El Parlamento Europeo ha abordado la situación en Cataluña de forma monográfica antes incluso de que lo haya hecho el Congreso de los Diputados, donde hasta la semana que viene, en día aún por determinar, no está prevista la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para explicar sus medidas para afrontar el desafío independentista. Los dos eurodiputados canarios, Juan Fernando López Aguilar, del PSOE, y Gabriel Mato, del PP, asistieron a la sesión del miércoles donde quedó patente que una gran mayoría de la Eurocámara y la propia Comisión Europea, representada en esa sesión por su vicepresidente, el holandés Frans Timmermans, avalan la actuación de la democracia española frente al referéndum ilegal del 1-O y, por contra, reprochan a las autoridades catalanas su actuación al margen de la Constitución de un Estado miembro.
Esta visión de fondo es compartida por los dos eurodiputados canarios, quienes además consideran que el soberanismo catalán sólo encontró aliados en Estrasburgo entre la extrema derecha europea, y que el diálogo al que también se apeló en el Parlamento europeo, sólo cabe iniciarse previa vuelta a la legalidad de las autoridades catalanas. En lo que sí discrepan los dos eurodiputados canarios es sobre la gestión de la crisis por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, también en relación con la actuación policial en el intento de impedir el referéndum del domingo.
Para López Aguilar, la sesión del miércoles logró poner coto al "intento permanente de deslegitimación por parte de los eurodiputados secesionistas del ERC y Pdcat, de presentar a la democracia española como una especie de prórroga el franquismo, donde las libertades no pueden ejercerse y donde los catalanes no pueden votar". Una visión "grotesca e inaceptable" que obliga, cree a "redoblar el esfuerzo para explicar que los catalanes llevan votando en democracia 40 años, que han votado en referéndum la Constitución y dos Estatutos de Autonomía, y once veces en elecciones autonómicas, con una hegemonía clara de gobiernos nacionalistas, donde la lengua catalana no es una lengua perseguida, sino oficial y hegemónica en la actividad de todas las administraciones y servicios públicos en Cataluña y en la vida cotidiana, y donde se puede votar con entera libertad pero dentro de la ley y de la Constitución".
El eurodiputado socialista asegura que en el pleno de la Cámara "hubo un apoyo sólido, mayoritario y rotundo en defensa del Estado de Derecho y la legalidad constitucional en España y contra la deriva del secesionismo que suponen un referéndum ilegal y una hipotética declaración unilateral de independencia (DUI)". Esta posición, según él, quedó patente no sólo en las intervenciones de los grupos mayoritarios -el socialista, el popular y el liberal-, sino en la del propio representante de la Comisión Europea, cuyo vicepresidente "hizo un discurso cargado de sentido y con las palabras muy medidas".
En el mismo sentido se expresa el popular Gabriel Mato, para quien la sesión "ha supuesto un respaldo general y cerrado con España y con la respuesta del Estado al desafío secesionista, así como un 'no' rotundo a la internacionalización del problema o a cualquier idea de una mediación por parte de la UE". Resalta en este sentido que "las intervenciones tanto de Timmermans como de los portavoces de los grupos mayoritarios fueron claras y rotundas de apoyo a la legalidad española derivada de su Constitución y al derecho del Gobierno español a garantizar el respeto y aplicación de las leyes". Según el representante popular, "incluso el portavoz del grupo liberal fue contundente en ese sentido dejando claro que el problema tiene que resolverse dentro del marco legal y del respeto a la ley".
"Diálogo y cordura"
Sobre el alcance que deben tener las apelaciones del propio Timmermans y otros grupos a la necesidad de abrir un proceso de diálogo entre los gobiernos central y catalán para resolver el conflicto, ambos eurodiputados coinciden en señalar que en ningún caso debe ser fuera de los márgenes constitucionales. "Hubo un llamamiento al diálogo y a la cordura, pero por supuesto una reafirmación a la regla del imperio de la ley y del Estado de Derecho y se recordó con claridad que la ley no es una artefacto de juristas y abogados, sino la garantía de los derechos del individuo frente a los abusos de la mayoría", sostiene López Aguilar. "No es verdad que una mayoría pueda hacer cualquier cosa, hay reglas de juegos, garantías y procedimientos y formas que tienen que ser respetados", insiste. Para él, la apelación al diálogo en el Parlamento es para practicarlos y ejercerlo dentro de la ley. "La ley puede ser cambiada, pero desde la propia ley, porque lo que no podemos consentir bajo ningún concepto es que alguien se instale de manera facciosa y sediciosa en la desobediencia a la legalidad que a todos nos vincula, porque todos los Estados constitucionales tiene la obligación de hacer respetar su legalidad".
López Aguilar insiste en sus conclusiones: "La primera premisa para el diálogo es el cumplimiento de la legalidad, la DUI fuera por completo de la mesa y de la discusión, porque si se produce tendrá que tener una respuesta legal contundente, que las hay en la Constitución, como son el articulo 155, la ley de Seguridad Nacional y los estados de alarma, excepción y sitio, lo que haga falta para evitar eso". Pero sostiene también que, además, hace falta "iniciativa política".
Gabriel Mato sostiene que la apelación al diálogo de Timmermans y otros portavoces se entiende como proceso posterior a la vuelta a la legalidad. "Con delincuentes no se dialoga", recalca. Según él, "en Europa se ha visto muy clara la situación y que no se puede pretender que se vaya a avalar lo que ha sido un golpe de Estado".
Aliados del Govern
También coinciden ambos eurodiputados que los únicos aliados del secesionismo en Europa son los grupos y gobiernos de extrema derecha. "Esa extrema derecha nacionalista y xenófoba saluda con entusiasmo al secesionismo catalán porque debilita a un Estado miembro y contribuye a la voladura del proyecto europeo que tanto odian, alimentan el escenario demenciado de una Europa de microestados ombliguistas y egoístas resultado de limpiezas étnicas, y segregaciones y secesiones culturales que dividen y fracturan sociedades plurales y abiertas, como son las que quiere la UE", sostiene López Aguilar. El popular Mato añade que "el Parlamento Europeo ha asumido además que esto le puede empezar a pasar a otros países con otros territorios. Es abrir un melón que acabaría rompiendo el propio proyecto europeo".
En lo que sí discrepan ambos eurodiputados canarios es en relación con el análisis que se hizo en el Parlamento sobre la actuación policial y la gestión de Rajoy del problema y la de la jornada del 1-O. Según López Aguilar, "hubo críticas generalizas a la gestión y al modo incompetente con que, con falta de previsión, Rajoy intentó, a través de una actuación extraordinaria de fuerzas policiales, hacer lo que ya no se podía hacer". "Fue una operación sumamente incompetente que en ningún caso cabe reprocharle a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino a los responsables políticos". Para Mato, sin embargo, "el debate sirvió para dejar claro que la Comisión y la mayoría del Parlamento no asume que la actuación policial el 1-0 fuera brutal o indiscriminada, y que la policía no actuó para restringir derechos, sino para garantizar el respeto a la ley por mandato judicial".
