Los puntos negros de vertidos ilegales al mar en Canarias han disminuido casi un 34% en diez años. El censo publicado por el Gobierno canario en el año 2008, con datos recopilados en 2007, detectó hasta 372 conducciones que vertían al océano Atlántico sin autorización, lo que supone cerca del 74% del total de las inventariadas en el Archipiélago. El último registro presentado esta semana en el Parlamento por la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, recoge un total de 246 emisiones fuera de control, es decir, 126 vertidos menos que hace una década y que desaparecen por diversos factores.
En septiembre de 2006, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial adjudicó a Cívica Ingenieros la actualización del censo de vertidos desde tierra al mar en Canarias, que constituye una revisión del listados elaborado entre los años 2001 y 2003 por Servicios Omicron.
Los datos se recabaron en 2007 y el mapa de la contaminación en el litoral de las Islas se conoció en 2008. Un análisis de la información difundida en la web del Ejecutivo regional revela que hace diez años había 504 vertidos indiscriminados en las costas canarias, de los que 372 eran ilegales y solo el 20%, 105 puntos, sí tenían los permisos administrativos pertinentes.
Los resultados del nuevo censo provisional del Gobierno -el documento definitivo estará finalizado en el mes de noviembre- contabilizan 355 vertidos: 109 con licencia para operar (31%) y 246 ilegales, lo que significa el 69% de las emisiones de aguas sucias provenientes de procesos de depuración, desalación, procedimientos industriales, aliviaderos de aguas y vaciado de piscinas, entre otras infraestructuras, desembocan en el mar sin ningún examen sobre su tratamiento, lo que hace que sean más nocivas para el entorno.
El número de vertidos no autorizados se ha reducido en todas las Islas en estos diez años, so- bre todo en Lanzarote, con 45 derrames ilegales menos, segui-do por Gran Canaria, con 38 menos, mientras que en Fuerteventura y Tenerife se han constata- do 16 y 15 focos menos, respectivamente.
Más población y más turistas con el paso de los años en el Archipiélago, pero menos vertidos. Una ecuación que los partidos de la oposición no entienden. Si bien todos los grupos inciden en que es necesaria la implicación de todas las administraciones para resolver este problema histórico, que degrada el medioambiente y afecta a la salud pública. No obstante, según la versión del Ejecutivo, el descenso de los puntos negros obedece a diferentes causas.
El último censo pretende dar la "imagen real" de los vertidos que van al mar y que podrían producir un impacto en el medio marino, por ello, "se han racionalizado los criterios para dar coherencia y eficacia a todo el documento". Un porcentaje de las bajas respecto a 2007 se debe a la desaparición de los propios vertidos por un cambio en las instalaciones que los originaban.
Además, en el nuevo avance del censo no se han tenido en cuenta los vertidos que no son realmente al mar (aproximadamente 50 registrados en el documento de 2007), ya que se realizan fuera del dominio público marítimo terrestre, principalmente en pozos absorbentes.
La mayor diferencia en comparación con las cifras de 2007 la marca la decisión del Gobierno de no contabilizar ahora los vertidos de aguas pluviales. Esto se debe a la aplicación de "un criterio de coherencia", apunta el Ejecutivo en un comunicado, ya que en el anterior censo solo se contabilizaron algunos y solo en algunas islas, no en todas, y debido, por otro lado, a la escasa relevancia medioambiental de estos vertidos de agua de lluvia en el medio marino.
En este último listado tampoco se han tenido en cuenta vertidos "de escasa entidad como de viviendas unifamiliares, que hacen pequeños vertidos, o de agua de riego de jardines", que sí estaban incluidos en el censo de 2008.
En la actualidad, se están tramitando en la Viceconsejería de Medio Ambiente 90 expedientes de autorización de vertidos.
Todos los están autorizados tienen la obligación de desarrollar un programa de vigilancia y control. De lo contrario, las instalaciones que no cuentan con el permiso del Ejecutivo autonómico se desconoce si están aplicando un tratamiento correcto para depurar sus aguas negras y si cumplen las exigencias de la normativa europea. De forma que no se puede controlar lo que sale por las conducciones.
La depuración de aguas es responsabilidad municipal, pero debe contar con la autorización del Consejo Insular de Aguas del cabildo correspondiente. La Viceconsejería de Medio Ambiente del Ejecutivo regional se encarga de conceder las autorizaciones en materia de vertidos, pero si se realiza dentro del dominio público hidráulico, el órgano competente es el Consejo Insular de Aguas. Mientras que el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ostenta las competencias para conceder la ocupación del dominio público marítimo terrestre, un trámite preceptivo para poder dar una autorización de vertido al mar.
