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Cuenta atrás Tres días para la entrada en vigor de la norma estrella de Clavijo

El Gobierno canario forma a los ayuntamientos en la Ley del Suelo

Política Territorial culmina la contratación de personal para las oficinas de apoyo a las corporaciones locales e insulares que se abrirán en cada una de las Islas

El Gobierno canario forma a los ayuntamientos en la Ley del Suelo

El Gobierno canario no espera un aluvión de peticiones en los primeros días de la entrada en vigor, el próximo viernes, de la Ley del Suelo, la norma estrella del presidente Fernando Clavijo en esta legislatura. Pero sí prevé que la demanda se irá incrementando y como los ayuntamientos y cabildos asumen mayores competencias y la ley es compleja, al contener más de 450 artículos y disposiciones, ya está formando a las corporaciones locales e insulares.

La consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, explica que los técnicos municipales han recibido formación durante el proceso de aprobación de la ley. Además, está finalizando la contratación de personal para, en la primera quincena de septiembre, abrir todas las oficinas de apoyo a las corporaciones en cada una de las Islas, con la empresa pública Gesplan.

El personal que se ha contratado es el que cada isla ha pedido, recalca la consejera. "Hemos hecho consultas a los ayuntamientos y cabildos en función de las necesidades que tienen y, por ejemplo, hay islas que han demandado más arquitectos y menos juristas para apoyar a las oficinas técnicas municipales", subraya Barreto.

Estas medidas se van a realizar con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y, entre otras, se contempla, en coordinación con las fundaciones universitarias, un curso específico de formación sobre la Ley del Suelo en la segunda quincena de septiembre dirigido a técnicos municipales e insulares, así como formación continua a través de las oficinas de apoyo, en las que habrá una persona para atender las dudas sobre la nueva norma, que resolverán no solo los profesionales que han realizado la redacción de la ley sino técnicos de la Consejería de Política Territorial.

"El Gobierno quiere que cualquier ciudadano que vaya a pedir información a su ayuntamiento sobre si tiene que presentar una licencia o una comunicación previa, por ejemplo, al final se le responda en plazo", indica la consejera.

Para dar formación y apoyo, el Ejecutivo ha destinado este año 500.000 euros, presupuesto que probablemente ampliará en enero una vez vea cómo respira la ley en los primeros cuatro meses de su aplicación y se detecten las necesidades de las corporaciones. "Tenemos que ver dónde tienen los atascos y nuestra intención es hacer un diagnóstico de la realidad pasados estos meses y reforzar donde haga falta", asevera.

Sin licencia

De hecho, el 1 de septiembre entrará en funcionamiento ya un paquete de artículos de la norma que son de aplicación directa, como cuestiones de crucial importancia para el sector primario, y otros artículos que tienen que ver con la relación del ciudadano con su ayuntamiento, para agilizar obras menores como, por ejemplo, pintar una vivienda por dentro o reformar un baño sin cambios en la estructura. Estas actuaciones menores quedan exentas de licencia o comunicación previa a los ayuntamientos.

De otro lado, la mayoría de las obras que requerían pedir licencia municipal pasan a ser comunicación previa. Eso supone que un ciudadano que quiera hacer cualquier tipo de actuación que entra dentro de esta tipología, como el vallado de fincas, limpieza de terrenos o la instalación de andamiajes, podrá realizarlas a los 15 días si después de presentar la comunicación de lo que pretende ejecutar, el ayuntamiento no le contesta o no requiere que subsane algún documento. Para los agricultores, la entrada en vigor de la ley viene a dar respuesta a una demanda histórica. A partir del viernes podrán preparar terrenos, instalar riegos o reparar infraestructuras vinculadas a la agricultura, entre otras actuaciones, sin necesidad de licencia o comunicación previa.

Y además, podrán ya regularizar sus fincas y proponer proyectos para rentas complementarias a su actividad principal en el sector agrícola y ganadero, mediante la transformación y venta de productos, desarrollo de actividades cinegéticas, producción de energías renovables e, incluso, de restauración siempre y cuando esté ligada a la propia explotación.

CC, PP y la Agrupación Socialista Gomera apoyaron la ley, mientras el PSOE, NC y Podemos creen que es desarrollista y abre puertas traseras. Noemí Santana, secretaria general de Podemos, subraya que la norma "perjudica el interés general de Canarias y solo beneficia a los grandes propietarios".

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