Mañana se cumplen nueve años del accidente de Spanair en el que murieron 154 personas, ocurrido el 20 de agosto de 2008 cuando el vuelo JK5022 despegaba del aeropuerto de Barajas, en Madrid, con destino a Gran Canaria. La Asociación de Afectados de este vuelo sigue luchando para que se investigue la verdad de lo sucedido y se haga justicia con la reapertura de la causa penal.

La presidenta de la asociación, Pilar Vera, expuso ayer que tienen apoyos de partidos e instituciones para presentar en septiembre una iniciativa en el Congreso con la petición de que se abran dos comisiones de investigación.

Una de ellas, que tenga como fin analizar el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac), que determinó que en 2012 la Audiencia Provincial de Madrid dictara un auto donde hacía suyas las conclusiones de este informe, en el que se decía que la culpa era de los pilotos y se archivó el caso en sobreseimiento libre, ni siquiera provisional.

Sin embargo, no fue una investigación independiente, explica Pilar Vera. Y alude, además, a que la nave siniestrada tenía caducada la licencia de vuelo pero su permiso fue renovado sin realizar las inspecciones adecuadas. Por ello, piden que la segunda comisión en el Congreso aclare desde el punto de vista de la normativa la forma en que se siguen otorgando los permisos a aviones sin inspeccionar. A su juicio, la concesión de esta licencia es un hecho que permitiría abrir la causa penal y más aún con el sustento de sendas comisiones de investigación. Vera considera que las condiciones políticas han cambiado, y que aunque el pasado marzo PP y PSOE rechazaron en el Senado una propuesta de Coalición Canaria para crear una comisión de investigación en la Cámara Alta que aclarara las causas del accidente del avión de Spanair, ahora hay nuevos dirigentes en la cúpula del PSOE, como Pedro Sánchez, o Ángel Víctor Torres en Canarias, más proclives a su causa, y en el PP cuentan también con más apoyos. "A todos los diputados de Canarias en el Congreso les interesa que esto se aclare", expone.

Señala que un fallo de la Audiencia de Barcelona en 2016 aplicó las normas comunitarias y el Convenio de Montreal de 2002, y corrigió la decisión de primera instancia de indemnizar a la familia de un pasajero que falleció en el accidente como si fuera una víctima de accidente de tráfico. "No me puedo explicar cómo la Audiencia Provincial de Las Palmas, con más de 70 muertos de Gran Canaria, no ha aplicado esto y se mantenga en sus trece en vez de seguir la senda y la estela de la sentencia de Barcelona y condene a las familias a seguir litigando en el Supremo", indica.