El PP da un paso adelante en las negociaciones que mantiene con Coalición Canaria para entrar en el Gobierno y aspira a tener la Consejería de Política Territorial bajo su control. El respaldo a la Ley del Suelo, aprobada el miércoles por el pleno del Parlamento, es un factor decisivo que usan ahora los populares para solicitar un departamento que ha protagonizado buena parte de los dos primeros años del Gobierno de Clavijo y que será a partir de ahora el responsable de desarrollar la nueva norma.
La formación que preside Asier Antona plantea ahora como prioridad un área que tendrá un importante protagonismo en lo que resta de legislatura y la ve como una oportunidad inmejorable para ganar en visibilidad en la gestión, ya que ejercerá el control sobre los planes estratégicos y territoriales y tendrá interlocución directa con los ayuntamientos, cabildos, inversores y empresarios. De la Consejería de Política Territorial depende la empresa pública Gesplan, encargada de la gestión y planeamiento territorial y medioambiental de la Comunidad Autónoma.
La candidata mejor posicionada en el PP para asumir Política Territorial es la diputada regional Luz Reverón. La dirigente popular cuenta con experiencia en este sector ya que fue concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y delegada de Tragsa en Canarias, una empresa pública dedicada a la gestión medioambiental y rural. Reverón ha sido una de las elegidas por Antona para formar parte de la mesa de negociación del pacto con los nacionalistas.
Los negociadores de ambos partidos han reiterado desde que se iniciaron los contactos que no hay "líneas rojas" y que todas las áreas del Ejecutivo regional son negociables. Eso sí, los nacionalistas se resisten a desprenderse de Hacienda, Sanidad o las políticas sociales. Los populares, en cambio, no ven con buenos ojos que CC ponga condiciones para el reparto de las consejerías y considera que todas deben entrar en la negociación.
Además de Política Territorial, entre las preferencias del PP figuran aquellas consejerías que desarrollan las políticas que más pretenden potenciar desde el Ejecutivo. En este marco se encuentran Economía, Empleo y Obras Públicas. Desde el comienzo de las negociaciones también se había especulado con Turismo desgajándola de Cultura y Deportes, que permanecerían bajo el control de CC. Sin embargo, nacionalistas y populares discrepan en la regulación del alquiler vacacional, un asunto controvertido que aún no se ha solucionado pese a que el anterior Gobierno aprobó un decreto en las postrimerías de la legislatura.
Segundo encuentro
Hoy se celebra en la capital grancanaria la segunda reunión oficial de la mesa de negociación del pacto CC-PP en un hotel de la capital grancanaria. En el primer encuentro de la pasada semana en Santa Cruz de Tenerife los nacionalistas trasladaron a los populares un amplio documento de trabajo con una serie de objetivos programáticos para el periodo 2017-2019. Se trata de un informe con cinco puntos: crecimiento económico y empleo; políticas sociales y servicios públicos; territorio, medio ambiente y energía; transparencia y lucha contra la corrupción, y autogobierno y relaciones Canarias-Estado.
Fuentes de los negociadores explican que la reunión de hoy estará centrada en la reforma fiscal, uno de los principales puntos de fricción entre ambas formaciones y que el PP echó de menos en el documento que le trasladó CC. En la propuesta de trabajo de los nacionalistas hay un compromiso explícito de reducir la presión fiscal a lo largo de la legislatura. No se incrementará ningún impuesto, a excepción de aquellos gravámenes específicos como alcohol, combustibles, tabaco y otros menores, siempre que el cumplimiento de los objetivos de déficit y el entorno económico internacional lo permitan.
CC recuerda la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y la revisión de algunos tipos del IGIC, como el de los perfumes y colonias, las flores y plantas y el del sector cultural. Fuentes de los negociadores de Coalición advierten que la petición del PP de reducir el tipo general del IGIC del 7% al 5% de forma drástica supondría hasta 400 millones de euros menos de ingresos en las arcas públicas, algo que no se puede permitir la Comunidad Autónoma en las actuales circunstancias.
En este contexto, fuentes del PP creen que hay margen y predisposición para el acuerdo con una posición intermedia, de tal forma que en los presupuestos autonómicos de 2018 se contemplen nuevas reducciones selectivas del IGIC que favorezcan a determinados sectores de la población y de la economía, así como incentivar las deducciones en el tramo autonómico del IRPF. Con los dos partidos en el Gobierno, CC deberá negociar con el PP la anunciada reforma fiscal que no entrará en vigor hasta los presupuestos de 2019.
En relación con la reforma del sistema electoral, el documento de CC se limita a recordar lo recogido en la reforma del Estatuto de Autonomía, que se tramita actualmente en el Congreso. Para los nacionalistas, lo reflejado en el texto estatutario constituye un marco válido para que una ley canaria regule su desarrollo en el Parlamento regional. No obstante, el acercamiento de ambas fuerzas en este asunto ya se evidenció en la última ponencia parlamentaria sobre el sistema electoral, con un acuerdo para la reducción de las barreras electorales.
