisis de los cayucos España destinaba menos de 500.000 euros a Mauritania y Senegal en concepto de ayuda al desarrollo, a partir de ese momento esa ayuda se multiplicó. Los gobiernos de esos dos países han recibido, respectivamente, entre 10 y 15 millones anuales en el primer caso, y entre cinco y 10 en el segundo para el control fronterizo interno y para evitar la partida de cayucos en programas de cooperación al desarrollo.
Ayuda condicionada
El año de mayor aportación a Mauritania fue el 2011, con 17,44 millones, siendo también muy importante la de 2009, con 15,49 millones. En los cinco últimos años han rondado los 11 millones. En el caso de Senegal, la principal aportación se hizo en el 2009, de prácticamente 10 millones, siendo la de 2008 de 8,29 millones y de 5,29 la última conocida, la del año pasado. En ambos casos se han vinculado estos fondos al éxito del objetivo inicial del operativo policial y diplomático español, es decir, la contención de la inmigración irregular desde esos puntos hacia el Archipiélago canario. Esta misma estrategia está tratando de aplicar la UE, hasta ahora sin mucho éxito, con algunos de los países africanos para tratar de frenar la inmigración irregular en el Mediterráneo, donde las tragedias con miles de muertos o desaparecidos se suceden desde hace años.
Además de los programas de cooperación con Senegal, Mauritania, y otros países de origen del África Occidental Subsahariana, España mantiene un basto programa de cooperación con Marruecos que incluye asimismo una compensación por el trabajo de control de fronteras que lleva a cabo el gobierno de ese país. Aunque no hay cifras oficiales sobre el montante de esta cooperación, el Ejecutivo de Rabat cifra en 250 millones al año lo que le cuesta la vigilancia fronteriza y la atención a los inmigrantes subsaharianos que permanecen en ese país, la mayoría en espera de poder pasar a España a través de Ceuta o Melilla, o en patera hacia Canarias desde la costa occidental marroquí. A todas estas cantidades habría que añadir el coste del mantenimiento de los operativos de Frontex en la zona, que en todo caso son financiados por la UE.
El objeto de la pregunta del senador vasco no era conocer el coste de la campaña para frenar la llegada de cayucos a Canarias, sino las razones por las que estas operaciones no han sido fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, entidad que criticó esta deficiencia en un informe de 2015. El Gobierno central señala al respecto que estas ayudas no se financian con cargo a los fondos reservados sino a partidas sujetas a fiscalización previa y auditadas con posterioridad.
El ministerio del Interior cifra en los últimos cinco años 2.475 el número de inmigrantes irregulares que han alcanzado las costas canarias por vía marítima, de ellos 2.325 a la provincia de Las Palmas y 150 a la de Santa Cruz de Tenerife. Pese a la diferencia respecto a la crisis de los cayucos, llama la atención la evolución, pasando de los 173 del 2012 a los 705 del año pasado. El total de personas sin papeles que han llegado a España en el último lustro es de 57.218, con un importante incremento desde los 6.140 casos del 2012 a los 16.851 en 2015, aunque el año pasado remitió hasta los 14.558.
