La semana pasada dije que estábamos en estado de alarma. Ahora hemos llegado al de vértigo ante la alta probabilidad de que el Gobierno, con el apoyo de casi las tres cuartas partes del Parlamento, aplique el artículo 155 para recortar severamente las competencias de la Generalitat.

Hace ocho días estábamos pendientes de si Puigdemont, dopado por las largas colas en el referéndum, por la censura europea a la violencia policial del 1-O y por el éxito (relativo) del 'paro nacional' del martes 3 de octubre, declararía la independencia en el Parlamento, con el riesgo de que el Gobierno recurriera al 155 y suspendiera la autonomía. O si, por el contrario, usaría el freno tal como le pedía lo más influyente de la sociedad civil catalana (incluso sectores independentistas), lo que además podía facilitar una mediación internacional. En este caso el riesgo era la explosión de la mayoría separatista que le mantiene en el poder.

Al final hizo un poco de todo. En su discurso ante el Parlamento afirmó que los resultados del referéndum (90% a favor de la independencia, pero sólo un 43% de participación) eran inapelables y que los asumía. Pero a renglón seguido -y sin haberla declarado oficialmente- dijo que aplazaba la independencia y buscaba una mediación. Las CUP reaccionaron con mal humor (su organización juvenil Arran habló de traición) y para cerrar heridas los 72 diputados independentistas firmaron un papel que era una declaración de independencia. Seguramente sin valor jurídico.

El éxodo empresarial perjudica a Cataluña. Consternación en Madrid. Rajoy y Pedro Sánchez se vieron la misma noche y el presidente habló con Rivera. La reacción de Rajoy -calificada de templada por un dirigente socialista catalán- fue requerir a Puigdemont para que aclarara, antes del lunes 16 o máximo del jueves 19, si había habido declaración de independencia. Advirtiéndole que en caso positivo -o en ausencia de respuesta- se activaría de inmediato el artículo 155.

El 155 no es forzosamente el fin del mundo. Depende de cómo se aplique y el profesor Muñoz Machado ha escrito que hay que desdramatizarlo. Pero tiene graves riesgos. Rompería la normalidad constitucional, el Gobierno catalán perdería su poder fáctico y en Cataluña provocaría reacciones contrarias con posibilidad de huelgas y desórdenes públicos.

¿Qué quiere Rajoy? El texto del requerimiento es severo y duro. Pero muchos creen que Rajoy -un conservador biológico y un hombre que huye de los líos- preferiría no tener que aplicar el 155. ¿Cómo y quién gestiona una autonomía suspendida? ¿Qué conflictividad en la calle puede generar? ¿Cómo se vuelve a la normalidad y a qué normalidad?

En este contexto fue revelador el debate entre Rajoy y Aitor Esteban, el portavoz del PNV, en el Congreso el pasado miércoles. Esteban avisó de que una cosa era vencer a corto -con el riesgo de perder a largo- y otra encarar la solución del problema. Y añadió que no había habido declaración de independencia y que aplicar el 155 sería una catástrofe. Rajoy, que cuida al PNV (están pendientes los presupuestos), respondió que deseaba una contestación sensata de Puigdemont y deslizó la frase: "No hace falta que rectifique (Puigdemont), basta con que diga lo que aquí ha dicho el señor Esteban".

Esta actitud de Rajoy tiene el apoyo -y el condicionante- de Pedro Sánchez que abandera la reforma federal de la Constitución (que Rajoy ha acabado aceptando sin entusiasmo) para resolver, entre otras cosas, el encaje de Cataluña y que sabe que eso sería imposible con el 155 en vigor.

Rivera desborda a Rajoy. ¿por la derecha? Pero -se vio en el debate del miércoles- Rivera desea el 155 con el objetivo de aprovecharlo para desmontar el poder del nacionalismo. En una línea similar está Aznar y Pablo Iglesias ya avisó a Rajoy de que tuviera cuidado con el líder naranja que era el agente político de Aznar. Una exageración, pero hay sectores: Aznar, el propio Rivera y Pedro J. Ramírez, que en El Español ha bautizado la reacción de Rajoy de "requerimiento trampa" porque da a Puigdemont una vía de escape, que sí desean que se decrete un 155 "desacomplejado".

Pero la pelota no está en las manos de Rajoy, ni de Sánchez, ni de Rivera, sino de un Puigdemont sometido a muchas y muy diversas presiones. Desde el punto de vista del realismo no hay duda que Puigdemont debería contestar, sin traicionar a nada ni a nadie, que no ha habido declaración de independencia porque no hubo ni votación ni documento escrito definitivo en este sentido. Evitaría así la fractura social que se patentizó el domingo 8 en una gran manifestación contraria a la independencia de más de medio millón de personas, algo que no había nunca en Barcelona. Los gritos más coreados fueron: "No somos fachas, somos catalanes", "Yo soy español, español..." aunque también hubo "Yo soy español y catalán, español y catalán...", "Puigdemont a la prisión" y "Luego diréis que somos sólo cinco o seis".

También frenaría así el pánico económico de los últimos días. Tras las visitas alarmadas de clientes y depositantes a las oficinas, Caixabank y Banco de Sabadell decidieron trasladar sus sedes centrales fuera de Cataluña para asegurar que -pasara lo que pasara- continuarían bajo el paraguas protector del Banco Central Europeo. Y el miedo a la inseguridad jurídica ha hecho que más de una veintena de empresas, desde Gas Natural y Abertis hasta las aseguradoras Catalana Occidente y Axa así como editorial Planeta hayan seguido. Es algo muy dañino para la economía catalana y encararlo debería ser la prioridad de cualquier presidente de la Generalitat responsable.

Pero la decisión final no será de los ahorradores asustados ni de los empresarios alarmados sino de Puigdemont. Y el movimiento independentista está dividido. Las CUP y la ANC ya exigen que se ponga fin a la suspensión de la declaración de independencia. Quizás la trampa del requerimiento de Rajoy esté aquí y no en lo que sospecha Pedro J. Sea cual sea la respuesta de Puigdemont, el cisma acabará imponiéndose en el movimiento separatista.

Si Puigdemont se inclina por la sensatez, el movimiento se escindirá irremediablemente y con acusaciones de traición. Si por el contrario se mantiene firme en la indefinición, el cisma no se podrá evitar pero quizás sea menos ruidoso y espectacular. Y algunos sostienen que -con el artículo 155 en marcha- Puigdemont puede convocar elecciones -y ganarlas- con la bandera de la resistencia a la opresión de España.

El próximo sábado sabremos cómo se ha resuelto el requerimiento de Rajoy. Pero pase lo que pase, lo único seguro es qué a Cataluña, y a España, les esperan meses de tensión. Malo para la economía. Malo para todos.