El Gobierno de Canarias debe declarar el oasis de Maspalomas Bien de Interés Cultura (BIC) en la categoría de Sitio Histórico. Así lo ordena una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que declara nulo el decreto con el que el anterior Ejecutivo regional presidido por Paulino Rivero rechazó la iniciativa del Cabildo de Gran Canaria para proteger la zona. La institución insular puso en marcha la maquinaria a raíz de la batalla empresarial que se desató tras conocerse los planes de reconstrucción del hotel Oasis por parte de la cadena RIU.
El nuevo capítulo judicial amenaza con embrollar más -con nuevos recursos- la ordenación del espacio natural de la charca y el palmeral de Maspalomas. Mientras, cuatro hoteles, decenas de apartamentos, un centro comercial y varios negocios de hostelería esperan para conocer por dónde podrán discurrir su planes futuros. La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) anunció ayer mismo que recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo el fallo de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC.
El ponente, el magistrado Francisco Javier Varona, señala en dos ocasiones a lo largo de las 17 páginas de que consta la sentencia fechada el 11 de julio y conocida ayer que la declaración del BIC por sí misma no limita ninguna actividad. En consonancia con el texto judicial, la representante del departamento jurídico de RIU en las Islas, Águeda Borges, afirmó ayer que la sentencia "no impide la reforma" del hotel Oasis, para el que ya hay un nuevo proyecto. La cadena hotelera puso en conocimiento del Cabildo de Gran Canaria los novedosos planes para el inmueble horas antes de que la sentencia viera la luz. "Podemos seguir adelante con el proyecto que ya hemos presentado", afirmó Borges.
Precisamente el presidente de la institución insular, Antonio Morales (NC), mostró ayer su satisfacción por el fallo y confió en que el Gobierno de Canarias, "que no actuó conforme a derecho ni respetó la autonomía del Cabildo", declare el BIC. Por su parte, la consejera regional de Política Territorial, Nieves Lady Barreto (CC), señaló el diálogo como herramienta fundamental del actual Gobierno de Canarias y avanzó que los servicios jurídicos de la comunidad autónoma estudiarán la sentencia para decidir si la recurren.
Cuando el anterior Ejecutivo, presidido por Paulino Rivero, se opuso a la declaración del BIC, también instó a la Consejería de Política Territorial a ordenar todo el área mediante el artículo 47 del texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias. Barreto indicó que "nunca se llegó a tramitar" y "ahora no tiene sentido hasta que se aclare el panorama jurídico", informa Efe. Es decir, los empresarios que tengan proyectos de inversión en la zona tendrán que esperar hasta para saber incluso si están afectados, ya que hasta la propia delimitación exacta del espacio natural está por determinarse.
El presidente del Cabildo grancanario que impulsó el BIC fue José Miguel Bravo de Laguna (Unidos), quien ayer confió en que el actual jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo (CC), corrija "el error cometido" por Rivero y no recurra la sentencia que obliga a otorgar la condición de BIC al oasis de Maspalomas.
Mientras, el presidente de la FEHT, José María Mañaricua, describió aquella iniciativa de Bravo de Laguna como un cambio "de las reglas del juego a mitad de partido" tras conocer el proyecto de RIU, lo que provocó que la "inseguridad jurídica" se extendiera por toda la zona. "No entendemos que por una visita de Colón un político o un juez puedan decidir sobre la planificación de una zona turística", lamentó.
Si se declara el BIC, será el Cabildo quien deba redactar una plan de especial protección que detalle qué y dónde puede hacerse. En realidad, es potestad del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, pero cedió la elaboración a la institución insular en el anterior mandato. Ahora bien, puede rescatarlas. El concejal de Urbanismo, Fernando González, no vio ayer que hacer el plan suponga "un problema especial". El consistorio sureño también estudia si recurre o no la sentencia.
