La Agrupación de la Policía Canaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO y la Federación de Servicios Públicos de UGT exigen a la Delegación del Gobierno en Canarias y al Ejecutivo regional el desarrollo de un plan antiterrorista en el que se incorpore a los más de 3.000 agentes de la Policía Local del Archipiélago. A juicio de los sindicatos, en las Islas no se están adoptando las medidas necesarias para abordar la lucha contra el terrorismo con el nivel cuatro de alerta, pues denuncian que se ha dejado apartado a los ayuntamientos pese a que el Ministerio de Interior, tras los atentados de agosto en Cataluña, pidió extremar las medidas policiales de prevención y reacción frente a este tipo de ataques con la integración de los efectivos de ese cuerpo.

Los sindicatos han remitido al Gobierno de Canarias, a la Delegación y a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) un informe con 24 medidas concretas en torno a cuatro ejes: coordinación, seguridad municipal, autoprotección de los agentes de la Policía Local y reformas legislativas. El portavoz de la Agrupación de la Policía Canaria, Carlos Lesmes, asegura que la Delegación "ha usurpado las responsabilidades" del Ejecutivo regional que, bajo su punto de vista, "ha dejado de lado sus funciones. "Parece que como han pasado varios días, ya no existe ese temor a nuevas amenazas o peligros, y eso es una irresponsabilidad política", asegura Lemes.

Aunque los sindicatos ven con buenos ojos que la Delegación haya mantenido reuniones con algunas administraciones locales, lamentan que en esos encuentros no se profundicen en medidas de colaboración de los policías locales. "Ahora lo resumen todo en la medida estrella: la colocación de bolardos", apunta. Lemes lamenta que solo se haya tratado este asunto con las dos capitales de provincia y San Bartolomé de Tirajana. Pese a que indica que todos los municipios "son imprescindibles" en materia de seguridad, lamenta que otras localidades turísticas como Adeje, Arona o Mogán, y aquellas que presentan un alto número de habitates, como Telde o Santa Lucía de Tirajana, no hayan sido citados.

Entre las medidas que proponen, destacan la vigilancia de "movimientos sospechosos" en inmuebles ocupados o espacios de riesgos potenciales en cada municipio; tomar medidas ante posibles brotes de discriminación, xenofobia o islamofobia; o ampliar la presencia física de los policías locales en zonas específicas como medida disuasoria.