Tan sólo 20 instituciones públicas canarias superan el examen de transparencia correspondiente al año 2016, según el informe anual presentado este lunes en el Parlamento por el comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán.

De las 96 administraciones analizadas, sólo pasan el corte de evaluación el Gobierno de Canarias, tres cabildos, siete de los municipios de más de 20.000 habitantes y nueve de los pequeños, es decir el 20,8%.

El estudio, que se realiza por segundo año consecutivo, pesa el doble que el de 2015 al contener diez veces más información en casi 600 páginas, que incluyen diez tablas de Excel, 95 cuadros, 28 gráficos, y 15 ilustraciones.

Por primera vez se ha diseñado el Índice de Transparencia, que chequea el cumplimiento de la Ley de Transparencia de Canarias, con más de 200 obligaciones de publicidad activa en su articulado.

El informe aborda el grado de publicidad activa de cada institución y el derecho de acceso a la información, datos comprobados por el comisionado en función de los contenidos de los portales de transparencia y los obtenidos a través de un cuestionario que se distribuyó a todas las administraciones.

El Gobierno logra un 7,6

Cerdán prefirió no hablar de "suspenso, aprobado o sobresaliente", sino simplemente de una escaleta de numeración del 0 al 10 para fomentar "algo de competencia" entre las instituciones.

A la luz de la documentación contrastada, el comisionado otorga 7,69 puntos a la Comunidad Autónoma, considerando solo las consejerías, ya que no han tenido medios suficientes para inspeccionar todo el sector público empresarial. Por tanto, esta nota probablemente bajará el próximo año en cuanto se estudie exhaustivamente a las 81 entidades públicas dependientes del Gobierno regional.

En esta ocasión no se ha puntuado a las entidades públicas debido a la "diversidad enorme" que hay en este colectivo, ya que por un lado hay entidades como el Servicio Canario de la Salud (SCS), que abarca a tres o cuatro consejerías y gasta un tercio del presupuesto del Gobierno y, por el contrario, hay otras entidades con 100.000 euros de fondos y otras como Saturno y Tindaya, con presencia jurídica pero sin actividad.

Igualmente, el resumen del comisionado apunta que el Servicio Canario de la Salud posee "un sistema de publicidad activa un tanto caótico, pues no tiene portal de transparencia". "Sí informa, pero deslavazadamente, con parte de información en el portal de transparencia del Gobierno o de la Consejería de Sanidad, pero no tiene una estructura coherente y compacta", protestó Cerdán, que lamentó que, "por si fuera poco", el SCS ha dado "un paso atrás" este año al dejar de actualizar desde enero las estadísticas mensuales de listas de espera.

El Cabildo de Tenerife, a la cabeza

En relación a los cabildos, las mejoras notas son para Tenerife (5,61), La Palma (5,54) y Gran Canaria (5,49). Por debajo de cinco se halla el resto de corporaciones insulares: Fuerteventura, con un 3,46; Lanzarote, 3,01; y La Gomera, con 2,59 puntos. Destaca la escasa puntuación del Cabildo de El Hierro, con 0,76 puntos, por carecer de portal de transparencia.

En cuanto a los ayuntamientos, se distinguen dos grupos: los de más de 20.000 habitantes, que disponen de más recursos técnicos y humanos para afrontar mejor la obligación de ser transparentes y dar respuesta a los ciudadanos; y los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que en muchas ocasiones no tienen ni siquiera responsable directo de la transparencia ni grandes aparatos para esta materia.

Opacos

De ahí que el índice no mide a todos los municipios por el mismo rasero, sino que ha "escaneado" mucho más a los ayuntamientos grandes que a los pequeños. Entre los de más de 20.000 residentes ha habido siete con una puntuación por encima de cinco: Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, Los Realejos, San Cristóbal de La Laguna, Candelaria, Arona y Santa Cruz de Tenerife.

Por el contrario, ha habido otros diez ayuntamientos más opacos y que se sitúan en la parte baja de la tabla. Por orden de menor a mayor, que ni siquiera han llegado a una puntuación de dos, serían manifiestamente poco transparentes: La Oliva, Granadilla de Abona, Adeje, Agüimes, La Orotava, Mogán, Tacoronte, Ingenio, Icod de los Vinos y Santa Lucía de Tirajana.

Entre el primer grupo y el segundo hay otro grupo de diez municipios que aunque no llega a cinco está en una situación intermedia: Teguise, Arucas, Telde, Los Llanos de Aridane, Gáldar, Tías, San Bartolomé de Tirajana, Puerto de la Cruz, Guía de Isora y Puerto del Rosario.

Respecto a los de menor población sorprende que hay ayuntamientos que, aún siendo muy pequeños, tienen un alcalde, concejal o funcionario muy motivado y han obtenido unas notas bastante destascables. Así, han cosechado notas por encima de cinco: Fasnia, Frontera, Güimar, Arico, El Sauzal, San Juan de la Rambla, Valverde, Tuineje y Santiago del Teide. En cambio, hay otros 19 consistorios pequeños que se ubican en la parte baja de la tabla, al no llegar a dos puntos.

Escaso interés

El comisionado comentó también que el año pasado 20.781 ciudadanos visitaron el portal de transparencia del Gobierno de Canarias, que equivale a apenas el 1% de la población de las Islas.

Aproximadamente uno de cada cien canarios ha ido al portal de transparencia alguna vez. "Eso es más bien poco", reconoció Cerdán, que indicó que la web del Ejecutivo recibe más de un millón de visitas al año y, en cambio, "al rincón del portal de transparencia todavía no llega mucha gente".

Ello se debe a que "fundamentalmente a la gente no le interesa demasiado la transparencia, al menos cómo se está expresando, en grandes cantidades de datos y en PDF", añadió el comisionado, que advirtió de que "si la pata ciudadana no es exigente, la transparencia no se va a mover"

"Si la gente no pregunta ni visita el portal no hay presión sobre los poderes públicos para que mejoren o amplíen su nivel de transparencia", remarcó.

Asimismo, informó de que en el año 2016 se presentaron al Gobierno de Canarias solo 170 solicitudes de información acogiéndose a la Ley de Transparencia, una cifra que casi duplica al año anterior, cuando se registraron 91 demandas. Los sueldos y currículos de los políticos, altos cargos y personal eventual constituyen las principales solicitudes de información.