Los integrantes de la cúpula del Centro Canario Nacionalista (CCN) buscan conseguir una sentencia de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, que les acusa de la presunta comisión de un delito contra la Ley Electoral y malversación de fondos por los que pide cuatro años de prisión para dos de los acusados: el fundador y presidente de la formación nacionalista, Ignacio González Santiago,Ignacio González Santiago así como para el abogado José Luis Langa, mientras que para el resto de los inculpados, Pedro González Santiago y Juan Pedro Ruiz, interesa una pena de seis meses de prisión.
Para el último de los acusados, Ignacio González Martín, expresidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y expresidente insular del Partido Popular, la Fiscalía solicita una pena de tres años y seis meses de prisión por el delito de malversación de fondos.
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado todos los recursos presentados por los acusados después de que se comunicara el auto de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado.
En las últimas horas ha trascendido, de fuentes judiciales, el interés por parte de algunos de los acusados de llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, quienes reconocerían la responsabilidad de los hechos que se han investigado y que giran en torno a la financiación irregular que manejó el CCN en la campaña electoral de 2007 cuando desde empresas del círculo de la familia González Santiago se inyectaron más de cinco millones de euros que se añadieron a los algo más de dos millones que declaró la formación haber recibido en concepto de subvenciones y aportaciones privadas.
En un informe de Hacienda, solicitado por la juez instructora a finales del año pasado, se cuantifican los más de siete millones de euros que se manejaron desde la formación nacionalista, hoy sin actividad política, aunque los miembros de la Policía Judicial que se hicieron cargo de las investigaciones, sospechan desde un principio que la cuantía de dinero recibida debió de ser aún más elevada para sufragar las campañas de publicidad y de marketing de aquella campaña electoral.
Juan Inurria, letrado del también abogado y acusado en este procedimiento, José Luis Langa, ha afirmado que "estamos en una fase procesal en la que la Audiencia Provincial hace lo que dice la Ley, que no es otra cosa sino que llamar a las partes para preparar las sesiones de la vista oral o alcanzar una conformidad con la acusación que mantiene el Ministerio Público" y añadió que "cuando se tenga una propuesta por parte de la Fiscalía, nosotros nos pronunciaremos" a diferencia de lo que han hecho -señaló- "otras partes, que se han adelantado muy rápido, aunque entendamos también por qué lo han hecho". A este respecto destacó que desde su posición "se han precipitado por alcanzar un acuerdo sobre una propuesta que nosotros, por ahora, desconocemos".
En este sentido, Inurria insistió en que su patrocinado y él mismo, se pronunciarán "cuando llegue una propuesta de conformidad". "Sobre el resto de las partes no tenemos ni idea de los acuerdos a los que han podido llegar, ni nos interesa", espetó. Juan Inurria incidió en que "a mis compañeros letrados de las otras partes, aparentemente, les han propuesto una conformidad y, aparentemente han dicho que sí, por lo que he conocido, pero no puedo decir mucho más".
El abogado manifestó también la extrañeza que le ha causado la petición de cuatro años de prisión que pretende la Fiscalía para José Luis Langa "cuando él era una persona que pasaba por allí y se ha puesto el ventilador que finalmente le ha alcanzado", dijo.
"Desde que asumí la representación letrada de José Luis Langa, que se produjo cuando ya estaba realizada toda la instrucción de la causa, he tenido todos los convencimientos, créame, de que él no debería estar en el escrito de acusación, pero ésta es una cuestión que habría que demostrar durante la celebración del juicio oral", concluyó Inurria.
