El magistrado Salvador Alba afronta un nuevo procedimiento disciplinario en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), esta vez por grabar a sus compañeros en el office de la Audiencia de Las Palmas cuando charlaban de manera informal, con alusiones a varios casos de corrupción y chascarrillos entre jueces sobre la apariencia de los ciudadanos rusos.
La Comisión Permanente del CGPJ, por dos veces en los últimos meses, ha revocado sendos archivos del Promotor de la Acción Disciplinaria, que no ve infracción en la actuación de Alba al considerarla una cuestión personal, sin repercusión en el ámbito judicial.
No lo considera así la Comisión Permanente del CGPJ, cuyos vocales han obligado al Promotor a transformar el expediente informativo en disciplinario para continuar con la investigación, según establece el acuerdo adoptado el pasado 22 de junio, que está colgado en el sitio web del Poder Judicial (Portal de Transparencia ).
En ese acuerdo se requiere al Promotor de la Acción Disciplinaria para que "proceda a incoar expediente disciplinario en relación a la diligencia informativa 919/16". En esas actuaciones, que versan sobre la controvertida grabación de Alba, los vocales de la Comisión Permanente entienden que los hechos "pueden ostentar relevancia disciplinaria" al constituir, "al menos", una "desatención o desconsideración con otros magistrados", explica la resolución dictada el pasado 22 de junio.
Y es que la Comisión Permanente, en ese sentido, "no comparte" que se trate de hechos "ajenos a la función judicial" y que "afecten" sólo a "la esfera privada" de los magistrados intervinientes en la conservación, pues la grabación se realizó en las "dependencias" de la Audiencia de Las Palmas y "afecta al ámbito profesional", concluyen los vocales de la Permanente.
Citación en el CGPJ
Entre las diligencias que deberá practicar el Promotor de la Acción Disciplinaria, José Sierra Fernández, figura la de tomarle declaración a Alba en Madrid, que es donde el órgano de gobierno de los jueces tiene su sede.
El magistrado de la Audiencia de Las Palmas admitió ayer que la Comisión Permanente ha ordenó a Sierra la continuación de la investigación, pero asegura que hasta el momento no le han notificado la apertura del expediente disciplinaria ni ha sido citado para interrogarlo sobre los hechos. Fuentes judiciales apuntan, en cambio, que la declaración de Alba está prevista para la próxima semana.
El anterior Promotor Disciplinario, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, archivó el expediente informativo por el mismo motivo que su sucesor: la grabación alude a temas personales que no guardan relación con la función judicial. Esta decisión se produjo el pasado mes de abril, pero los siete vocales de la Comisión Permanente revocaron el archivo y ordenaron que las pesquisas siguieran su curso.
El caso lo asumió Sierra, quien, tras recabar más informes, volvió a cerrar la investigación. La diferencia es que ahora la Permanente le ha ordenado directamente que pase a la siguiente fase del procedimiento, esto es, la apertura del expediente disciplinario por la supuesta "desconsideración" de Alba hacia sus compañeros en la Sección Sexta de la Audiencia de las Palmas: Carlos Vielba, José Luis Goizueta (ahora en la Sección Segunda) y Emilio Moya, que es el presidente del tribunal provincial.
El Promotor Disciplinario abrió las diligencias tras una denuncia de la asociación Jueces para la Democracia, que acusa a Alba de grabar a sus colegas durante 15 minutos mientras debaten "asuntos altamente comprometedores sobre casos abiertos".
El propio presidente de la Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya, ha certificado que ese día no había deliberaciones, las cuales son secretas y, por tanto, podrían haber supuesto para Alba un problema disciplinario aún mayor. Tampoco esos tres jueces han denunciado los hechos. De ahí que los dos promotores no vieran infracción en la actuación de Alba, un criterio que no comparte la Comisión Permanente.
Alba, además, se juega la expulsión de la carrera en otro expediente, cuya propuesta de sanción está paralizada hasta la resolución de un pleito penal en el que es investigado por maniobrar contra la magistrada Victoria Rosell.
