13 de octubre de 2017
13.10.2017

Un dictamen encargado por la Fundación César Manrique ve inconstitucionalidad en la Ley del Suelo

El director de la institución, Fernando Gómez Aguilera, cree que hay motivos suficientes "para armar un recurso sólido" contra la norma

14.10.2017 | 01:22
Fernando Gómez Aguilera en una imagen de archivo.

Un dictamen encargado por la Fundación César Manrique (FCM) al catedrático Marcos Vaquer ve motivos de inconstitucionalidad en la Ley del Suelo. El director de la institución, Fernando Gómez Aguilera, ha explicado que la fundación "ha recabado opinión y argumentación jurídica experta y cree que hay motivos suficientes de inconstitucionalidad en la Ley del Suelo para armar un recurso sólido".

A juicio de Gómez Aguilera, "los caballos de batalla jurídica son el tratamiento del suelo rústico y los proyectos de interés insular y regional". En el dictamen se abordan asuntos de eventual inconstitucionalidad que, entre otras, afectan a dos grandes cuestiones controvertidas: la clasificación y el régimen jurídico del suelo rústico y las potestades de ordenación urbanística.

La FCM entregará las conclusiones del dictamen elaborado por Marcos Vaquer Caballería, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, a la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible con el propósito de elaborar un recurso de inconstitucionalidad que será presentado por Unidos Podemos. "Confiamos en que el Constitucional frene los aspectos más lesivos de esta ley que reduce el territorio al valor del suelo de mercado y lo entrega al casino de la especulación y la arbitrariedad", ha afirmado Gómez Aguilera.

En el apartado de la clasificación y el régimen jurídico del suelo rústico, el dictamen identifica motivos de inconstitucionalidad en tres contenidos relevantes de la ley: el régimen de los asentamientos rurales, la ampliación de usos ordinarios del suelo rústico y el requisito de la integración en la malla urbana para la clasificación como urbano del suelo. En lo que concierne a las potestades de ordenación urbanística, el dictamen pone en cuestión cómo se tratan en la Ley del Suelo las relaciones internormativas entre distintos entes territoriales cuya autonomía está garantizada por la Constitución.

Asimismo, cuestiona la constitucionalidad de los contenidos de la ley referidos a la nulidad radical de los planes que excedan del mínimo contenido necesario, que, además, constituye, a juicio del profesor Marcos Vaquer, "una fuente potencialmente inagotable de recursos contencioso-administrativos".

Por último, se estudian desde una perspectiva constitucional los instrumentos extraordinarios de ordenación, en particular los proyectos de interés insular o autonómico que, por la "indeterminación de los supuestos legitimadores", por saltar por encima del sistema ordinario de planificación y romper la autonomía municipal, se consideran inconstitucionales.

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