Sienten que les han cortado las alas. Canarios residentes en la Península claman una solución para poder viajar a su tierra sin tener que pagar precios desorbitados. Quieren mantener el contacto con sus raíces y que regresar a casa por Navidad, a cualquier evento familiar, a una boda o incluso a un entierro, no sea una odisea o un deseo imposible de cumplir. Para ello nace la plataforma de afectados Canarios Sin Alas, que se ha constituido ya formalmente para conseguir que el Gobierno central comprenda que la lejanía del Archipiélago no perjudica sólo a quienes residen en esta región ultraperiférica, sino también a aquellos que alguna vez emigraron, sin por eso dejar de ser canarios.
La asociación, presidida por el actor tinerfeño de doblaje Fernando Cabrera, ha visto ya la luz oficialmente, con el firme objetivo de exigir al Estado que adopte las medidas necesarias para garantizar la fijación de precios máximos asequibles. La reducción de las tarifas aéreas permitiría a los isleños que viven en la Península y ya no están empadronados en Canarias volar a las Islas sin que suponga un inasumible impacto económico.
"Queda mucho por luchar", admitió Cabrera, que considera que "el problema básico es que las compañías tienen la libertad absoluta para establecer sus tarifas y se basan en criterios puramente comerciales de la ley de la oferta y la demanda".
Él lleva 25 años afincado en Madrid, pero añora su hogar. Sus hijos apenas conocen a su abuela y se ha perdido la boda de casi todos sus amigos en Tenerife. "Vivimos una situación anómala en la que una parte del territorio nacional está absolutamente excluido del resto", lamenta. Disfrutar de las pasadas fiestas navideñas en las Islas con su mujer y tres hijos le costaba 2.395 euros.
"Hay que regular los precios de vuelos que conectan con la Península", insistió el presidente del colectivo, que reivindica rutas sujetas a la Obligación de Servicio Público. La asociación demanda que se promulgue una ley que declare las conexiones aéreas y marítimas entre Canarias y el resto de España como servicio público, sometiéndolo así al control de precios y frecuencias, ejercido por el Estado, para acabar con "el incesante abuso de las compañías".
Canarios Sin Alas arranca con quince integrantes en su estructura, además del apoyo de otras 1.500 personas en su cuenta de Facebook y casi 38.800 firmas apoyan su petición a través de la plataforma Change.org en Internet.
En su campaña online, la organización tiene el apoyo de numerosos rostros conocidos. Humoristas, actores y músicos, entre otros profesionales, secundan esta reivindicación. "No tenemos las mismas facilidades que quienes viven en el resto de las comunidades españolas", señaló el humorista Juan Luis Calero, mientras la cantante Luisa Machado se queja de que "sale mucho más caro viajar a Canarias que a cualquier otro lugar".
Entre otros testimonios, el timplista Germán López indicó que, por su condición de músico, se desplaza habitualmente a la Península y "en muchas ocasiones es una verdadera complicación y resulta inasumible el coste o supone una dificultad añadida que no tendría por qué ser".
También exige la regulación de los precios de los billetes el humorista Manolo Vieira, que reside en Las Palmas de Gran Canaria, pero sus dos hijas y nietos viven en Madrid. Le encantaría verles con más frecuencia, pero "los pasajes son muy caros" y eso impide el contacto familiar. Asimismo, criticó que esta situación afecta a los profesionales que quieren trabajar en las Islas. "Si quiero traer a unos artistas a La Chistera no puedo porque los pasajes son increíblemente caros; ciertas profesiones deberían tener un descuento", planteó. En ello coincidió el músico y actor Kiko Castro, propietario de un estudio en Tenerife y que cada vez que tiene que traer a un actor de doblaje o un locutor desde la Península "es absolutamente inviable porque hay que pagar una barbaridad".
De momento, se ha ganado una batalla. El Congreso ha pedido ampliar el descuento aéreo a los hijos no empadronados de isleños. La comisión de Fomento de la Cámara Baja aprobó a finales de junio por unanimidad instar al Gobierno a extender a los menores no empadronados en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla el descuento en el transporte aéreo a estos territorios si tienen a uno de sus padres o tutor legal residiendo allí.
El propósito es que, por ejemplo, hijos de padres divorciados y que tengan uno de los progenitores viviendo en estos territorios puedan viajar para cumplir con el régimen de visitas, beneficiándose de la bonificación del 50% en el precio del billete.
"Es un gran avance y una ayuda, pero no es la solución al problema, deben de ponerse límites a los precios de los pasajes", remarcó Miguel Díaz, del municipio tinerfeño de El Rosario, que se beneficiará de la medida, ya que su hija de nueve años reside en Guipúzcoa con su madre desde hace un año. En Carnaval él tuvo que abonar 530 euros (ida y vuelta) para tener a su hija durante cinco días. "Vamos a seguir peleando para que se tenga en cuenta a los canarios como ciudadanos españoles y no como turistas extranjeros", subrayó.
Una vez que ya se ha logrado que los billetes aéreos y marítimos interinsulares tengan un descuento del 75% para los residentes, "el siguiente gran reto" es fijar precios máximos para volar a la Península, aseguró el consejero de Transportes del Ejecutivo regional, Pablo Rodríguez. Igualmente, ayer el líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, anunció que solicitará al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "desarrolle ahora el acuerdo suscrito" con su partido para abaratar los billetes de avión con la Península para los residentes y frenar las subidas abusivas de precios" por las compañías.
