¿Está bien colocada Canarias en el documento de los expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica (SFA)?
Algo tremendamente relevante es que por vez primera en un documento público, llamémoslo académico, porque no deja de ser un análisis, se reconoce que Canarias no cuenta con privilegios, como hasta ahora consideraban algunos relevantes economistas.
¿Así de sencillo?
Si algo no ha sido es precisamente sencillo. Ha costado mucho lograrlo, sobre todo a Arturo Melián, el experto designado por Canarias. Ni siquiera hubo un voto en contra o aclaratorio, todos han asumido que el diferencial que contempla el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias obedece a cuestiones objetivas y lo enlazan con la ultraperiferia. Este concepto hasta ahora estaba reconocido por la Comisión Europea y solo en ocasiones por el Parlamento español. A partir de ahora se abren muchas posibilidades de futuro.
¿Por ejemplo?
Se apunta que la valoración de los beneficios y las resoluciones para cubrirlos han de fijarse mediante una negociación entre Canarias y el Estado. Tanto el Consejo Asesor del Presidente como los grupos del Parlamento canario han sido unánimes al valorar el avance contenido en el documento.
Resta la negociación política. ¿Corremos el riesgo de que ahí lleguen las rebajas?
Es verdad que se abre una etapa difícil, porque todas las comunidades autónomas quieren mejorar, pero, de entrada, Canarias ha quedado muy bien retratada.
El SFA se sustancia en una ley orgánica, va a llevar tiempo la aprobación. ¿Cuándo empezará a operar el nuevo modelo para el reparto de los fondos que sostienen la educación, la sanidad y las políticas sociales?
En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue muy concreto y explícito. Afirmó que tenemos ya un documento muy valioso y también mucho interés en caminar rápido.
¿Pero cuánto? ¿Habrá un nuevo reparto el año próximo?
Al final de la próxima semana concluye el plazo para que las comunidades comuniquen los nombres de quienes van a conformar el comité que empezará ya a trabajar con las conclusiones del documento entregado por los expertos, pero ya con el objetivo de hacer una valoración global del sistema, con el análisis de los datos. Estos trabajos durarán hasta noviembre.
Con toda la tramitación parlamentaria, no habrá nueva ley para el SFA hasta como pronto mediados de 2018.
Pero Montoro ya ha dicho que no tiene inconveniente en que la modificación se considere con carácter retroactivo. Es decir, si se aprueba a mitad de 2018, se considerará el inicio del año como punto de partida para la aplicación del nuevo sistema.
¿Habrá acuerdo?
El ministro fue muy claro. Todas las comunidades autónomas quieren mejorar y los colores políticos que las gobiernan son dispares. En el Congreso de los Diputados no bastan los votos del Partido Popular (PP), han de sumarse otros grupos, por eso invitó a las comunidades en el CPFF a llegar a un acuerdo. Lo dijo claramente, si no hay compromiso para sacarlo adelante, es imposible.
Situación parecida a la que afronta el Gobierno de Canarias con los presupuestos del año próximo, los primeros que afronta en minoría. ¿Teme que se complique el debate?
Sacar un presupuesto, tanto en minoría como con apoyo parlamentario suficiente, siempre entraña dificultades. No soy la autoridad en este caso, pero a priori entiendo que va haber mucha negociación, mucho diálogo.
¿Y si no es suficiente?
Tenemos una experiencia reciente con la ley de crédito extraordinario. Lo tenemos bastante reciente y al final se aprobó por unanimidad. Hubo concesiones por parte de todos los grupos parlamentarios y nos gustaría que se replique ese nivel de entendimiento a la hora de negociar el presupuesto del próximo año.
La consejera Rosa Dávila anunció la creación de un comité de expertos para analizar la fiscalidad canaria e introducir cambios en los impuestos si se considera necesario. ¿Ha habido movimiento al respecto?
Ese grupo se creó y en él han estado trabajando expertos de la Consejería de Hacienda, la Agencia Tributaria, otras áreas del Gobierno e incluso de las universidades. El objetivo es la redacción de un documento que analice la fiscalidad del Archipiélago y la compare con otras comunidades autónomas y el ámbito nacional.
¿Qué dice ese documento?
Aún no está entregado, pero sí muy avanzado. No hay conclusiones todavía que permitan determinar por dónde se va a caminar.
¿Pero se mantiene el compromiso de tenerlo listo antes de fin de año?
Sí, no hay cambios. Se trabaja en esa línea y ya se están analizando medidas concretas que podrían ser implementadas seguramente hasta en la propia ley de presupuestos. Esto al margen de que salga adelante la reforma fiscal.
¿En las próximas cuentas?
Posiblemente, sí. De hecho ya algunas cuestiones están decididas en virtud de un calendario.
¿A qué impuestos afecta?
A la imposición sobre las labores del tabaco. Ya estaba acordado y con medidas programadas en tres anualidades que se enmarcan en la política de precios mínimos que ciertas marcas se han comprometido a fijar para evitar grandes diferencias entre los productos de alta y baja calidad.
¿Algún nuevo retoque al IGIC como los del presente ejercicio?
No. La consejera ha encargado una revisión global para ver si en la propia ley de presupuestos podemos introducir retoques, pero en asuntos más relacionados con las familias. Es demasiado pronto, solo tenemos el encargo.
¿Descartadas la reforma global y los retoques?
Puede que algún retoque vaya, pero es pronto para asegurarlo y más aún para definirlo.
La consejera habló de incluir medidas para fortalecer la economía. ¿De qué manera?
Cuestiones que tengan que ver con creación de puestos de trabajo y fortalecimiento de los existentes, formación y políticas de empleo... Iniciativas que se atenderán con fondos propios y estatales. También medidas para fomentar el acceso al mercado de trabajo los jóvenes, la emprendeduría y, además, un plan de empleo social. Habrá un impulso importante a todo ello en los presupuestos de 2018.
¿Algo más concreto?
En empleo para jóvenes, las propias directrices del Gobierno canario y la estrategia de empleo juvenil desembocarán en que varias administraciones en conjunto sufragarán la totalidad de los costes salariales de cada trabajador. Entendemos que eso va a ser un impulso importante.
¿Presupuesto expansivo?
Lo damos por hecho aunque no sabemos hasta dónde podremos llegar. Depende de cómo quede el límite de gasto. Tenemos la constancia de los incrementos de fondos del Estado y eso nos sirve para decir que va a ser expansivo.
¿En qué se traduce la flexibilización de la regla de gasto?
El propio sistema de financiación va a determinar un incremento de los fondos que corresponden a Canarias. Es un crecimiento importante, que entendemos tendrá cabida en la regla de gasto. Es cierto que hasta que no estén configurados los ingresos totales, ya sea por la vía de las entregas del sistema de financiación o por las previsiones del Gobierno canario, no podremos saber exactamente con qué cantidad contaremos.
Pero sí conocen los topes que no podrán rebasar.
Sí, sabemos que no podemos superar el 0,4% de déficit, ni el 16,3% de deuda. Pero esto no va a ser problema, estaremos por debajo de esas cifras, incluso prevemos cerrar el próximo ejercicio en equilibrio o con superávit. La regla de gasto mantiene el límite de crecimiento en el 2,4%, teniendo en cuenta que el crecimiento previsto del PIB estará en torno al 2,7%, podemos decir que el Estado empieza a ser más generoso de lo que lo fue para este año. Además, ya para 2020 podremos llegar hasta el 2,8%; los crecimientos permitidos por la regla de gasto empiezan a ser más holgados. Esos datos son los que tenemos que encajar en el proyecto final y ya veremos si el Estado, en función de cómo transcurra 2018, incluso puede mejorar las cifras. En resumen, puede que el crecimiento del próximo presupuesto llegue al límite, pero faltan por conocer las cifras macro totales.
