Fijar precios máximos de referencia encarecería los billetes aéreos a la Península. Un informe técnico elaborado por el Gobierno de Canarias desaconseja extender las obligaciones de servicio público (OSP) de los trayectos interinsulares a las rutas con el continente. El estudio contradice la tesis defendida por Nueva Canarias (NC), que aboga por activar esta fórmula que permita limitar el precio de los billetes en esas conexiones aéreas.

Abaratar los vuelos al territorio peninsular es uno de los debates que vuelven a salir a la palestra ante el comienzo de las negociaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Nueva Canarias exige al Gobierno de Mariano Rajoy medidas encaminadas a rebajar ahora los billetes de avión con la Península para los residentes en las Islas, tras haber conseguido elevar este año del 50 al 75% el descuento de los billetes aéreos y marítimos entre las islas para residentes.

Con su demanda, según el presidente de la formación nacionalista, Román Rodríguez, se persigue "evitar los abusos que se cometen en la actualidad y favorecer aún más la igualdad de oportunidades" para los habitantes de las Islas y para quienes, por motivos personales o profesionales, se encuentran en el territorio peninsular. En las últimas semanas el diputado nacional de NC, Pedro Quevedo, ha insistido en este mismo mensaje para tratar de forzar al gabinete de Rajoy a que asuma esta iniciativa en los presupuestos para 2018.

En este sentido, NC plantea que el Estado declare esas rutas como Obligación de Servicio Público (OSP), de tal modo que se establezcan una serie de condiciones como la frecuencia de vuelos diarios mínimos y un número de asientos anuales disponibles, al igual que poner topes a los precios que las aerolíneas pueden ofrecer.

No obstante, hasta ahora el Ejecutivo central se ha mostrado reacio a aceptar esta propuesta, que, además, consideran que choca con la normativa europea, ya que podría ir contra la libre competencia.

Por su parte, el Gobierno canario también ha mostrado su preocupación por los precios desorbitados de los billetes y ha reivindicado a Madrid que busque la fórmula idónea para reducir las cuantías, pero sin comprometer el número de frecuencias ni las plazas que se ofrecen en este momento.

Así lo advirtió esta semana la consejera de Hacienda, Rosa Dávila (CC), que avanzó que éste es el planteamiento que la Comunidad Autónoma va a defender en la negociación de las cuentas estatales.

Respecto a la demanda de NC, Dávila explicó que esa OSP debería ser autorizada por la Comisión Europea y comportaría restricciones a la competencia, por lo que teme que ello afecte, por ende, al número de compañías que vuelan a las Islas desde aeropuertos del resto de España. Por ello, abogó por una solución que equilibre la disminución efectiva de precios y el mantenimiento de la competencia y la conectividad.

En cambio, Quevedo rechazó los argumentos lanzados por Dávila y los achaca a un intento de CC de "impedir" la negociación entre NC y el Ejecutivo central. Tampoco cree que la legislación europea que regula la OSP conlleve la merma de frecuencias y vuelos.

Sin embargo, un informe técnico, elaborado por el Ejecutivo regional, sobre medidas para abaratar los precios entre Canarias y la Península, advierte de que la tarifa por kilómetro en las rutas bajo un esquema de OSP "suele resultar superior a aquellas rutas donde los transportistas operan sin restricciones".

El estudio llega a esta conclusión tras analizar tanto el marco legal como las singularidades de algunas de las OSP en vigor. El documento subraya que la OSP "en última instancia es una excepción a la libre prestación del servicio, debido a la inadecuada cobertura que da el mercado a ciertas demandas de movilidad que, si no se corrigen, pueden causar daños serios al desarrollo económico y social de una región".

El informe añade que "esta corrección se realiza, normalmente, a través de la creación de un monopolio de oferta que no suele resultar la forma más eficiente de asignar precios, aunque esta consideración, en estos casos, queda subordinada a salvaguardar un bien jurídico mayor y de más valor que la justifica". Así, fuera de estos supuestos excepcionales, los técnicos consideran que la OSP "no es el mejor instrumento para buscar un abaratamiento del coste" de los trayectos entre Canarias y el territorio continental.

"Más bien al contrario -alertan-, probablemente el fomentar la entrada de nuevos operadores es la medida que mejor pueda contribuir a ese objetivo".

Dicho informe fue solicitado hace meses por el Ejecutivo regional para conocer cuál es la mejor medida para reducir el precio de los billetes de avión de los residentes entre el Archipiélago y la Península, según el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Ejecutivo, regional, Pablo Rodríguez, que destacó que dicho informe ha mostrado que "la declaración de OSP no es la mejor opción".

"El mismo documento ofrece varias opciones, desde el Gobierno de Canarias las estudiaremos y presentaremos próximamente, y la pondremos sobre la mesa en la negociación con el Estado para la aprobación de los presupuestos generales", añadió.

Rodríguez insistió en que el Gobierno español "debe entender que Canarias se encuentra a más de 2.000 kilómetros de Madrid, con lo que las posibilidades de movilidad de los ciudadanos canarios son más complejas que las de cualquier otra persona de cualquier otra Comunidad Autónoma". "Continuaremos reivindicando y pediremos al Estado que reconozca nuestra especificidad", sentenció.