Canarias necesita más de 2.000 millones de euros para aplicar un ciclo integral del agua, que comprende el abastecimiento de agua potable y el saneamiento y depuración de las aguas residuales. Así lo aseguró ayer en el Parlamento el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, que anunció que el Gobierno regional y el Estado negocian un protocolo para garantizar las inversiones en obras hidráulicas los próximos doce años. Madrid ya ha dado el visto bueno y está previsto que el protocolo se firme a finales de este año y a principios de 2018 se suscribirá el primer convenio.
Dicho protocolo se desarrollará mediante tres convenios de cuatro años, es decir hasta 2029, y rondará los 900 o mil millones de euros, de recursos estatales y europeos. Ello se traducirá en actuaciones en todas las Islas y el Ejecutivo regional también ha pedido al Gobierno central otro convenio de diez millones de euros para obras que no son de interés general y que responden a la dispersión urbanística y núcleos de población menores.
El resto de la financiación hasta sumar los 2.000 millones procedería de inversiones de los ayuntamientos, los cabildos, el Ejecutivo autonómico mediante recursos propios y los 302,7 millones para infraestructuras hidráulicas incluidos en el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan); fondos Feder y otros 50 millones del Plan nacional de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia (Plan Crece), destinado a instalaciones que ya tienen abierto un expediente de sanción por la Unión Europea.
Todo ello a fin de ejecutar obras que eviten vertidos de aguas fecales en las costas canarias. Un problema que requiere un "fuerte componente de colaboración interadministrativa", insistió Quintero, que confesó que si de algo se alegra de lo ocurrido con las cianobacterias es que todos han sido "conscientes" del problema de los vertidos que, a su juicio, es "más preocupante".
Reconoció que este asunto no se resuelve en una legislatura, sino a medio-largo plazo. En esta línea, su departamento pidió en 2015 información a todos los consejos insulares de aguas para planificar el ciclo integral del agua y recibió los informes en febrero de 2016 con más de una treintena de actuaciones para depuración, saneamiento y reutilización. Esa documentación ha servido de base para la planificación y, además, se ha creado un grupo de trabajo con el Ejecutivo central para preparar el protocolo de obras hidráulicas.
El Gobierno canario asumió en junio las competencias de forma temporal para elaborar los planes hidrológicos insulares y en julio adjudicó su redacción a la empresa pública Tragsatec por 1,5 millones. El objetivo es tenerlos aprobados antes de septiembre de 2018 para evitar las sanciones de la UE.
Quintero defendió que la calidad del agua en Canarias es "buenísima" pese a los vertidos, al tiempo que comentó que "muchas partidas presupuestadas para depuración no van a ser ejecutables porque no están los permisos o proyectos realizados".
La diputada socialista Ventura Rodríguez espera que con los tres convenios previstos con Madrid no suceda lo mismo que con el actual, que todavía tiene parte por ejecutar, e instó a Quintero a buscar la fórmula para que todas las administraciones cumplan en tiempo y forma la ejecución de las obras.
El portavoz de NC, Román Rodríguez, elogió al consejero por reconocer el problema de los vertidos y plantear propuestas. Francisco Déniz, de Podemos, reclamó usar el agua depurada para regar, en lo que coincidió Quintero sobre la posibilidad de usos de aguas depuradas en el sector primario, abaratando los costes para los agricultores y ganaderos. Luz Reverón, del PP, criticó también el despilfarro del agua potencialmente reutilizable.
