La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha examinado este jueves varias quejas contra la Ley del Suelo y la Ley de Islas Verdes de Canarias y ha solicitado a la Comisión Europea más información sobre ambos casos antes de pronunciarse sobre si contravienen o no las normas comunitarias sobre la protección del medio ambiente.
Así lo ha expresado la presidenta de esta comisión europarlamentaria, la sueca Cecilia Wikström, tras escuchar las alegaciones de cinco peticionarios canarios con respecto a estas dos legislaciones de la comunidad autónoma.
El representante del Ejecutivo comunitario que ha intervenido durante el debate ha asegurado que Bruselas no ha tenido tiempo de examinar "al detalle" las denuncias que se han presentado sobre esta cuestión a la dirección general de Medio Ambiente, pero ha "tomado nota" de los argumentos presentados, tanto por los peticionarios como por el Gobierno canario, y ha garantizado que "en breve" comunicará las conclusiones.
"Vamos a pedir a la Comisión que más adelante nos brinde más información una vez que haya investigado más este tema (...). Volveremos a tratar estos puntos y analizaremos las respuestas que nos aporte la Comisión", ha señalado Wikström, para después añadir que las quejas serán remitidas también a la comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara.
Los peticionarios denuncian que el objetivo de la Ley de Suelo, en vigor desde el pasado 1 de septiembre, es liberalizar y desregular, al mismo tiempo que defienden que supondrá "un paso gigante hacia atrás" para el Archipiélago, debido a que relajará los principios y las garantías en la gobernanza del territorio y sus recursos naturales.
Con respecto a la Ley de Islas Verdes, afirman que establece "esquemas extraordinarios de planificación turística" cuyo objetivo es construir infraestructuras turísticas "sin límite en relación a la capacidad o superficie", incluyendo aquellas amparadas con los máximos niveles de protección medioambiental o natural.
En contra de estos argumentos, el Gobierno de Canarias ha defendido que "no es cierto que estas leyes pongan en peligro la protección medioambiental del archipiélago", sino que "están dirigidas al cumplimiento estricto de las directivas europeas y de la legislación básica del Estado español".
En concreto, la representante del Gobierno canario ha asegurado que la Ley de Suelo, que lidera la consejería de Política Territorial dirigida por Nieves Lady Barreto, no contraviene ninguna legislación ambiental y que la Ley de Islas Verdes "propone un modelo de desarrollo turístico sostenible para las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro que busca "preservar sus recursos naturales a través de la promoción de establecimientos turísticos de mediana y pequeña dimensión compatibles con un crecimiento moderado que evita el despoblamiento".
En el debate también han participado, entre otros, los eurodiputados canarios Gabriel Mato (PP) y Juan Fernando López Aguilar (PSOE). El primero ha señalado que los peticionarios no han aportado "ni un solo argumento" para demostrar que las leyes contravienen las normas comunitarias y el segundo ha apoyado la posición de los peticionarios en relación a la Ley del Suelo, que "multiplica las escotillas y las puertas traseras por las que se puede violar la seguridad jurídica".
