El plazo de diez días habilitado para solicitar las ayudas al alquiler de viviendas y su convocatoria en agosto ha provocado una oleada de indignación y enfado entre los ciudadanos que aspiran a obtenerlas. El Ejecutivo regional publicó el primer día del mes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la convocatoria de la subvención por 1,28 millones, destinada a la residencia “habitual y permanente” de las familias cuyo alquiler sea menor o igual a 450 euros.

Pese a que los demandantes aplauden el “alivio” que supone la prórroga del convenio para la ejecución del plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, critican el escaso tiempo que han tenido para recabar y presentar toda la documentación requerida. Una situación que se agrava por abrirse el plazo en pleno mes vacacional y con horarios de atención al público “muy ajustados”, según denuncian.

Las ayudas cubrirán el 40% de la renta anual justificada en concepto de alquiler, con un límite máximo de 2.160 euros anuales por casa. Ayer era el penúltimo día del período del presentación y la cola daba la vuelta en la plaza anexa a la entrada del edificio de Usos Múltiples II de Las Palmas de Gran Canaria, donde se sitúa la sede del Instituto Canario de la Vivienda. Durante la media mañana de ayer, en torno a cien personas aguardaban a que les tocara el turno para presentar su solicitud acompañada del contrato de arrendamiento y sus ingresos.

La directora del Instituto Canario de la Vivienda, María del Pino de León, defiende que el periodo habilitado para solicitar la ayuda es suficiente, sobre todo porque en esta ocasión, según apunta, se ha reducido la documentación requerida. De León subraya, a su vez, que los interesados no solo pueden pedir estas ayudas en las sedes del Instituto Canario de la Vivienda -que en el caso de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el edificio Daida-, sino también por internet y en cualquier registro contemplado en el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.