La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, aclaró ayer en el Parlamento de Canarias a requerimiento del Partido Popular (PP) que es precisamente la Cámara regional la facultada para actuar, con responsabilidad, en los contratos de la Televisión Canaria. De ese modo, enfatizó en que la potestad no reside en el Gobierno autónomo.

En respuesta a una pregunta de la diputada del grupo Popular Luz Reverón acerca de las medidas adoptadas ante los servicios jurídicos relativas a supuestas ilegalidades contenidas en los pliegos del concurso de informativos de la Televisión Canaria, la consejera aclaró que al Ejecutivo corresponden únicamente las tareas de control. Los sesenta diputados del arco parlamentario regional son los encargados de elegir y nombrar a los integrantes del Consejo Rector de la Radiotelevisión Canaria y a su presidente, señaló Rosa Dávila.

Luz Reverón preguntó a la consejera hasta cuándo el Gobierno regional "mirará para otro lado", informa Efe, en el caso del concurso de informativos de la Televisión Canaria, y aseguró que los populares han dado al Ejecutivo argumentos suficientes como para que se decida a intervenir.

Además, la diputada del grupo Popular preguntó a la consejera si le parece responsable que el pliego aprobado en agosto se haya reformado ya en tres ocasiones, y que entre los argumentos para hacerlo figure que se cambian cláusulas para dar más seguridad jurídica.

Luz Reverón preguntó si eso quiere decir que lo aprobado en agosto no tenía seguridad jurídica y opinó que alguno de los cambios es una "chapuza", ya que, añadió, en el nuevo documento desaparece la cláusula por la cual se exigía solvencia en términos de clasificación, lo que consideró que es una supuesta irregularidad.

El modelo por el que se rige la televisión pública canaria desde su nacimiento deja en manos de una empresa privada la producción de los programas informativos durante varios años. Esta se elige entre varias aspirantes por la fórmula del concurso. En la actualidad es Videoreport la que presta los servicios. Sin embargo, la próxima caducidad del contrato obliga a abrir un proceso de selección que, desde siempre, genera tensiones políticas.