Canarias ha registrado en lo que va de año 40 personas fallecidas por ahogamiento, un 33% más que en el mismo periodo de 2016. Esta cifra equivale al número de muertos por esa causa entre enero y septiembre de 2016, cuando perdieron la vida en las playas y costas de las Islas 72 personas, un 26% más que dos años atrás. En la presentación del primer mapa de accidentes acuáticos del Archipiélago elaborado por Portada Comunicación -entidad impulsora de la primera campaña audiovisual nacional para la prevención de incidentes en el mar, Canarias, 1.500 kilómetros de costa-, Sebastián Quintana expuso que el 85% de los accidentes acuáticos se producen por imprudencias ante la falta de concienciación sobre los peligros del mar y exigió, a su vez, "celeridad" al Ejecutivo regional en la aprobación del decreto que regula las medidas de protección en las zonas de baño.

En 101 playas, puntos de costa y piscinas de 45 de los 88 municipios de las Islas se produjeron 157 accidentes durante el pasado año. Pájara, en Fuerteventura, y Adeje, en Tenerife, se convirtieron en los principales puntos negros al registrar cinco muertos cada uno. Teguise, en Lanzarote, y Telde, en Gran Canaria, con cuatro ahogados cada uno, son los siguientes en este ranking. La playa majorera de Costa Calma fue la que más víctimas mortales presentó, con tres fallecidos, seguida por la piscina natural de Jover (Tenerife) y Las Canteras (Gran Canaria), con dos ahogados cada una. Quintana indicó que los ahogamientos son la primera causa de muerte por accidente en Canarias, por delante, incluso, de las producidas por siniestros de tráfico, ya que en 2016 se contabilizaron hasta 38 muertes en las carreteras.

El Archipiélago carece de un marco regulador propio en esta materia y se ampara en la orden ministerial de 1977 para garantizar unas medidas mínimas de protección y seguridad. Ante este escenario, la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad envió a los ayuntamientos costeros unos parámetros para unificar los criterios en la calificación del nivel de riesgo y el consiguiente grado de protección. En función de la afluencia de bañistas, número de habitantes del municipio, las incidencias registradas en el pasado, si acoge actividades deportivas o las condiciones físicas del entorno, la zona de baño tendrá un nivel de peligrosidad alto, medio o bajo. En los dos primeros casos será necesario la elaboración de un plan de salvamento por un técnico y, en el último, la colocación de carteles que indiquen que no existe vigilancia.

La directora de Seguridad y Emergencias Nazaret Díaz confía en que antes de final de este año se apruebe el decreto que regula las medidas de protección. El borrador fue elaborado junto con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y recoge "el sentir de la ciudadanía". Antes de que entre en fase de exposición pública y se abra el periodo de alegaciones, se recabarán una serie de informes preceptivos. Díaz no quiere adelantar los puntos que recogerá el decreto, pero sí avanza que seguirán la línea de las recomendaciones para este verano.

En 2003, el Gobierno canario de entonces trató de aprobar una normativa, pero no salió adelante porque los ayuntamientos -a quienes corresponde las competencias en salvamento y seguridad en sus costas- no podían dotar económicamente las medidas para aplicarla. En este sentido, Díaz aseguró que el objetivo de su departamento es que en los presupuestos del año que viene se asigne una partida para este fin.

Quintana lamentó que tanto en Canarias como en el resto de España y la Unión Europea no exista una cultura de la seguridad acuática. A su juicio, es una "necesidad pública" fomentarla en el Archipiélago, más aún cuando cada año se baten récords en la llegada de visitantes. "No podemos presumir de la llegada de más de 15 millones de turistas", afirmó, si las autoridades públicas no se preocupan por su "integridad física y emocional". Por ello, no solo pidió la aprobación del decreto, sino también la colaboración de los hoteleros, aerolíneas y turoperadores en la difusión de las campañas de concienciación y prevención dado que el 87% de los ahogados son extranjeros.

La creación de un centro único de recogida de datos constituye otra de las demandas de Quintana, pues la dispersión de cifras y la falta de interconexiones entre las instituciones dificulta la recogida de números certeros. El directivo del Real Club Victoria y exjefe del Grupo especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, Juan Ortega, señaló que incluso puede haber más muertes de las que recogen las estadísticas debido a ese desorden.

La ampliación de las plantillas de socorrismo y el aumento de su formación, la implicación del cuerpo consular en la concienciación sobre las medidas de seguridad y la constitución del primer observatorio nacional de accidentes acuáticos son las otras demandas exigidas por Quintana.

El promotor de la campaña Canarias 1.500 kilómetros de costa detalló que con las cifras de muertes por ahogamiento y el volumen de turistas, el ratio de fallecimientos se sitúa en uno por cada 350.000 visitantes y expuso, a su vez, que las playas del norte, pese a contar con menos usuarios, presentan una tasa de siniestralidad más elevada. Aun así, Quintana negó que las zonas de baño de Canarias sean inseguras.