El Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), cuyo reparto fue uno de los principales motivos de la ruptura del pacto de gobierno del PSOE y Coalición Canaria hace casi nueve meses, sigue levantando polémica. Esta vez se ve envuelto en la controversia por los vertidos en el mar. Ayer el PSOE echó en cara al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, que rechazara utilizar recursos de este programa para infraestructuras de depuración y reutilización de aguas residuales, sin embargo, los convenios suscritos por el Ejecutivo con los cabildos en diciembre sí recogen partidas dirigidas a tal fin. En concreto, más de un tercio de los recursos para infraestructuras hidráulicas son para ejecutar actuaciones para depuración. Tal es así que Gran Canaria, pese a que su presidente, Antonio Morales, insiste en que el 99% de las aguas vertidas al mar en esta isla están depuradas, impulsa una veintena de obras para la regeneración de aguas sucias con dinero del Fdcan.
El reparto de los fondos con cargo al extinto Impuesto General de Tráfico de Empresas (ITE) fue el detonante que terminó por enconar las relaciones entre nacionalistas y socialistas y dinamitó su alianza regional el 23 de diciembre del pasado año, la víspera de Nochebuena. Una semana después Clavijo firmó los convenios con los siete cabildos, las dos universidades públicas y los cuatro ayuntamientos que no concurrieron a los programas insulares para poner en marcha las obras presentadas bajo el paraguas del Fdcan. El acto institucional puso fin a catorce meses de disputas por la distribución de los 160 millones de euros anuales durante la próxima década para dinamizar la economía de las Islas.
Saneamiento
Dichos acuerdos contemplan 302,7 millones de euros para infraestructuras hidráulicas y, de ahí, una tercera parte, casi 121 millones, para acciones en depuradoras solicitadas por los cabildos.
El gran ausente de aquella cita fue el presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, para evidenciar la oposición insular, ya que desde el primer momento fue el mandatario insular más beligerante contra la fórmula para repartir los fondos. En su lugar asistió el consejero de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez (NC), que estampó su firma en el convenio. Su rúbrica posibilitó que el Cabildo pudiera disponer de 50,7 millones de euros -cofinanciado al 50% por el Gobierno regional y la institución insular- para invertir en infraestructuras hidráulicas en cuatro años, esto es para depuración, saneamiento y abastecimiento. Más de la mitad de este importe, 27,2 millones, para 17 proyectos solicitados por la corporación insular para la ampliación y mejora de depuradoras, instalar saneamiento soterrado y efectuar obras en emisarios submarinos, entre otras.
Esta reclamación del Cabildo de Gran Canaria para derivar fondos del Fdcan a fin de mejorar la calidad de las aguas que vierte al mar no encaja con las declaraciones de Antonio Morales, quien desde principios de septiembre insiste en que la isla depura el 99% de las aguas que emite y defiende que se ha hecho un "esfuerzo importante" en materia de depuración.
En el caso de Tenerife, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha admitido que en la isla hay un problema de saneamiento de las aguas residuales. No en vano, el Fdcan contiene 66,8 millones de euros para desarrollar su Plan Hidrológico Insular en diez años, aunque no está detallado cuánto iría para acciones de depuración.
Con todo, la isla con más problemas para tratar sus aguas es Lanzarote, que recibirá 151,2 millones del Fdcan para sus instalaciones hidráulicas durante el próximo decenio, 93,7 millones exclusivos para la depuración de sus aguas negras. Mientras que Fuerteventura contará con cerca de 34 millones para proyectos de almacenaje y distribución de agua, no de depuración La Palma y La Gomera acometerán también obras pero dentro del presupuesto total que ingresarán del Fdcan. El Hierro no pidió dinero para proyectos de este tipo.
Estas cifras del Fdcan, con el visto bueno de los cabildos, contradicen las declaraciones de la presidenta del grupo parlamentario socialista y exvicepresidenta del Gobierno regional, Patricia Hernández, que ayer aseguró que el presidente, Fernando Clavijo, se opuso a usar recursos del Fdcan para infraestructuras de depuración y reutilización de aguas residuales, "pero ahora culpa a los cabildos y ayuntamientos" de los vertidos descontrolados al mar.
Hernández aseguró en el pleno de la Cámara que el propio consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, presentó proyectos para ser financiados con cargo al Fdcan, propuesta que Clavijo rechazó. "Usted ha dado barra libre [en el tema de los vertidos], así que ahora no se queje de la resaca", afirmó Hernández dirigiéndose al presidente.
La diputada socialista subrayó que gobernar es priorizar, "por lo que tenemos un problema, al margen de la multa de la Unión Europea por las deficiencias en Canarias en la recogida y tratamiento de las aguas residuales".
Ante ello Clavijo le replicó que hay 302 millones en el Fdcan para depuración a los que se han podido acoger cabildos y ayuntamientos, al tiempo que reprochó a Hernández que fue ella quien, cuando eran socios de gobierno, reclamó que todo el dinero del fondo fuera para servicios sociales.
El dirigente nacionalista admitió que el Gobierno ya había detectado el conflicto de los vertidos en las Islas y por ello se decidió dedicar un 75% del Fdcan a inversión en infraestructuras, tales como los equipamientos hidráulicos.
Clavijo citó entre los problemas que surgen con estas infraestructuras las "dificultades de Costas para autorizar los emisarios".
La consejera regional de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad Nieves Lady Barreto, comparecerá este miércoles en el Parlamento para informar sobre el censo de vertidos de tierra a mar en las Islas que elabora el Ejecutivo, registro que ayer anunció que ya tiene los primeros datos oficiales.
