Coalición Canaria ultima con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, las partidas canarias en los Presupuestos del Estado del 2018 y se encuentran a punto de cerrar algunos de los capítulos pendientes en la negociación. En concreto, la diputada nacional de la formación canaria, Ana Oramas, abordó ayer con el ministro en una reunión de más de una hora en el Congreso las cifras con que se dotarán los distintos convenios bilaterales Canarias-Estado, y la modulación de las subidas presupuestarias previstas para cada uno de ellos a lo largo de la legislatura ya desde el acuerdo de apoyo a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.
Oramas aseguró tras la reunión que "se sigue avanzando" y reconoció que el acuerdo aún no está cerrado en su totalidad y que siguen intercambiándose "papeles y documentación". Pero la diputada concretó que uno de los asuntos sobre los que está centrada ahora la negociación es sobre los convenios bilaterales de infraestructuras -carreteras, obras hidráulicas, costas e infraestructuras turísticas- que ya deben incorporar en las cuentas del próximo año toda la inversión prevista hasta esa fecha y que la crisis y los recortes impidió dotar en su totalidad o se suspendió, y aquellos sobre los que aún hay que ir modulando la inversión destinada.
Oramas eludió concretar la posición de cada una de las partes en relación con el ritmo de dotación para cada uno de esos convenios, pero distintas fuentes apuntan a un desencuentro en relación con la primera anualidad del nuevo convenio de carreteras, pactado por 12 años y una ficha financiera total de 2.500 millones y cuya firma, prevista inicialmente para octubre, el Ministerio de Fomento ha retrasado a fin de año. Los 175 millones presupuestados para el 2017 suponían un incremento sustancial desde los 94 del año anterior, pero aún hay mucha inversión pendiente de ejercicios anteriores.
Otro de los convenios que el Ejecutivo regional quiere dinamizar es el de infraestructuras turísticas, que este año tiene una dotación de 10 millones pero que llevaba paralizado desde el 2011.
Queda al margen de esta discusión el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), para que el ambas partes tienen pactado 42 millones anuales y que se incluirá sin aparentes problemas en el próximo proyecto presupuestario.
Tras las dos reuniones de esta semana, la de ayer entre Montoro y Oramas y la del lunes entre la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, y el secretario de Estado de Presupuestos y Gasto, Alberto Nadal, la negociación para el apoyo de CC a las cuentas está muy encarrilada y es probable que está cerrado antes de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto y lo remita al Congreso.
Montoro anunció precisamente tras verse con la diputada de CC que aplazaba una semana la aprobación del proyecto por parte del Consejo de Ministros, lo que da un plazo extra a ambas partes para cerrar el acuerdo. Tampoco se descarta que se convoque un Consejo de Ministros extraordinario para aprobarlo antes del viernes 29. El ministro ha justificado esta decisión en la conveniencia de seguir negociando con los grupos que le apoyaron los presupuestos de 2017, y con los agentes sociales, con los que ayer se veía para pactar una nueva fórmula para el incremento salarial de los empleados públicos. Hacienda cuenta ya con el apoyo de C's tras el principio acuerdo alcanzado ayer entre el partido de Albert Rivera y el PP, y espera tener también el del PNV, el de CC, y el de NC, los otros tres que le aprobaron los del 2017, aunque asume que la negociación con el diputado de esta formación, Pedro Quevedo se producirá durante el trámite parlamentario del proyecto como ya ocurriera en las cuentas en vigor.
La idea de Montoro es tener los acuerdos lo más atados posible antes de aprobar el proyecto en Consejo de Ministros para reducir al mínimo el trámite de enmiendas parciales, ya que con su minoría parlamentaria corre el riesgo de que los grupo de la oposición puedan trastocar algún capítulo.
Montoro negó que el aplazamiento de este trámite tenga que ver con la situación en Cataluña, aunque otras fuentes del Ejecutivo central reconocen que la crisis catalana pesa en la decisión, entre otras razones porque el PNV, cuyos cinco diputados son imprescindibles para montar la mayoría de apoyo a los Presupuestos, podrían condicionar su posición final a la actuación del Estado en comunidad catalana.
