14 de julio de 2017
14.07.2017

García-Panasco defiende su decisión de investigar a Victoria Rosell

14.07.2017 | 07:55

La Fiscalía "acata" la sentencia del Supremo que anula las diligencias contra la juez Victoria Rosell. El portavoz provincial, Guillermo García-Panasco, rechaza las peticiones de dimisión de Rosell y de Podemos porque ve "positivo" el fallo, explica en un comunicado.

El Supremo fija "los criterios de actuación del Ministerio Fiscal en la competencia, extensión, límites y facultades de información pública sobre diligencias preprocesales", que están destinadas a "verificar" si concurren circunstancias que pueden constituir causa de recusación de un juez o, en su caso, ejercer la acción para que el órgano competente (CGPJ) determine si existe infracción disciplinaria por la inobservancia del deber de abstención.

El fiscal "tiene competencias para ejercer estas funciones de verificación", señala el comunicado. La nota de prensa divulgada en diciembre de 2015 para informar de la investigación, en ese sentido, "se ajusta a la legalidad" al "no vulnerar derecho fundamental alguno" y, en concreto, el de sufragio pasivo, pues el Supremo "rechaza los dos motivos" por los que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló las actuaciones.

El TS, que sólo estima "parcialmente" el recurso de Rosell, afirma que la asignación a la fiscal Eva Ríos de las diligencias fueron ajustadas a Derecho. Tampoco hay falta de imparcialidad ni enemistad manifiesta, al tiempo que "carecen de fundamento y deben ser rechazadas" las imputaciones de filtraciones a los medios de comunicación.

El TS, tras convalidar algunas diligencias practicadas por la Fiscalía, sostiene que otras exceden del carácter de indagación preliminar y se realizaron sin observar los principios de contradicción y defensa. La sentencia aclara que la norma que regula el Ministerio Fiscal sólo ha previsto la aplicación de estos principios a las diligencias de carácter penal. Sin embargo, interpreta que estos principios deben ser aplicables también a otras diligencias preprocesales. En tal sentido, al no haberse observado esos principios respecto de algunas actuaciones, considera que se vulnera el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y estima la demanda en ese punto, explica García-Panasco.

La actuación de la Fiscalía tampoco constituyó una interferencia indebida en la campaña electoral, porque "omitir una investigación porque afectaba a un candidato hubiera sido manifiestamente contrario a la legalidad", concluye la nota.

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