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Menores La falta de recursos humanos colapsa el servicio

La falta de personal genera en Infancia un atasco de 2.000 expedientes

Familias de acogida pierden ayudas o derecho a un pediatra por falta de la firma de un jefe de servicio

La falta de personal genera en Infancia un atasco de 2.000 expedientes

Desbordamiento, falta de personal, firmas que no llegan a tiempo, prolongación en el tiempo, casi 2.000 expedientes sin resolver y, lo más preocupante, menores desprotegidos. Así es como los trabajadores sociales encargados de los servicios de Protección a la Infancia y la Familia definen la situación de esta área que califican como "delicada y prioritaria". Cuando se trata de niños y de su bienestar el reloj siempre corre en contra y estos trabajadores, representados por miedo a represalias, por Manolo González, secretario de acción sindical del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), aseguran que se trata de once años de demanda incesable de este servicio en la provincia de Las Palmas que ha obtenido como respuesta una situación de carencia de medios "que se ha agravado drásticamente en los últimos meses", debido a la falta de personal después de nueve años sin celebrarse oposiciones para cubrir plazas vacantes para la Administración Pública.

La cifra de casos pendientes es aún más preocupante si se tiene en cuenta que de los 2.000 expedientes sin resolver existen grupos familiares con uno o más niños que necesitan estar bajo el amparo de la ley. "Tanto para protegerlos en el hogar por encontrarse en situación de desamparo como para llevar a cabo trámites de acogimiento en hogares o con familiares, o en el caso de menores con medidas judiciales", apunta González con intención de resumir la mayor demanda existente y lo que más prisa requiere.

El principal problema reside en la falta de personal "porque cada menor y familia necesita la atención continúa de un jurista, trabajadores sociales, psicólogos, educadores y personal de administración, y están literalmente desbordados ante el volumen de denuncias de desprotección infantil, lo que hace que no existan respuestas inmediatas requeridas o que en algunos casos sea insuficiente con la gravedad que supone", apunta el portavoz. Así, mientras, en el área de valoración de los casos no dan abasto, los informes no llegan con la rapidez que precisan a la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, se incumplen los plazos establecidos por el ordenamiento jurídico y las faltas de firmas influyen negativamente en las acogidas de los menores y su acompañamiento.

Manolo González, en nombre de los trabajadores sociales, critica que "con el trabajo que hay, debería haber tres o cuatro juristas y no hay ninguno tras coger baja el único que había; al menos un jefe de servicio, que tampoco hay ninguno; más valoradores, porque están desbordados; y más personal técnico". Además, el colectivo asevera que "en todas las áreas, el volumen y complejidad de los casos es inabordable para el escaso número de profesionales adscritos a cada una de ellas, siendo consecuencia inevitable enfermedades psicosomáticas y otras situaciones, que llevan con frecuencia a bajas intermitentes".

Hablan, también, de la desaparición de puestos de jefatura de servicio, "que hacen aún más precaria la situación", y de jubilaciones entre el personal administrativo "sin que hasta la fecha se haya nombrado o contratado nuevo personal". "La directora del servicio, Carmen Morales, incluso, le ha dicho a los trabajadores sociales que firmen, junto a ella, propuestas de acogimiento, algo prohibido legalmente", agrega González.

Como consecuencia, las dificultades crecen cada día volviéndose "insostenibles" para los que tienen que responder ante este "abandono institucional", como ellos mismos lo definen. Pese a ello, los realmente perjudicados son los menores, que sin tener culpa de sus circunstancias tienen que sufrir por partida doble lo que les ha tocado vivir.

Aunque el papeleo parezca algo simple, este colectivo defiende que la falta de una firma puede convertir seis meses de trámite, a lo sumo, "en hasta tres años de espera" para que una familia que acoge a un menor, dándole tranquilidad y estabilidad, pueda recibir la ayuda económica que le pueda corresponder según el caso. Así, afirman que son muchos los pequeños los que se quedan sin el derecho a un pediatra, a vacunas o a cita previa, "pudiendo sólo acceder al servicio sanitario por urgencia", apuntan.

La tramitación del Documento Nacional de Identidad o del Pasaporte es otra gestión que se ve parada diariamente como consecuencia, "con lo incómodo que resulta para los adolescentes en el Instituto, quedándose sin opción a viajar por fin de curso" o, incluso, inconvenientes para los que están en el colegio "a la hora de realizar actividades extraescolares, salidas, hacer la ficha de federación deportiva, cambiar de centro o bautizarse y hacer la comunión con los amigos por no poderse justificar su presentante legal", relata González, en nombre de los trabajadores, que hacen especial hincapié en que se trata de factores que "agravan un trauma que a veces no logran procesar adecuadamente por su corta historia de vida".

Pérdida de subvenciones

El problema se intensifica cuando se abordan temas de salud "y las familias de acogida ven que no pueden firmar para hacer a los menores pruebas médicas específicas u operaciones", añaden sin olvidar hacer mención del sacrificio que realizan los acogentes -que pueden tener parentesco biológico o ser ajenos- "que, por lo general, suelen ser de economía ajustada", especialmente si se trata del primer caso.

A pesar de ello, el colectivo denuncia que son muchos los que, por esta problemática, pierden subvenciones, beneficios para desempleados en esta situación, derecho a carné de familia numerosa al sumarse un nuevo miembro a la unidad familiar, ayudas escolares o para el transporte y, sobre todo, apoyo y acompañamiento, "como establece la ley y merecen, ya que se pueden sentir solos en muchas ocasiones ante circunstancias de importantes dimensiones que generan gran carga de estrés a la familia acogente", fijan. Después, está el temor a las repercusiones, "porque, por lo general, se trata de personas humildes que hasta para exigir sus derechos tienen miedo de que se interprete que, con el acogimiento, lo que les interesa son las ayudas", explica Manolo González.

Tres veces ha cambiado ya la Consejería de Políticas Sociales de responsable, según asegura el colectivo implicado, desde que se informó de lo que estaba ocurriendo. "Hemos mandado una carta al Diputado Común, pedido una reunión con la consejera actual, incluso antes de que empezara el periodo de vacaciones, y se pasan la pelota, nos mandan al viceconsejero y este a la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, pero queremos hablar personalmente con la responsable de la Consejería; incluso se ha abierto un expediente de queja y no dan respuesta, a pesar de que se trata de algo muy grave", destaca el portavoz.

Por su parte, desde la consejería implicada y en nombre de su mandamás, Cristina Valido, defienden que "la falta de personal ya había sido detectada por nuestro equipo directivo. Esta viene heredada, por un lado, de la crisis económica, en un periodo en el que no se sustituían las plazas vacantes por jubilación o por baja, por las restricciones en materia de déficit público impuesto por el Gobierno de España, que impedía la contratación de personal para las administraciones públicas y, por otro, por la ausencia de jefes de servicio que han ido cesando por diferentes motivos".

A pesar de ello, como dato alentador, garantizan que "está previsto que en septiembre se incorpore un nuevo jefe de servicio y que Función Pública abra y amplíe oferta pública de empleo para el próximo año y se puedan ocupar las plazas vacantes".

Por otra parte, refuerzan diciendo que "se incorporó personal con un plan de choque" y que "hay otro en tramitación, pero hay jefaturas que son más difíciles de resolver porque el acceso a ellas está limitado y hay tanta oferta en Canarias que es difícil que los que acceden no opten por otras jefaturas que, por otros motivos y lícitamente, les puedan resultar más interesantes. En otras palabras, las jefaturas no se pueden resolver con planes de choque".

Desde Sepca, se mantienen en que "frente a esta situación nos encontramos con la impasibilidad y desidia de políticos y Gobierno de Canarias, ya que este último nos habló de un plan de choque que nunca se ha aplicado en estos servicios, al contrario han desaparecido puestos". Además, tachan los hechos de "lamentables" y requieren "una respuesta inmediata, que parece que nunca va a llegar, porque el Gobierno de Canarias mira para otro lado o está en otras cosas".

Lo cierto es que el problema continua, todavía no se ha solucionado y el desbordamiento es una realidad que los que la experimentan diariamente esperan que se modifique para bien y comience una cuenta atrás desde 2.000 hasta cero. "Por ellos, por los niños y las familias, porque parece incoherente que por Ley se declare prioritaria la Protección de Menores pero la realidad vaya por otro camino", concluyen a través del sindicato representante.

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