El Ministerio de Energía declara ya extinguidos los permisos de investigación que se concedieron a Repsol para hacer sondeos petrolíferos en Canarias, unas exploraciones que la petrolera abandonó enero de 2015 al no hallar recursos en calidad y cantidad suficiente como para hacer rentable su explotación. La investigación en aguas canarias, en la que la multinacional de capital español invirtió 164,7 millones de euros, dio como único resultado que la bolsa ha se había localizado y que podía albergar hidrocarburos estaba anegada de agua. Las únicas trazas de gas halladas estaban en capas muy delgadas que hacen inviable su explotación.

En la orden que el ministerio publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se recuerda que, en caso de extinción de los permisos, sus titulares están obligados a justificar a plena satisfacción de la Administración la realización de los trabajos e inversiones. El ministerio apunta que, examinada la documentación que obra en el expediente, así como la presentada por la petrolera, se desprende que ha transcurrido el plazo de vigencia de los permisos y considera cumplidas las condiciones legales establecidas para extinguirlos.

Por tanto, la compañía no será sancionada por no realizar los dos sondeos comprometidos y no haber perforado más que una sola vez.

Repsol comenzó a perforar en el fondo marino junto a las islas de Lanzarote y Fuerteventura el 18 de noviembre de 2014, pero abandonó los trabajos transcurridos 51 días, después de haber llegado a 2.900 metros de profundidad sin haber logrado los resultados esperados.

Los permisos, concedidos en marzo de 2012 por el entonces ministro de Industria y Energía José Manuel Soria, caducaron en marzo de 2016, pero Repsol debía justificar el compromiso que asumió para obtener el permiso, que incluía una planificación, un plan de inversión y programa de trabajos.

Ahora, tras declarar el ministerio la extinción de los permisos, las áreas revertirán al Estado, y la Dirección General de Política Energética y Minas procederá a devolver a Repsol los avales para responder del cumplimiento de las obligaciones por la concesión.