La cúpula del Centro Canario Nacionalista (CCN), con Ignacio González Santiago al frente, se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acusada por la presunta comisión de delitos de fraude electoral y malversación de caudales a raíz de los pagos irregulares que esta formación política y las empresas de la órbita familiar de González Santiago realizaron para afrontar la campaña electoral de 2007. La Ley Electoral consignaba a gastos para este partido político un techo de 2 millones de euros, sin embargo la formación nacionalista concurrió dopada a la cita con las urnas. Todo se descubrió en el marco de la operación policial que investigaba el caso Las Teresitas saliendo a la luz 7,1 millones que se libraron para gastos de campaña, es decir, cinco más de lo permitido.
La Fiscalía Anticorrupción decidió abrir una investigación paralela para esclarecer el posible fraude electoral tras analizar la documentación hallada en el piso que la familia González Santiago tenía en la santacrucera calle Villalba Hervás, donde ocultaban, entre otras cuestiones, contabilidades opacas y operaciones irregulares dirigidas desde las empresas de Ignacio González Martín, expresidente insular del PP, expresidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y condenado a cinco años y tres meses de prisión como cooperador necesario en un delito de malversación de caudales públicos por la operación de compraventa de once parcelas del frente de playa de Las Teresitas.
Así se inició el que hoy se conoce como caso Hubara que comenzó a instruir la magistrada María de Lorenzo Cáceres-Farizo, titular del Juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife. La fiscal delegada en la provincia en materia de anticorrupción, María Farnés Martínez, ha solicitado hasta cuatro años de prisión para cuatro integrantes de la cúpula de la formación nacionalista que fundó y presidió Ignacio González Santiago.
Además, el Ministerio Público responsabiliza también al padre de éste, Ignacio González Martín, por un presunto delito de malversación de caudales por el que pide que se le imponga una pena de seis meses de prisión, mientras que para la imputación por un delito contra la Ley Electoral, requiere una pena de tres años de privación de libertad. De igual manera, solicita para Pedro González Santiago y Juan Pedro Ruiz una pena de seis meses de prisión para cada uno de ellos, mientras que para el letrado José Luis Langa interesa una condena de cuatro años de prisión.
La Cadena SER adelantaba ayer que de acuerdo al escrito de acusación realizado por la Fiscalía Anticorrupción, se señala que "con el ánimo de eludir los límites establecidos de gasto electoral, los cinco acusados se pusieron de acuerdo para poder financiar la campaña del CCN de forma que fueran varias de las empresas controladas por la familia del candidato Ignacio González Santiago las que hicieran efectivo los gastos publicitarios derivados de la misma".
Para ello Ignacio González Martín, como administrador de las empresas familiares, "dio las órdenes" para que los gastos de publicidad del CCN fuesen presuntamente facturados con cargo a estas sociedades "ocultando de esta forma el gasto real de la campaña al facturarse como si de servicios prestados a estas sociedades en su contabilidad y no en la del CCN".
La Fiscalía indica que del pago de estas facturas se ocupaba el acusado Pedro González Santiago, hermano del presidente del CCN y apoderado de las empresas de la familia, quien "llevaba a cabo la gestión, coordinación y planificación de la campaña electoral del CCN desde la sede del partido", en un edificio de la calle La Rosa de la capital tinerfeña, propiedad de la familia González Santiago. Todo el proceso se ponía en práctica, según la Fiscalía Anticorrupción, con el consentimiento y el conocimiento del administrador del partido, el abogado José Luis Langa.
