Los miembros de la familia Kokorev -Vladimir, Julia e Igor- sabrán esta semana si continúan en prisión provisional o saldrán en libertad. Ayer se celebró en el Juzgado de Instrucción número 5 la vista entre los abogados, la acusación particular y la Fiscalía Anticorrupción para que expusieran sus argumentos a favor y en contra con el fin de que la jueza decida, ya que han cumplido el límite legal de la prisión provisional, que es de dos años. La titular del Juzgado, Ana Isabel de Vega, dirime entre la libertad de la familia hispano-rusa o mantenerla en prisión provisional con una prórroga que, según la ley, puede ser de dos años más como máximo.
Los abogados que representan a Vladimir, Julia e Igor Kokorev solicitan la libertad ya que, en su opinión, han cumplido un tercio de la condena máxima que supondría un presunto blanqueo de capitales, que es de seis años. Según los letrados, una prórroga de la prisión provisional supone un castigo equivalente a una condena en firme cuando ni siquiera se ha celebrado juicio, a lo que hay que sumar el agravante de que se exige una fianza a cada uno de dos millones de euros si quieren eludir la cárcel, cantidad muy difícil de reunir, según explican los abogados.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción, cuyo titular es Luis del Río, solicita que se prorrogue la prisión provisional por dos años más, como permite la ley, con el argumento de que se mantiene el riesgo de fuga, como ya ocurrió cuando la jueza decretó el ingreso en prisión de los Kokorev en 2015.
Frente al argumento de la Fiscalía, los abogados reiteran que el riesgo de fuga ha disminuido ostensiblemente después del periodo que han pasado en prisión provisional, por lo que, en su opinión, no es argumento suficiente para mantenerlos en la cárcel ya que supone una indefensión frente a los beneficios penitenciarios que podrían tener si ya estuviesen condenados.
Los letrados y la Fiscalía esperan una decisión de la jueza en pocos días porque se cumple el plazo máximo legal de la prisión provisional. En uno u otro sentido, las dos partes analizarán el fallo judicial para un posible recurso.
Los Kokorev están acusados de ejercer de presuntos testaferros del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. Los tres miembros de la familia de origen ruso y nacionalizados españoles se encuentran en prisión desde que el 9 de septiembre de 2015 fueron extraditados desde Panamá, donde fueron detenidos, después de una larga e intermitente investigación que se inició en 2008 tras una querella interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos. Los abogados sostienen que todas las operaciones de los Kokorev están documentadas y con facturas pese a las sospechas de que proceden del régimen guineano.
