El Consejo de Gobierno dio ayer su visto bueno a una inyección de 50 millones de euros a la Consejería de Sanidad para cubrir gastos de farmacia. Un montante con el que el Servicio Canario de Salud (SCS), dependiente del departamento que dirige José Manuel Baltar, podrá así cumplir con la factura que ha generado la compra de medicamentos, prótesis y demás material sanitario a lo largo del actual ejercicio.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Ejecutivo autonómico, Narvay Quintero, que ayer ejerció de portavoz accidental del Ejecutivo al término de la reunión celebrada en Santa Cruz de Tenerife, explicó que una parte de esta millonaria inyección se destinará también para el pago de los gastos del transporte de pacientes de islas no capitalinas a los que es necesario trasladar a Tenerife o Gran Canaria para su atención en alguno de los hospitales de referencia de la Comunidad Autónoma. Con todo, este suplemento de crédito -el suplemento de crédito se aprueba cuando una partida ya existente en los presupuestos no alcanza para cubrir todos los gastos del ejercicio- servirá fundamentalmente para compensar el desequilibrio que se ha producido en la partida para instituciones sanitarias. La razón de este desequilibrio, tal como explicó ayer el portavoz accidental del Gobierno, es que con los fondos previstos para este año se han tenido que pagar facturas correspondientes al ejercicio de 2016, en el que fue el socialista Jesús Morera quien llevó las riendas de la Consejería de Sanidad hasta que el 23 de diciembre Fernando Clavijo decidiera la destitución de los representantes del PSOE en el Consejo de Gobierno por ausentarse por tercera vez de la mesa del principal órgano deliberador del Ejecutivo. "Se ha tenido que hacer frente con cargo al presupuesto de este año a un volumen importante de pagos cuyos reconocimiento contable no fue imputado al presupuesto del ejercicio anterior", explicaron ayer desde el Ejecutivo.

Quintero expuso que el SCS viene haciendo un "importante esfuerzo" para cumplir con los plazos de pago a proveedores que establece la legislación, algo en lo que se ha conseguido, aseguró, "una notable mejora". Sin embargo, esto tiene su particular cruz de la moneda en el hecho de que el crédito disponible se haya reducido, de ahí que sean necesarios esos 50 millones extras para reequilibrar las cuentas y, en definitiva, pagar los medicamentos, prótesis, implantes y demás material sanitario adquirido este año.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también aprobó ayer la adjudicación a la empresa pública Tragsatec, por 1,57 millones, del servicio de elaboración y redacción de los planes hidrológicos insulares de segundo ciclo, que han de estar terminados, como muy tarde, en septiembre de 2018.