El Gobierno canario determinará la legalidad de una intervención urbanística mediante un reglamento por el que tendrán que regirse los ayuntamientos. El Ejecutivo quiere asegurar la coherencia y que haya la menos disparidad posible en las ordenanzas municipales que deben garantizar que el planeamiento territorial se ajusta a la ley. La Consejería de Política Territorial reconoce que se trata de una materia de competencia local, ya que cada ayuntamiento tiene la potestad para adaptar la regulación urbanística a sus particularidades, pero considera que se debe actuar bajo un "estándar común" para evitar incoherencias entre unos municipios y otros y ofrecer una mayor seguridad jurídica a los inversores.
Este es uno de los aspectos que el departamento de Política Territorial va a desarrollar de la Ley del Suelo por vía reglamentaria. Junto con otros cuatro avances de reglamentos, se puso ayer en la web de Transparencia para el proceso de consulta pública previa, procedimiento por el que los ciudadanos, entidades y asociaciones que se puedan ver afectados tienen la opción de formular aportaciones antes de la redacción articulada del texto, que posteriormente será sometido también a información pública para el trámite de alegaciones.
El Ejecutivo alega que busca una regulación detallada de los distintos procedimientos y de sus garantías, entre ellos la concesión de licencias, la recepción de comunicaciones previas, el restablecimiento de la legalidad o el ejercicio de la potestad sancionadora. En este sentido, Política Territorial cree que si no se desarrolla por vía reglamentaria algunos de los aspectos de la ley pueden darse casos de disparidad y variedad de criterios, como el restablecimiento de la legalidad y el régimen sancionador, especialmente sensibles y gravosas para los ciudadanos.
El proceso iniciado ayer tendrá como final el próximo 15 de septiembre, es decir, con la Ley del Suelo ya en vigor. Con las aportaciones y los criterios técnicos se terminarán de redactar los cinco reglamentos para que salgan a exposición pública, lo que alargará el proceso al menos hasta final de este año o principios del siguiente.
Además de la garantía de la legalidad en materia ambiental, urbanística y territorial, también se quiere regular la organización y funcionamiento del futuro registro de planeamiento de Canarias, un instrumento público en el que se inscriban todos los instrumentos de ordenación ambiental, territorial o urbanística de la Comunidad Autónoma. El reglamento pretende garantizar la accesibilidad a todos los ciudadanos al citado registro y facilitar los mecanismos, con el uso de las nuevas tecnologías, que permitan la consulta y la obtención de copias por todos los ciudadanos de cualquier documento inscrito en este nuevo registro.
Instrumentos de ordenación
Otro avance de reglamento es el de los instrumentos de ordenación del territorio previstos en la Ley del Suelo para desarrollar las técnicas de participación ciudadana y de cooperación entre las administraciones, el establecimiento de un procedimiento común de elaboración y evaluación ambiental de los instrumentos de ordenación, completar la suspensión de los planes o los mecanismos de alteración de los instrumentos de ordenación.
La ejecución del planeamiento forma parte de un cuarto reglamento con los objetivos específicos de concretar los plazos de ejecución del planeamiento, la determinación de los gastos de urbanización o el procedimiento de sustitución del propietario por incumplimiento de los sistemas privados.
Uno de los argumentos para este último reglamento es la actualización de lo recogido en el reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado en 2004, al considerar que puede provocar disfunciones y problemas que afectan a la seguridad jurídica.
