Vladimir Kokorev hace valer su maltrecha salud para solicitar su salida del centro penitenciario de Juan Grande, en el sur de Gran Canaria, donde permanece desde hace casi 20 meses en prisión preventiva, al igual que su esposa Yulia Maleeva y su hijo Igor. Los tres miembros de esta familia hispano-rusa están en la cárcel acusados de actuar supuestamente como testaferros del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebró este jueves dos vistas para resolver sendos recursos de apelación interpuestos por las defensas del matrimonio contra el auto dictado el 9 de mayo por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de la capital, Ana Isabel de Vega, que desestimó la libertad provisional de los Kokorev y ratificó su auto de prisión del 23 de noviembre de 2015. Si bien los investigados ya llevaban recluidos desde finales de octubre de ese año, tras ser detenidos por la Interpol en Panamá y extraditados a España.
En su escrito, la juez instructora aprecia "indicios racionales de criminalidad" y considera que persisten las razones que motivaron la orden de prisión por un presunto delito de blanqueo de capitales y el riesgo de fuga. Para la magistrada, que levantó el secreto de las actuaciones el pasado 23 de febrero, resulta innegable la relevancia de la gravedad del delito y "a mayor gravedad más intensa cabe presumir la tentación de la huida".
Medida excepcional
Sin embargo, los representantes legales de los Kokorev no ven argumentos suficientes para mantener la prisión preventiva, una medida de aplicación excepcional, y cuestionan que en su auto la juez no aporta nuevas justificaciones de esta decisión, a pesar de los dos años de instrucción transcurridos.
Igualmente, señalan que el auto recurrido no tiene en cuenta "circunstancias favorables", pues los Kokorev llevan ya cerca de 20 meses entre rejas y han cumplido un tercio de la pena si se les impusiera la más grave en función del blanqueo de capitales, de seis años de cárcel. De tal modo que, paradójicamente, si estuvieran condenados tendrían más derechos que estando en prisión provisional, ya que podrían tener acceso a los beneficios penitenciarios, como el tercer grado.
Las defensas trasladaron sus tesis este jueves a la Sala de la Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas, formada por Pilar Parejo, Mónica Herrera y Pilar Verástegui, durante la sesión en la sala de vistas número 18 del Palacio de Justicia, que duró alrededor de dos horas.
Al entender de las defensas, tras un año y medio privados de libertad, "claramente el riesgo de fuga, el único por el que cabría imponer una medida de prisión, ha quedado totalmente eliminado" y rechazan la posible destrucción de pruebas.
Además, criticaron la "dilación indebida" en la resolución de la causa, que lleva ocho años abierta, y apuntaron que se vulnera el Tratado de Extradición entre España y Panamá, que impide detener, encarcelar, juzgar y condenar por un delito distinto del que motivó la extradición, que, en este caso, fue por blanqueo de capitales, aunque luego las pesquisas se ampliaron a los delitos de fraude fiscal y tráfico de armas, según la defensa.
En el transcurso de la jornada se hizo hincapié en la "grave situación médica" de Vladimir Kokorev, cuyo estado de salud inquieta también al Parlamento Europeo, que en febrero remitió una carta al Consejo General del Poder Judicial y avisó de que "su detención en una prisión sin personal médico cualificado es de una crueldad inexplicable y podría tener consecuencias irremediables".
En el último año el anciano preso ha sido atendido en numerosas ocasiones en la enfermería de los centro penitenciarios en los que ha sido recluido (Madrid V y Las Palmas II) por afecciones cardíacas, así como su intervención quirúrgica en la próstata de la que fue operado de urgencia antes de su llegada a España. Sufre desmayos y diabetes.
Por tanto, "ésta no es la situación de una persona, que además tiene 64 años, en disposición de sustraerse de la acción de la Justicia", precisa el recurso interpuesto por la defensa de Vladimir, representado en el acto de este jueves por el abogado Álvaro Campanario. Esta falta de movilidad afecta a su esposa por cuanto "no es probable que se sustraiga de la acción de la Justicia dejando a su marido detrás".
Antonio José García, presidente de Lemat Abogados y letrado del exalcalde de Marbella Julián Muñoz -que en marzo de 2016 logró el tercer grado por "enfermedad incurable" y salió de la cárcel- ha asumido recientemente la defensa de Yulia Maleeva.
Sin embargo, estos planteamientos contrastan con la visión del fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, que se opuso a la libertad de los Kokorev y advirtió del "peligro de fuga", al tratarse de personas que tienen propiedades en diferentes países, indicaron fuentes cercanas a la causa. La Asociación Pro Derechos Humanos de España, como acusación particular, se adhirió a la petición del Ministerio Público.
