El incremento del número de diputados en el Parlamento canario va camino de ser una realidad como vía para cambiar el sistema electoral, dotando a las islas capitalinas de más escaños y ante la negativa de las no capitalinas a perder representantes en la Cámara. La ponencia que estudia la reforma electoral retomó ayer las reuniones en el Parlamento y todos los grupos se posicionaron a favor de aumentar los escaños para mejorar la proporcionalidad, lo que supondría en la práctica la liquidación de la triple paridad, que ha estado vigente desde que se inició la autonomía canaria en las primeras elecciones al Parlamento en 1983.
La diputada del Partido Popular Australia Navarro actuó ayer como portavoz de todos los grupos para explicar el resultado de la reunión de la ponencia, que a puerta cerrada analizó las alternativas para la distribución de los nuevos diputados.
También se habló de la posibilidad de que la situación política derivada del conflicto de Cataluña pueda alterar la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía en el Congreso de los Diputados.
El vigente Estatuto de Autonomía limita los parlamentarios regionales hasta un máximo de 70, mientras que si prosigue su reforma en el Congreso se podría aumentar el número para mejorar más la proporcionalidad de la representación de la población en el Parlamento canario. Se ha llegado a proponer alcanzar incluso los 75 escaños para aumentar la representación de las islas capitalinas.
Los partidos que participan en la ponencia (CC, PSOE, PP, Podemos, NC y ASG) están de acuerdo en que ninguna isla pierda representantes con respecto a la situación actual, en la que hay 60 diputados de los que 15 corresponden a Tenerife, 15 a Gran Canaria, ocho a La Palma, ocho a Lanzarote, siete a Fuerteventura, cuatro a La Gomera y tres a El Hierro.
Varias alternativas
A esos sesenta escaños se sumarían nuevos parlamentarios, aunque aún no se ha determinado el número ni hay acuerdo sobre cómo se elegirían.
Durante el tiempo que duraron los debates de la comisión de estudio creada a inicios de la legislatura, se han puesto sobre la mesa varias alternativas para concretar la mejora de la proporcionalidad, una cuestión necesaria para mejorar al sistema, ya que lo primero en lo que se pusieron de acuerdo todas las formaciones es en la bajada de las barreras de acceso al Parlamento, que actualmente están fijadas en el 30% a nivel insular y en el 6% a nivel regional.
De momento, los grupos mantienen el acuerdo de reuniones previas para rebajar las barreras electorales, de manera que la regional bajaría del 6% al 5% y la insular del 30% al 15%, aunque este punto está condicionado a que haya consenso sobre la distribución de los nuevos diputados.
También están de acuerdo en que el nuevo sistema electoral tiene que estar vigente para las próximas elecciones autonómicas, en 2019.
Las alternativas que se contemplan para aumentar el número de diputados son tres: una lista regional, que defiende sobre todo el PSOE; distribuir los nuevos diputados entre Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, respaldado por el PP; o asignarlos en un colegio de restos autonómico o en dos colegios de restos provinciales, fórmula que defiende la plataforma cívica Demócratas para el Cambio.
Para la próxima reunión, dentro de un mes, los grupos llevarán sus propuestas con un criterio flexible y sin líneas rojas para decidir entre todos el camino a seguir, indicó Australia Navarro.
Los partidos apuran de esta forma los plazos para alcanzar un acuerdo de mínimos que posibilite la reforma electoral, ya que tendría que aprobarse mediante una ley del Parlamento con el fin de que esté en vigor antes de los comicios de mayo de 2019.
