El Gobierno canario teme que una declaración de obligación de servicio público de los vuelos entre las Islas y la Península suponga una reducción de la competencia, de frecuencias y de plazas disponibles. La posibilidad de que Nueva Canarias negocie con el Estado que se reduzcan los precios de los billetes aéreos a través de este mecanismo es visto con cautela por parte del Ejecutivo regional, que no quiere que se vea afectada la movilidad a cambio de abaratar los pasajes.

La portavoz del Gobierno y consejera de Hacienda, Rosa Dávila, recordó que las obligaciones de servicio público suponen restricciones en las frecuencias y en los vuelos en la normativa de la Unión Europea, por lo que advirtió de la posibilidad de que este escenario pueda ocurrir si no se adopta una "fórmula" que compatibilice la necesidad de abaratar los precios con la de mantener e, incluso, aumentar las plazas para viajar entre Canarias y la Península.

Dávila, que fue directora general de Transportes, subrayó que al Gobierno de Canarias le "preocupa" el nivel al que han llegado los precios de los billetes aéreos con la Península, a pesar de que en esas rutas los residentes en el Archipiélago se benefician de un descuento del 50 %, sufragado con cargo a una bonificación de los presupuestos del Estado. "Exigimos al Estado que ponga sobre la mesa una propuesta que haga viable precios más baratos entre Canarias y la Península y que no suponga una merma respecto al número de compañías que prestan servicio en esas rutas ni en la conectividad", resaltó.

La consejera insistió por ello en la necesidad de buscar una fórmula que equilibre esos dos puntos de interés: reducción de precios y mantenimiento de la competencia y de las rutas. "No vamos a darle nosotros la receta al Estado. Tendrán que plantearla ellos. Son sus competencias", alegó Dávila.

Por el momento el Gobierno desconoce cuál es la pretensión del Ministerio de Fomento en relación con este asunto y el detalle de las negociaciones que puedan entablar Nueva Canarias con el Ejecutivo estatal para alcanzar un acuerdo para los presupuestos de 2018, pero Dávila reitetó que la competencia en tráfico aéreo es exclusiva del Estado.