Canarias abre la puerta a dar más estabilidad laboral al personal investigador adscrito a los centros sostenidos con fondos públicos. La tasa de reposición del personal de la Administración autonómica aprobada esta semana por el Consejo de Gobierno contempla la posibilidad de contratar investigadores como personal laboral fijo para cubrir hasta un 100% las plazas vacantes acumuladas en los últimos años. De esta forma, la Comunidad Autónoma pretende potenciar sus entidades dedicadas a la ciencia y la investigación, impulsar nuevos proyectos y, sobre todo, que el personal científico no se vaya a otras comunidades o países por la precariedad laboral o los bajos salarios.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 abrió el camino al autorizar a los organismos públicos de investigación de otras administraciones públicas a contratar personal investigador doctor, que es el facultado para dirigir y firmar los estudios y proyectos. El Estado hace lo propio con sus centros, incluso autoriza la creación de 25 plazas específicas.
Los principales centros de investigación adscritos a la Comunidad Autónoma o con capital público mixto son el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, el Instituto de Investigación Biomédica, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) y el Centro Oceanográfico, entre otros.
Después de nueve años de restricciones que han afectado a todas las áreas de la Administración, tanto los centros como las universidades se han quejado reiteradamente de la falta de investigadores y la necesidad de realizar contrataciones para potenciar nuevos proyectos en los diferentes campos de la investigación. Por ello el decreto que ultima el Gobierno canario, al igual que el Estado, incluye a este personal en la tasa de reposición del 100%, con el fin de poder cubrir todas las plazas vacantes por jubilación, fallecimiento, excedencia o renuncia.
La tasa de reposición máxima también incluye a los docentes no universitarios, personal sanitario, Policía Canaria y personal con funciones de asesoramiento jurídico, prevención y extinción de incendios, control y lucha contra el fraude fiscal, asignación eficiente de los recursos públicos, servicios sociales, empleo, seguridad y emergencias y atención a los ciudadanos en los servicios públicos.
Interinos y temporales
El proyecto de decreto traza las líneas generales para lograr la estabilidad del 90% del personal interino y temporal que trabaja para la Comunidad Autónoma. El Ejecutivo refleja así el acuerdo al que llegó el Ministerio de Hacienda con los principales sindicatos de la función pública ante la elevada tasa de interinidad que afecta a las administraciones en general. Para ello se convocarán oposiciones específicas para que este personal pueda optar a consolidar su puesto de trabajo.
Según las estimaciones realizadas por los sindicatos, la tasa de interinidad en Canarias ronda el 30%, lo que equivale a unos 18.000 trabajadores de los 60.000 que forman la plantilla de la Administración autonómica. El objetivo es reducir este porcentaje al menos hasta un 8% en tres ejercicios hasta el 2019, según establecen las bases pactadas por el Gobierno estatal y las centrales sindicales.
La prioridad para consolidar las plazas de los interinos son el personal docente no universitario, los interinos que trabajan para el Servicio Canario de Salud, asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales, gestión y recaudación tributaria, gestión de prestaciones y políticas activas de empleo y personal del Servicio Canario de Empleo que se dedique a la gestión de las prestaciones por desempleo y la formación de los parados.
Pero en este proceso no entran la totalidad de los interinos. El decreto hace alusión a los empleados que estén ocupando plazas de forma temporal e ininterrumpida al menos a los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2016. Asimismo, se establece una tasa adicional para la estabilidad del personal que esté trabajando sin interrupción con fecha anterior al 1 de enero de 2005.
Se trata de un proceso complejo y ya desde la Consejería de Presidencia y Justicia se están pidiendo a los diferentes departamentos de la Administración autonómica los listados del personal interino afectado por este proceso de consolidación del empleo. De forma paralela se tiene que elaborar una oferta de empleo público de concurso oposición en la que la ponderación de los méritos y la experiencia sea más elevada que en las convocatorias libres, para que el personal que está dentro tenga más opciones de quedarse.
Fuentes sindicales advierten que hay departamentos en los que la gran mayoría de los empleados son interinos o indefinidos por sentencia, como es el caso del Servicio Canario de Empleo (SCE) o el personal que trabaja en servicios sociales. La continuidad de los mismos en sus puestos de trabajo, después de más de 10 y 15 años en la Administración, depende de que los procesos que se convoquen garanticen sus derechos y tengan preferencia en las plazas que se oferten por la acumulación de experiencia laboral.
