Las corporaciones locales serán las principales afectadas por la modificación de los tipos impositivos del IGIC si finalmente CC accede a las demandas el Partido Popular de rebajarlo del 7% al 5% de forma generalizada. CC calcula que la merma será de 400 millones de euros y se opone. La Federación Canaria de Municipios (Fecam), sin querer tomar partido en las diferencias al respecto de populares y nacionalistas, si demanda que se les tenga en cuenta ante cualquier modificación fiscal que pueda tener consecuencias en su financiación.

En un comunicado, la Fecam recuerda que el 58% de la recaudación de ese tributo canario son ingresos para los ayuntamientos y cabildos. Por ello considera que su opinión en asuntos de estas características "es fundamental y necesaria" para alcanzar el consenso.

La petición al Gobierno de Canarias fue ayer acordada por la comisión de Economía y Hacienda de la Fecam que preside el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández (NC).

Es la segunda solicitud de la Federación de Municipios al Ejecutivo de Fernando Clavijo en una semana. El miércoles la Fecam ya le envió un informe en que propone la puesta en marcha de siete planes para el impulso social y económico de las Islas. El primero es un plan integral para la financiación de obras públicas estratégicas para la construcción, ampliación o renovación como centros de salud, deportivos, colegios e institutos o culturales; piden también un plan que les permita desbloquear la gestión administrativa con la contratación de personas con formación para los servicios esenciales tras varios años en los que la ley de estabilidad les ha impedido contratar personal cualificado para los mismos.

Los alcaldes inciden también en la necesidad de acometer planes de salud infantil; otro de impulso a la formación y el empleo, principalmente a través de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo; proponen un plan de recuperación del medio rural "ya que el turismo rural está siendo también uno de las salidas para el empleo" y en la oportunidad de ofrecer viviendas a personas en alquiler social, a través de la compra del parque de viviendas sin terminar que se encuentran mayoritariamente abandonadas en manos de la banca. "Solicitamos que se invierta en la contratación de más personal para los equipos de trabajadores consolidados en los ayuntamientos y también incorporar más fondos a las ayudas al alquiler, a la alimentación, al agua o el recibo la luz", señalan en su informe al Gobierno.