El comité de expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica entregó ayer al Gobierno central el documento inicial que han consensuado sus integrantes. Un informe que reconoce la pertinencia de mantener una atención especial para evitar que Canarias vuelva a ser la comunidad autónoma que peor parada sale a la hora de repartir entre las regiones los fondos para costear la sanidad, la educación y las políticas sociales.
Mutismo en el Gobierno canario, porque el de ayer es solo un primer paso. Ahora toca trasladar a la realidad el informe técnico, algo que queda en manos de la voluntad política de ámbito nacional. "Dependerá de lo que hagamos nosotros", señaló gráficamente la vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, y, sobre todo, de la capacidad de entendimiento que exhiban PP y PSOE en la tramitación parlamentaria.
No obstante, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, destacó el papel desarrollado por el experto designado por Canarias, Arturo Melián, para lograr que en el documento de 165 páginas quede plasmada la necesidad de no perder de vista el impacto -positivo o negativo- del nuevo modelo de reparto en el Archipiélago.
Además, el experto canario tuvo que vencer serias reticencias de algunas de las autonomías y parte de los expertos designados por el Ejecutivo central. "Canarias se puede sentir satisfecha", confirmó el propio Melián. Las buenas relaciones que las Islas mantienen con Madrid en los últimos tiempos ayudarán para la defensa de los preceptos contenidos en el informe, si bien el PP no cuenta con mayoría absoluta, por lo que el resultado final dependerá en buena medida de la capacidad de consenso de conservadores y socialistas, que pondrán sobre la mesa la defensa de los intereses de las comunidades autónomas en las que gobiernan, con Andalucía a la cabeza.
Los expertos explican que la contribución de Canarias al sistema de financiación a través de los impuestos consignados en su Régimen Económico y Fiscal (REF) debe atender a un principio de proporcionalidad. Esto es, la presión recaudatoria no puede laminar las ventajas que se reconocen a las Islas para compensar sus especiales condiciones geográficas.
Eso sí, también deberá tenerse en cuenta que las arcas isleñas han cobrado oxígeno con la condonación en 2015 de la compensación por la desaparición del Impuesto sobre el Tráfico de Empresas (ITE) que tenía que pagar anualmente -unos 160 millones de euros- a Madrid.
Lo más interesante es la cláusula de salvaguarda introducida por Melián y aceptada por sus compañeros de comisión para preservar la autonomía financiera canaria. La "cuantificación" de la contribución económica que tendrá que hacer el Archipiélago a la bolsa común tendrá que "hacerse de forma coherente", es decir, sin que la cantidad final obligue a la comunidad autónoma a sacar de su propia caja el dinero para garantizar a los ciudadanos la prestación de los servicios básicos esenciales (sanidad, educación y políticas sociales) transferidos por el Estado. Algo que sí ha ocurrido en el pasado por el castigo que el actual sistema de reparto inflige al Archipiélago.
A pesar del amplio consenso alcanzado por los expertos, el informe también incluye nueve votos particulares, entre ellos uno del experto designado por Canarias. En él, Arturo Melián admite que puedan establecerse quitas para rebajar las deudas de algunas autonomías con el fin de que recuperen credibilidad ante los mercados financieros, pero discrepa seriamente de los criterios de aplicación.
Fueron las regiones que arrastran los mayores volúmenes de pasivo las que incidieron en la necesidad de esas ayudas. Sin embargo, Melián rechaza que se repartan teniendo en cuenta qué comunidades autónomas han resultado más perjudicadas por el actual modelo de financiación y se relacione eso con el incremento del débito y el alto coste financiero que pagan por colocar sus bonos y obligaciones por los créditos bancarios. En otras palabras, si una comunidad ha resultado especialmente castigada por el reparto de fondos ha sido Canarias y, sin embargo, su deuda per cápita es la segunda -y a veces primera- más baja de todo el país.
Tanto el actual como el anterior Gobierno de las Islas han repetido que si se han alcanzado esos parámetros ha sido por el esfuerzo colegiado de todos los ciudadanos del Archipiélago. De ahí la oposición de Melián a la inyección de oxígeno a otras comunidades autónomas que, resultando perjudicadas, siempre en menor medida que Canarias, por el actual sistema de financiación autonómica, no han sabido embridar la deuda o han preferido no tomar decisiones que llevaban anejo un coste político.
