La Provincia - Diario de Las Palmas

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Entrevista a Manuel Medina Ortega

"Puigdemont actúa como Franco al hacer un referéndum ilegal"

"Los sectores empresariales en Cataluña están alterados porque se hunden", asegura el exeurodiputado socialista canario

Manuel Medina Ortega, antes de la entrevista. CARSTEN W. LAURITSEN

¿Hay aún esperanza para recuperar la concordia?

Total. Para mí el golpe de estado independentista ha fracasado por dos razones porque Cataluña depende de su economía y al irse las empresas el gobierno tripartito ha fracasado; y porque la mitad de la población de Cataluña está contra la independencia. Un gobierno no puede declarar la independencia si la mitad de la población está en contra.

Hubo un referéndum el 1-O.

Es un referéndum falso, ilegal y no estaba controlado. Yo he sido observador en muchas elecciones en países de América Latina, sobre todo, y no habría aceptado una mediación en las condiciones en las que se organizó ese referéndum. No tiene ninguna garantía, es ilegal desde el punto de vista del derecho español y, además, no tiene ninguna garantía democrática. Es una burla a la democracia, recuerda a los referéndums del general Franco.

Puigdemont acusa al Estado español de actuar como en la época franquista.

En este momento el que está actuando como Franco es Puigdemont, al hacer un referéndum ilegal y falseado. Puigdemont actúa como si fuera Franco, lo que pasa es que no tiene la fuerza que tenía él porque Franco tuvo que matar a mucha gente para consolidarse en el poder, más de un millón de muertos. Este hombre hasta ahora no ha matado a nadie. La mayor parte de la población de Cataluña está en contra de la independencia, empezando por los sectores empresariales, con lo cual no tiene ningún futuro, y no cuenta con fuerzas para aplastar a la oposición como hizo Franco.

¿Le preocupa que se agraven las situaciones de violencia?

En este momento lo que me preocupa es la aparición de los ultras de la derecha española que, amparándose en la bandera española, están haciendo disparates. Lo que hicieron en el Café Zurich en Barcelona es imperdonable. Estos ultras, que se amparan en la bandera española para romper la convivencia y enfrentarse a las fuerzas del orden, tienen que ir a la cárcel ya para evitar males mayores.

¿El conflicto catalán ha despertado odios de uno y otro lado?

El mayor potencial de odio está en el lado de los nacionalistas españoles. El nacionalismo es siempre malo, pero el nacionalismo español tiene una semilla detrás, la Guerra Civil, y eso es peligrosísimo. El gran éxito de la manifestación del 8 de octubre fueron las formas en las que Josep Borrell le dijo a la gente que había que respetar la legalidad y mantener el orden. Pero en la manifestación del domingo apareció un grupo de ultras que destrozaron uno de los cafés más bonitos de Barcelona.

¿Las cargas policiales durante la jornada del 1-0 alentaron el sentimiento independentista?

Las cargas policiales fueron resultado de actos de provocación por parte de las organizaciones independentistas catalanas. Hay un par de organizaciones, que yo les llamo las murgas del independentismo, pagadas por los partidos independentistas con fondos del erario público, con una cantidad de delincuentes que están ahí y muy inteligentemente crearon una situación en la que forzaron a las fuerzas del orden para intervenir. Ahora bien, hubo también falta de control de la situación por parte de las autoridades públicas. Probablemente no estaban preparados y se encontraron con una confrontación mayor, con lo cual dieron una pésima imagen de nuestras fuerzas de orden público. El Ministerio de Interior no controló la situación y debe rectificar.

¿Dónde está el origen del conflicto catalán?

En Mariano Rajoy. En el año 2010 el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había conseguido un acuerdo con José Montilla, que era el presidente de Cataluña en aquel momento, para aprobar un magnífico Estatuto de Autonomía, aprobado por el Congreso y el Senado y ratificado por el pueblo catalán. Rajoy, en su afán por acabar con el gobierno socialista, lanzó una campaña incluyendo una serie de recursos ante el Tribunal Constitucional. Al llegar al Gobierno, el PP cambió incluso a magistrados del Constitucional y dio lugar a la anulación de un magnífico Estatuto de Autonomía. El responsable principal es Rajoy, no nos engañemos.

¿El Gobierno del PP ha intentado eludir el desafío catalán?

No, lo ha utilizado. El principal beneficiario de la crisis de Cataluña es el PP, con Mariano Rajoy al frente, porque el PSOE tenía su feudo en Cataluña, lo ha hundido y en el resto del país ha llamado al espíritu nacionalista españolista. El objetivo era acabar con el PSOE, un partido antinacionalista y trata de conciliar los intereses nacionales y regionales y esto ha sido un punto de debilidad que ha llevado a la victoria de Rajoy en las últimas elecciones, en una operación muy inteligente por parte del PP, pero que en este momento nos sume en una crisis. Por fortuna, el PSOE ha reaccionado con sentido de Estado y ha prestado el apoyo a Rajoy porque el objetivo del PSOE no es conquistar el poder, sino mantener el bienestar de los españoles.

¿El papel del PSOE ahora resulta crucial?

Ha sido decisivo. Los alcaldes socialistas en Cataluña resistieron toda clase de presiones y se negaron a colaborar con el falso referéndum. El secretario general del PSC, Miquel Iceta, ha encabezado la resistencia a esto en Cataluña.

¿Y Ciudadanos?

Hay que recordar que el origen de Ciudadanos está en Cataluña. Albert Rivera es catalán y representa al sector españolista. Representan a un sector que es el equivalente en la derecha a Esquerra Republicana en la izquierda. Ese contrapeso está más a la derecha que el PP en este tema, pero habrá que contar con ellos, igual que hay que contar con Esquerra. España es un país y, sobre todo, Cataluña, que tienen una serie de sensibilidades y habrá que contar con todos ellos, pero sin dejarse llevar por los extremismos: ni proclamar la independencia ni acabar con la autonomía catalana.

¿La solución es un estado federal?

La solución es la que tenemos en la Constitución española, que puede ser modificada, como ha reconocido el propio Rajoy. Habría que ver, como proponía Pedro Sánchez, una gran conferencia constitucional para revisar el texto. La Constitución tiene ya 40 años y, por tanto, habrá que rectificar una serie de aspectos, pero eso no es nada dramático. La Constitución alemana de 1949 ha sido modificada 61 veces, mientras que nosotros hemos introducido sólo dos o tres enmiendas mínimas, pero probablemente ya la Constitución requiere una revisión.

¿Toca entonces abrir ya el melón de la Constitución?

Sí, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Saber lo que se hace, manteniendo los principios fundamentales democráticos. Una Constitución no podría aceptar que una parte de una región de España declarase la independencia.

¿En qué punto nos encontramos ahora?

Una vez que se declara la independencia no cabe suspenderla. Habría que anularla y parece que Puigdemont y los independentistas no están dispuestos a anularla. Hay dos declaraciones de independencia: la que hizo Puigdemont desde el atril para luego anunciar su suspensión y la que firmaron 72 diputados del Parlamento catalán. Respecto a la segunda declaración, como lo hicieron a título individual ahí estaría la acción de la Justicia. Estos diputados deberían ser suspendidos de su cargo y sustituidos por otros para que el Parlamento pueda seguir funcionando. Lo más grave es que el presidente de Cataluña dijo que se había declarado la independencia y la suspensión no vale. Ya la declaración de independencia es un acto unilateral, no hace falta ni reconocimiento ni aceptación, con lo cual es un acto gravísimo que atenta contra la estructura del Estado español y, por tanto, el Estado español tiene que defenderse de este grave atentado y ello justificaría la aplicación del artículo 155, que es la suspensión de la autonomía de Cataluña. Este Gobierno catalán que rompe la Constitución no podría seguir y ahí tenemos un dilema. No sé cómo se va a resolver, pero teniendo en cuenta que el principal apoyo del partido de Puigdemont era el empresariado y ya se ha ido de Cataluña, pues tendrán que hacer algo para recuperarlo. Tendrán que rectificar. Puigdemont ha cometido una infracción de sus obligaciones como presidente que debe llevar automáticamente su suspensión y la intervención del Gobierno central para sustituirle por otra persona que acate la Constitución.

¿La espantada masiva de empresas es lo que de verdad ha sido clave para frenar la independencia?

Ha habido varias razones. En primer lugar, la reacción del pueblo catalán, ya que, como vimos el 8 de octubre, la mayoría está en contra de la independencia; y la segunda es que los sectores empresariales no están dispuestos a que Cataluña se vaya de España porque si se va sale de la Unión Europea y pierde la protección del Banco Central Europeo. Eso es lo que expuse en mi libro sobre El derecho de secesión en la Unión Europea, que publiqué en el año 2014. El problema de Puigdemont es que está rodeado de gente muy incompetente. Ellos creían que la UE iba a reconocer la independencia de Cataluña, y la UE es una unión de estados que hará que se respeten las normas constitucionales de los estados miembros, por lo que no han tenido el menor apoyo fuera de España ni lo van a tener, no pueden tenerlo. Los sectores empresariales están aterrados porque se hunden. Un empresario tiene que defender su negocio ante todo y la independencia tiene unas consecuencias tremendas para la economía y el bienestar de los catalanes.

Había instituciones europeas dispuestas a mediar, según la Generalitat.

No es posible ninguna mediación porque tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea están formados por estados soberanos y si los gobiernos de los países acatan la Constitución no hay ninguna posibilidad de que pueda intervenir ningún organismo internacional, la ONU tampoco. El asunto se tiene que resolver por las autoridades democráticas del Estado español y por las autoridades judiciales. No hay posibilidad de intervenir a un régimen democrático, que se rige por la Constitución y con unos tribunales en funcionamiento. Todo esto es una pura fantasía de unos señores iluminados que asesoran al presidente Puigdemont, pero que no tienen ni idea de lo que es la realidad internacional y el derecho internacional.

¿Si el Parlamento Europeo mediara sería una intromisión intolerable?

El Parlamento Europeo lo único que puede hacer es apoyar al Parlamento español en la aplicación del derecho constitucional español. No puede apoyar a un grupo de señores que se declaran independentistas un día por la mañana porque les da la gana, eso no es posible.

Usted atesora tres décadas de carrera política, 22 años en el Parlamento Europeo ¿atisba que algo está fallando en Europa?

No, está fallando en Cataluña con la ayuda inestimable del jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, que para acabar con el Gobierno de Rodríguez Zapatero atacó un magnífico Estatuto de Autonomía, aprobado por las Cortes y refrendado por el pueblo catalán. El tiempo ha pasado y no es cuestión ahora de crear una crisis constitucional española. Vamos a solucionar el problema catalán y luego ya el pueblo español tendrá que decidir quién será el jefe de su nuevo Gobierno.

El conflicto catalán podría ser la antesala de otros en Europa.

Al contrario, el tema de Cataluña ha servido de acicate para que muchos movimientos posiblemente secesionistas se echen para atrás porque han visto las consecuencias. La separación de una región supone un coste muy grande para los ciudadanos de esa región.

¿Qué recomendación lanza para Cataluña en su libro?

Advertí de que si Cataluña se separaba de España se quedaba fuera de la Unión Europea y de todo el sistema de protección de la UE, se quedaría fuera del euro y la economía catalana se hundiría. Para evitar esto todas las empresas se están yendo de Cataluña. Es una profecía que se ha cumplido. Yo lo dije en 2014, hace tres años. El problema es que lo sabían, pero no se lo creían. Los empresarios creían que la ley de independencia era una broma, pero es una cosa muy seria. Al darse cuenta de que era verdad, cuando vieron que el Gobierno catalán iba a declarar la independencia, empezaron a cambiar de domicilio todas las empresas catalanas y los ahorradores y los inversionistas catalanes. El señor que tenía su dinero ahorrado en una sucursal bancaria catalana lo ha trasladado a Madrid o a otro sitio.

¿Es incompatible un ultimátum con el diálogo?

Aquí no hay ultimátum posible. El Gobierno español ha requerido, de conformidad con la Constitución española, al Gobierno catalán para que aclare si declaró o no la independencia. Le están dando un margen de confianza para que explique qué es lo que quiere decir y el Gobierno catalán tiene que responder y decir qué es lo que hicieron realmente. Si declararon la independencia entonces el Gobierno español tiene que aplicar el artículo 155, cesar a Puigdemont y encargar a una persona que asuma el gobierno de la Generalitat.

¿Cómo dialogar cuando las dos partes no quieren ceder ni un milímetro?

Para que haya diálogo en un Estado constitucional y de derecho tiene que respetarse la Constitución, por tanto en este momento, el que tiene que acatar la Constitución es el Gobierno catalán, que ha violado la Carta Magna, por tanto ahí no hay posibilidad de diálogo ninguno. Se ha cometido un delito muy grave contra la integridad del Estado español, que tiene una sanción penal a través de los jueces, y una sanción constitucional, a través de la suspensión del Estatuto de Autonomía.

¿Urge convocar elecciones en Cataluña?

No creo que sea posible convocar elecciones ahora. Hay un ambiente demasiado enrarecido, hay demasiada hostilidad, hay falta de garantías. Hay que esperar un poco, tratar de negociar y, una vez que se haya restablecido el estado de derecho, ya veremos lo que se puede hacer. Habrá que ayudar a la economía catalana, porque va a tener un bajón impresionante. Ya por ejemplo la bajada del turismo es del 30%, los cruceros ya casi no tocan Barcelona y las empresas se están yendo. La primera tarea que vamos a tener que hacer es reconstruir la economía catalana y serenar al pueblo catalán y acabar con los ultras de la extrema derecha. Hay que meter en la cárcel a quienes se dedican a romper bares o pegar a los policías, sean independentistas o nacionalistas españoles.

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