La Provincia - Diario de Las Palmas

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Entrevista a Nieves Lady Barreto

"La Ley del Suelo va a provocar una revolución en el desarrollo económico"

"Es una incoherencia absoluta que el PSOE diga que rechaza la ley y en realidad apoye 365 artículos de los 408", asegura la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias

Nieves Lady Barreto,consejera de Política Territorial, durante la entrevista. CARSTEN W. LAURITSEN

La Ley del Suelo se ha aprobado sin consenso. Es la primera vez que sucede en una norma territorial. ¿Por qué solo 33 de 60 diputados del Parlamento canario apoyan la norma?

Creo que la ley sí se ha aprobado con consenso. Durante la ponencia se llegaron a numerosos acuerdos en la inmensa mayoría de las enmiendas y los artículos. Es verdad que con Podemos es más difícil porque su planteamiento es totalmente diferente o contrario al texto de la ley, pero incluso con NC se llegó a acuerdos en enmiendas. Es curioso, por ejemplo, el voto que anunció el PSOE diciendo que estaba en contra de la ley y, sin embargo, ha votado a favor en 365 artículos de 408 que tiene la ley. No se puede decir que eso sea un voto en contra de la norma. Eso es fijar una posición en contra de determinados aspectos de la ley, pero siempre hemos dicho desde el Gobierno que no estaría ni todo lo que quería el Gobierno ni todo lo que querían los distintos sectores y colectivos, que íbamos a llegar a un punto común para sacarla adelante sin renunciar al espíritu de la ley y después el Parlamento tendría que decidir. Habrá cosas que tampoco están de las que quiso CC, el PP y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) - que apoyaron la nueva norma-, sin embargo el PSOE anuncia su voto en contra diciendo que votaba a favor de 365 artículos.

¿Qué cree usted que le ha hecho cambiar de opinión al PSOE?

Para mí es una incoherencia absoluta y una irresponsabilidad anunciar que el voto a la Ley del Suelo es un no y, sin embargo, votan a favor de 365 artículos de 408. Por intentar justificar que no se han quedado fuera de este texto, porque también es verdad que tienen presión de algunos ayuntamientos y cabildos que querían que esta ley saliera y son del PSOE, pues pasa eso. La cuestión es que anuncian un voto en contra, han criticado el texto, han mantenido argumentos que son bastante alarmistas y se han posicionado al lado de Podemos en una postura que, en algunos casos, es irresponsable y, sin embargo, la ley, al final, se ha votado en 408 artículos con 33 diputados pero en 365 con más de 33 porque a eso hay que sumar los del PSOE, y muchos de NC. Por tanto, el no del PSOE y el de NC a la ley no es un no rotundo. Lo que se vio en el Parlamento con esas afirmaciones es un postureo político. Votan a favor pero, sin embargo, políticamente no les interesa decir que van a votar a favor de esta ley, porque NC ha utilizado este instrumento durante casi dos años para salir en la prensa para criticar al Gobierno y el PSOE después, porque primero estaba en el Gobierno.

Ya se ha anunciado la presentación de recursos de inconstitucionalidad por parte de la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible, a través de Podemos en el Congreso.

Anunciar demandas, incluso antes de que el texto estuviera terminado y aprobado, es una irresponsabilidad, ahora bien, una vez aprobado los ciudadanos colectiva o individualmente tienen la vía de los tribunales. Ya lo hicieron en la Ley de Islas Verdes y el Tribunal Constitucional dijo que, en todo caso, no cabría nunca la suspensión, y si hay que matizar algo se matizará. Creo que no hay que tener miedo a eso y que más bien Podemos lo que intenta es crear un ambiente de inseguridad jurídica que no es cierto.

Ha tenido muchas críticas en el pleno del Parlamento sobre que es una ley desarrollista y que abre puertas traseras a los poderosos. Ahí coinciden el PSOE, NC y Podemos.

Coinciden en posicionarse políticamente donde se han querido posicionar, que es en un bloque enfrente. No se puede hablar tan a la ligera. Escuchaba el pasado miércoles en el Parlamento a los tres portavoces de esos grupos parlamentarios y algunos decían que la ley tiene puertas traseras porque pasamos a hacer urbanismo de proyectos y dejamos de hacer urbanismo de planes. Y lo decían alegando que va a pasar porque la ley regula los proyectos de interés insular y autonómico. Es una incoherencia tan grande como afirmar cualquier otra barbaridad. Cuando vamos al articulado de la ley y leemos los proyectos de interés insular y autonómico lo primero que dice es que estos proyectos son instrumentos de planeamiento, por lo tanto son planes, diferentes, más pequeños que los planes generales, como los queramos llamar, pero son instrumentos de planeamiento, hacen planeamiento y, por lo tanto, se hace urbanismo de planes.

Pero también hablan de las ordenanzas municipales como puertas traseras.

Las ordenanzas municipales y provinciales vienen a dar solución a un hecho puntual que ocurra y no se pueda solucionar de manera rápida con la modificación del plan porque tarda. Y pongo un ejemplo: viviendas sociales de determinados municipios que para poder adaptarlas a la normativa de la accesibilidad y ponerles un ascensor tuvieron que esperar años a la modificación del plan general porque no les podían poner el ascensor. Una ordenanza de este tipo hubiera permitido, porque es un caso extremo, urgente y justificado, colocar los ascensores y después el plan general se modifica para adaptarse y recoger esa cuestión. Es decir, la ordenanza no permite hacer lo que queramos en cualquier tipo de suelo y de la manera que queramos. Lo único que hace es adelantar la decisión que va a tomar el plan general y, luego, en dos años, el plan lo tiene que recoger y, además, se limitan a casos extremadamente necesarios.

O sea, que no hay puertas traseras.

La ley no contempla puertas traseras. Otra cosa es lo que a algunos, desde el punto de vista político, les interese decir lo de puertas traseras porque llama la atención. En el Parlamento he tenido muchas intervenciones sobre la ley y siempre he dicho que aquello de lo que nos acusaban nos dijeran dónde estaba que lo cambiábamos, que nuestra intención no era tener puertas traseras, no era una ley desarrollista y no lo es.

A ver, explique por qué no es una ley desarrollista.

Desde el momento en que esta ley invierte el principio de lo urbanizable que desde el año 68 impera en la normativa de ordenación del territorio y del urbanismo deja de serlo. Hasta ahora, cuando se elabora un plan general no se clasifica todo el suelo de un municipio. Se puede clasificar en urbano, urbanizable o rústico. Se clasifica una parte y la normativa actual decía que todo ese suelo que quedaba sin clasificar fuera urbanizable, es decir, se ponía a disposición de las administraciones para que ocurrieran cosas en él. Tenemos en Canarias 50 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable, no hace falta más suelo urbanizable. Por lo tanto, desde el primer momento nos propusimos cambiar ese tema, y había que ir al principio de lo rústico, es decir, que todo aquel suelo inclasificado se quedara como rústico y no se ponía a disposición de las administraciones para que pasaran cosas en él, sino que se ponía a disposición del sector primario para que se utilizara. Y esto lo impone esta ley.

¿La ley impone que no se puede clasificar más suelo como urbanizable?

Sí. Hasta ayer era sencillamente fácil que un plan general clasificara más suelo y, a partir de ahora, el suelo que no está clasificado pasa a ser rústico y, además, si un ayuntamiento quiere clasificar nuevo suelo no va a ser tan fácil como hasta ahora, porque tendrá que justificar por qué lo necesita y tendrá que justificar si tiene ya suelo clasificado y no lo ha usado. Pongo un ejemplo: un ayuntamiento tiene suelo clasificado para hacer un centro cultural y no lo ha hecho, y ahora quiere suelo para un colegio, pues se le dice que coja el del centro cultural para el colegio y deje el resto del suelo sin clasificar. Quiero decir que desde el momento en que estos dos principios entran en esta ley, que no estaban, no puede ser desarrollista.

¿Se ha retrasado la entrada en vigor al 1 de septiembre?

Sí, agosto es inhábil en muchas administraciones y hay menos actividad y la gente tiene menos información. Todos los grupos, por acuerdo parlamentario, decidieron, para que tuviera más efectividad y los técnicos incorporados, retrasarla a septiembre.

¿Qué va a pasar el 1 de septiembre?

El 1 de septiembre hay un paquete de artículos que son de aplicación directa, como todo aquello que tiene que ver con el sector primario, y también otro paquete de artículos que tienen que ver con la relación del ciudadano con su ayuntamiento, como son las comunicaciones previas, las licencias? Luego hay cuestiones de la ley, como el tema de los planeamientos, que necesitan desarrollos reglamentarios. Para la evaluación ambiental hace falta el desarrollo reglamentario y para la gestión del planeamiento también, y en eso estamos trabajando ya, en los reglamentos que desarrollan la ley para agilizar su efectividad.

¿Aborda el suelo turístico?

La ley no regla nada, lo deja a la legislación turística, salvo en el tema de la residencialización turística.

Por cierto, nadie se ha quedado contento con su propuesta sobre el uso residencial en suelo turístico.

Se tiene que abordar en la legislación turística, y ya lo trabaja la Consejería de Turismo, lo que sí introdujimos en la ley es una disposición que permitiera hacer una especie de paraguas de protección al problema de la residencialización hasta que la legislación turística lo aborde definitivamente. Los hoteleros y los residentes en esas zonas no se ponían de acuerdo, y no sé si lo harán en un futuro pero tendrán que debatir y llegar a un consenso. En la ponencia se introdujo un límite hasta el uno de enero de 2017 para el uso residencial.

Un ciudadano ¿cómo va a notar la ley?

Desde el 1 de septiembre si quieres rehabilitar tu vivienda, quieres hacértela, quieres preparar unos terrenos para sembrar o mejorar tu granja ganadera acudes al ayuntamiento y presentas el proyecto, si lo necesitas, y le comunicas previamente al ayuntamiento lo que vas a hacer. Tiene un plazo de quince días para ver si lo que vas a hacer es conforme o no a la normativa y a los planes, y el día 16 si el ayuntamiento no dice que hay que corregir algo, el ciudadano empieza su actividad.

¿Cuál es la diferencia con la normativa actual?

Hasta ahora íbamos al ayuntamiento, presentábamos el proyecto y solicitábamos una licencia, y hasta que el ayuntamiento no estudiase la licencia y te contestase por escrito, que podían pasar meses, porque, además, en la inmensa mayoría de los casos había que ir al cabildo para pedir la calificación territorial que era una segunda licencia, solíamos tener una media en muchos municipios de un año esperando, a veces, para pintar una vivienda, renovarla por fuera o para arreglar un terreno para sembrar. Ahora, el ciudadano cuando acuda al ayuntamiento y presente la comunicación previa, el ayuntamiento tiene que contestar en quince días sí o sí, y si no dice nada el día 16 empieza la actividad.

¿Y para el suelo rústico?

Supone a partir de septiembre que se pueda regularizar el uso de las granjas para que puedan continuar con su actividad de manera reglada y puedan adaptarse a cualquier normativa que les exija mejoras sanitarias o de otro tipo sectorial. Es fundamental también poder completar la renta de agricultor y del ganadero con otra actividad que esté asociada. Y a partir del uno de septiembre, cualquier ganadero que tenga una granja y haga quesos puede venderlos en su granja. Y en el caso alojativo se ha llegado a un acuerdo por consenso entre la ponencia y el sector primario para que no haya más de tres unidades alojativas y seis camas, en un espacio máximo de 250 metros, y siempre y cuando el plan insular lo permita.

¿Va a ser una revolución para el sector primario?

Sí, y va a ser un reconocimiento. Siempre se ha considerado que el sector primario tenía que quedar un poco fuera de la regulación del territorio, se le daba como una visión más artesanal que de otro tipo y su primera reivindicación en las mesas de trabajo en septiembre fue que dejaran de verlos como una actividad artesanal y se le s viera como profesionales, donde pudieran darse de alta como autónomos, pagarse seguros... Se preguntaban por qué no los podían ver como verdaderos empresarios del campo y era una queja histórica. Esta ley plasma esta realidad y viene a resolver esta queja del sector primario

¿Se van a desatascar los planeamientos con celeridad?

Nadie pude pretender que podamos resolver el atasco de los planes generales en tres meses pero hemos puesto los medios para que en un plazo razonable de tiempo los ayuntamientos tengan sus planeamientos. Depende de cómo los quieran abordar, si se quiere hacer un plan completo la ley establece un plazo de cuatro años con una prórroga de dos años, y para la modificación de casos muy puntuales y pequeñitos, como incorporar un hospital o un bloque de viviendas, no tenemos que hacer un plan nuevo sino una modificación, y eso permitirá que la tramitación sea más ágil y clara. Hay planes que llevan 16 años haciéndose.

El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, dice que esta ley va a propiciar una gran reforma económica de Canarias, ¿en qué se fundamenta?

El pulmón de un municipio es el plan general y cualquier cosa que se haga en un municipio pasa por el plan, como una casa, un negocio, un taller, un supermercado, un hotel... Desde el momento en que hacemos lo posible para que en esta ley se establezcan procedimientos más sencillos para modificar el plan o para elaborarlo se incentiva que se monten negocios y no se tenga que estar cuatro años esperando para que te den una licencia. Desde que eso empiece a andar y con las herramientas que hemos puesto para que el sector primario camine se va a incentivar la economía.

Pero ¿qué va a suponer la nueva norma para Canarias?

La ley plantea una Canarias más ágil, más sostenible y económicamente más fuerte porque lleva seguridad jurídica en todos los pasos, y permitirá sacar adelante proyectos en plazos razonables para crear empleo y riqueza. Para mí la gran revolución de esta ley es el desarrollo en un plazo de quince años y que viene a hacer justicia con el sector primario fundamentalmente desde el 1 de septiembre.

Compartir el artículo

stats