La Fundación César Manrique impulsa un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo, en vigor desde el pasado 1 de septiembre. La institución, presidida por Fernando Gómez Aguilera, encargó un dictamen jurídico que arremete contra la clasificación del suelo rústico y las potestades de ordenación urbanística. Las conclusiones de este informe, elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, Marcos Vaquer Caballería, serán entregadas por esta institución a la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible -integrada por la propia fundación, diferentes movimientos sociales, colegios profesionales, partidos y sindicatos que se oponen a la nueva ordenación del territorio impulsada por el Ejecutivo de Fernando Clavijo-, con el objetivo de que se sume al recurso que presentará Unidos Podemos ante el Tribunal Constitucional.

El documento cuestiona, entre otros aspectos, los contenidos de la norma referidos "a la nulidad radical de los planes que excedan del mínimo contenido necesario" y que, según Vaquer, supone "una fuente potencialmente inagotable de recursos contencioso-administrativos".

La fundación, a través de un comunicado, apunta a que también se analizan los instrumentos extraordinarios de ordenación y, en particular, los proyectos de interés insular o autonómico que por la "indeterminación de los supuestos legitimadores por saltar por encima del sistema ordinario de planificación y romper la autonomía municipal se consideran inconstitucionales".

El dictamen considera, asimismo, que los proyectos que se alineen con las "ordenaciones sin efectos significativos sobre el medio ambiente a los efectos de someterlos a evaluación simplificada" también contraviene la Constitución.

Vaquer aborda, en su análisis, otros aspectos como la clasificación y el régimen jurídico del suelo rústico, donde percibe visos de nulidad en el régimen de los asentamientos rurales, en la ampliación de usos ordinarios del suelo rústico y en "el requisito de la integración en la malla urbana para la clasificación como urbano del suelo".

La Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, nombre completo de la norma, fue aprobada en el Parlamento de Canarias el pasado 21 de junio con 33 votos a favor: los 18 de Coalición Canaria (CC), 12 del Partido Popular (PP) y 3 de Agrupación Socialista Gomera (ASG). Así, pues, la ley salió adelante con el respaldo de la mayoría de la Cámara canaria, integrada por 60 diputados.

Clavijo ha defendido en varias ocasiones que la norma actuará como "la verdadera reforma de la economía canaria" porque, de un lado, impulsará el empleo y, de otro, incentivará inversiones que hasta ahora permanecían bloqueadas por la maraña legislati-va. Estos argumentos, sin embargo, no han convencido a todos y la ley nació en medio de una fuerte confrontación. No en vano, el PSOE o Nueva Canarias (NC) han criticado la aprobación monofásica de los planeamientos o el irrelevante papel con el que queda la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).